– Concluido el Mundial de Fútbol, que hubiera restado visibilidad a su protesta, reclusos de siete de las 30 cárceles de Venezuela iniciaron una huelga de hambre el lunes, y al anochecer de este martes ayunaban 6.000 presos en 11 penales.
El movimiento demanda que cese la aplicación de una norma que impide beneficios procesales para reclusos reincidentes, una reforma legal que amplíe la posibilidad de salir a trabajar extramuros, además de sempiternas peticiones de los reclusos sobre hacinamiento, condiciones de salud, alimentación, deporte, trabajo y, sobre todo, demoras en los procesos.
"El retardo procesal es una realidad de hace muchos años en Venezuela. Las personas presas son unas 19.000 y de ese total más de 50 por ciento tiene retardo procesal, lo que habla en sí mismo del problema", dijo el ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón.
Hasta ahora, el movimiento huelguista ha sido pacífico "y esperamos que los presos, cuyas demandas por agilidad procesal acompañamos, mantengan esa actitud y no pasen por ejemplo a las llamadas huelgas de sangre (cortaduras en brazos y tórax)", dijo a IPS el sacerdote católico Pedro Moreno, capellán general de prisiones.
El carácter pacífico fue subrayado por el marco violento de las cárceles venezolanas, donde grupos de presos se proveen de armas blancas, pistolas, revólveres y aun granadas y en donde ha campeado la inseguridad.
El promedio histórico se acerca a un muerto por día, y las cifras de los últimos años son 277 fallecidos en 2004 por la violencia carcelaria, 408 en 2005 y 150 en los 196 días de 2006, según la organización humanitaria Observatorio Venezolano de Prisiones.
"Los presos realizan esta acción de modo pacífico, y algunos de sus activistas nos han pedido que hagamos vocería de sus demandas, para no figurar ellos por temor a que cuando cese el movimiento sean trasladados a otros penales", señaló a IPS Humberto Prado, director del Observatorio.
Un documento con sus demandas fue entregado al Ministerio del Interior —cuyo viceministro Yuri Pimentel inició negociaciones con cabecillas del movimiento—, al Tribunal Supremo de Justicia y a la Asamblea Nacional (parlamento).
Los internos demandan que cese la aplicación de artículos del Código Procesal Penal según los cuales los reincidentes no pueden aspirar a ventajas como un régimen de trabajo penitenciario extramuros u obtener libertad condicional cumplida una parte de la pena si han observado buena conducta, entre otras exigencias.
Las evaluaciones psico-sociales para acceder a ese requisito de conducta se demoran sobremanera, según los presos. También exigen que los jueces cumplan la norma según la cual las personas con dos años como procesadas sin sentencia deben salir en libertad.
Chacón dijo que ha tomado las medidas que le competen contra el retardo procesal "como dotar a todas las prisiones con vehículos para los traslados" de presos hacia los tribunales, pero se trata de una materia que incumbe a otro poderes, como el Judicial y el Ciudadano, integrado éste por la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.
Pimentel dijo tras un recorrido por las cárceles que "parece que hay razones de fondo y que efectivamente (los reclusos) están en lo correcto". "Esperamos solamente que no se produzcan situaciones de violencia. Hasta ahora las acciones se han desarrollado de modo tranquilo", agregó. El presidente del Tribunal Supremo, Omar Mora, dijo que "en materia penal la justicia venezolana cumple con estándares internacionales, pues los casos se resuelven en primera y segunda instancia entre uno y dos años".
Prado insistió en que "todos ellos, instituciones del Estado, tienen la responsabilidad de salvaguardar la vida, la integridad y demás derechos humanos de la población reclusa, y de atender sus requerimientos contra el hacinamiento, por oportunidades de trabajo, de estudio y de deporte, y porque sean profesionales sus custodios".
Moreno destacó que "todas esas reivindicaciones son de años, tienen mucho tiempo repitiéndose. Lo nuevo es que los presos se están uniendo para plantear esas reivindicaciones en conjunto y al margen de motines o hechos de violencia".
El año pasado, reclusos y sus familiares intentaron otra modalidad de lucha, consistente en el auto secuestro masivo de decenas, a veces de centenares, de parientes de los detenidos, niños incluidos, durante varios días tras la jornada semanal de visita.
La violencia fatídica dentro de las cárceles corresponde sobre todo a cobros de cuentas y lucha por controlar espacios por parte de grupos de presos, una situación que se incrementa cuando se producen traslados masivos de una prisión a otra.
Pero también han ocurrido masacres a manos de guardias inescrupulosos, a veces con reclusos quemados vivos dentro de las celdas: en 14 años 180 internos perecieron calcinados dentro de cárceles venezolanas, según entidades de derechos humanos.
