Campesinos y activistas de Venezuela exigieron que se investigue si la masacre de ocho personas en el suroeste del país, atribuida a un solo soldado, fue en realidad obra de un comando militar en el marco de la lucha contra irregulares colombianos.
El 21 de este mes fueron hallados los cadáveres baleados y quemados de tres mujeres, tres hombres y dos niños en la hacienda Ady, en los alrededores de La Victoria, poblado ubicado a orillas del río Arauca, que marca parte de la frontera de Venezuela con Colombia, a unos 700 kilómetros al suroeste de Caracas.
Las víctimas eran Jennifer Chacón, esposa de Kenny Cáceres, dueño de la hacienda, su amiga Jenny Pabón, el capataz Pedro Morales, su esposa María Lizarazo y sus hijos Jhon y Andrés, y los obreros Edwin Díaz y Ovidio Lizarazo. Los Morales-Lizarazo eran inmigrantes colombianos.
De acuerdo con la investigación policial, el soldado Luis Yeferson Lira Rodríguez, de 20 años de edad, se presentó en la casa, asesinó a esas personas con su fusil y luego quemó los cadáveres. Una niña que logró ocultarse y sobrevivió al ataque se convirtió en la principal testigo, que identificó al imputado.
"Desconocemos el móvil. El soldado dio negativo en los exámenes sobre drogas y no presenta ninguna patología: loco, no está", dijo a periodistas el viernes el ministro del Interior y Justicia, Jesse Chacón..
En La Victoria, unas 400 personas asistieron a una misa por las víctimas, protestaron por la masacre y exigieron una investigación completa.
"Los campesinos de esta región, el Alto Apure, siempre hemos sufrido el rigor de los militares, porque con la excusa de perseguir guerrilleros se atropella al trabajador del campo", dijo Domingo Santana, del Movimiento Campesino Altoapureño.
Por su parte, la organización humanitaria Provea reclamó "una investigación transparente, que establezca si participaron otros efectivos militares, porque no es la primera vez que miembros del Teatro de Operaciones Uno (TO1, que actúa en el suroeste) están involucrados en presuntas violaciones a los derechos humanos en la región".
Como ejemplo, Provea recordó que, en abril de 2005, el Frente Campesino Ezequiel Zamora denunció que cinco agricultores fueron detenidos por efectivos del TO1, quienes los acusaron de rebelión, mataron a uno e hirieron a dos.
Chacón y el ministro de Defensa, Raúl Baduel, criticaron que algunos periódicos manejaran como cierta la versión dada por Lira Rodríguez en su descargo, según la cual dos tenientes ordenaron a 10 soldados asesinar a los ocupantes de la hacienda Ady por ser presuntos colaboradores de la guerrilla colombiana.
"Al principio, a mí también me pareció poco menos que imposible que este soldado actuara solo", dijo Chacón, "pero hasta ahora no existe ninguna evidencia, ningún indicio con valor criminalístico, que indique que el soldado actuó acompañado".
"Es típico, cuando alguien se ve involucrado en un hecho de esta naturaleza, que arroje responsabilidad sobre otras personas", dijo por su parte Baduel, "pero debemos ser cuidadosos de no afectar a la institución con la versión del único imputado", agregó.
Baduel, artífice del operativo que devolvió la Presidencia a Hugo Chávez 48 horas después del golpe del 11 de abril de 2002, ratificó "el compromiso de la Fuerza Armada Nacional para que se esclarezcan todos estos hechos", e indicó que puso a disposición del Ministerio Público a 30 efectivos relacionados con la unidad de Lira Rodríguez.
El coordinador general de Provea, Marino Alvarado, dijo a IPS que existen testimonios de campesinos que dicen haber visto el 20 de este mes a grupos militares desplazándose hacia la hacienda Ady.
Según Alvarado, "hay un evidente escaso interés oficial por las declaraciones del soldado imputado, quien primero se atribuyó la masacre pero luego dijo que para esa primera declaración le ofrecieron dinero y le aseguraron que estaría preso por poco tiempo, pero luego decidió informar sobre las órdenes que habría recibido".
El activista indicó que la niña testigo dijo que un soldado le sugirió que se escondiera, pero no era Lira Rodríguez, "lo que indicaría que el presunto autor de la masacre no actuó solo, tesis reforzada por el conjunto de los elementos disponibles".
"El Ejército al principio quería hacer ver que nuestros parientes eran guerrilleros, pero el soldado que se declaró culpable dijo que actuó todo el pelotón. Amarrarlos, dispararles, buscar gasolina y quemarlos es como mucho, muy extraño que lo haya hecho una sola persona", dijo a una radio colombiana Arquímedes Naranjo, familiar de los asesinados.
En el suroeste de Venezuela incursionan grupos irregulares colombianos, tanto paramilitares de derecha como guerrilleros de izquierda, además de bandas de narcotraficantes, abigeos y secuestradores, frente a los cuales el Estado ha erigido "teatros de operaciones" con sujeción de autoridades civiles a las militares.
