Cientos de mujeres y hombres, familiares de presos en dos cárceles de Venezuela, cumplieron este miércoles su cuarta jornada de «autosecuestro», al permanecer entre los muros de esas prisiones para apoyar reclamos de los detenidos.
Los 19.000 presos en 30 cárceles de Venezuela vienen de ganar una batalla en la segunda semana de julio, cuando unos 7.000 de ellos realizaron en 15 prisiones un ayuno pacífico y lograron el compromiso de reformas al régimen penitenciario de parte de las autoridades.
En las cárceles de Uribana, en el centro-oeste del país a unos 300 kilómetros de Caracas, y Vista Hermosa, 500 kilómetros al sureste de la capital, 220 y 120 familiares, respectivamente, permanecieron dentro de los penales al concluir la visita dominical.
Los familiares "mantendrán la huelga hasta que se instale una mesa técnica" que resuelva "el retardo procesal" y "se autorice la visita de nuestros hijos, niños o adolescentes" a los presos, indicaron a IPS parientes de los reclusos de Vista Hermosa.
Entre quienes protestan está Oswaldo Martínez, acusado por la policía de liderar una "megabanda" que realizó robos espectaculares a transportes de valores en el decenio pasado.
Martínez lleva nueve años preso en carácter de procesado, según dijo, "cuando según el Código procesal Penal no se puede estar más de dos años preso sin sentencia".
En Uribana, señaló un portavoz de los ocupantes, el movimiento de autosecuestro demanda que "cesen los traslados arbitrarios y sean devueltos los trasladados" a otras prisiones la semana precedente, los hermanos Jhon y Jhonatan Mora y otro conocido sólo como Joan.
La nueva protesta exhibe varios de los dramas que aquejan a la población carcelaria de Venezuela, junto con la violencia producto del hacinamiento y la introducción de armas y drogas, que se cobran vidas casi a diario.
Humberto Prado, del no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones, dijo a IPS que las protestas en las cárceles "evidencian desesperación ante la lentitud para que las soluciones lleguen a los presos, que siguen muriendo día tras día sin que las autoridades protejan sus vidas".
El último fin de semana pereció decapitado un preso en la cárcel El Rodeo, 30 kilómetros al este de Caracas, y otro murió en Tocorón, 60 kilómetros al oeste, víctima de una granada que además hirió a otros reclusos. No se han reportado víctimas durante el autosecuestro en Uribana y Vista Hermosa.
Más de 150 detenidos han muerto en las cárceles venezolanas desde enero. El año pasado perecieron 400 y en 2004 casi 300, "mientras que en Colombia, con 80.000 detenidos, apenas murieron 15 presos en un año", según Prado.
Con respecto al retardo, aproximadamente la mitad de los detenidos son procesados sin sentencia, y ésa fue una de las razones por la que los presos ayunaron hace dos semanas.
"Se trata de una realidad de hace muchos años en Venezuela. Las personas presas son unas 19.000", de las cuales "más de 50 por ciento tiene retardo procesal, lo que habla en sí mismo del problema", dijo entonces el ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón.
Chacón tejió un acuerdo de autoridades del gobierno, del parlamento y del Poder Judicial para agilizar la aplicación de beneficios procesales a los presos, como poder trabajar extramuros y pernoctar en la cárcel u obtener libertad provisional cumplida una parte de la pena y bajo ciertas condiciones.
También convinieron, con la intervención de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, agilizar los procesos incluso con el traslado de tribunales a las propias cárceles.
Pero los detenidos en Vista Hermosa decidieron retomar la protesta apelando a sus familiares, para urgir por los beneficios de una posible libertad condicional.
En Uribana, en cambio, el motivo principal de la protesta es el traslado de reclusos señalados por sus custodios como cabecillas de grupos que controlan los pabellones.
Los traslados fueron decididos por las autoridades en un intento por frenar la violencia que emanaba del área de máxima seguridad de Uribana, pero los presos resienten esos movimientos porque se consideran desprotegidos en sus lugares de destino.
Los presos reprodujeron un exitoso movimiento de mayo de 2005, cuando en la cárcel La Pica, 500 kilómetros al este de Caracas, unos 200 familiares, entre ellos 60 niños, niñas y adolescentes, fueron retenidos por los 600 detenidos varones y 40 mujeres.
Al cabo de días de negociaciones, los presos consiguieron que las autoridades revisaran 60 casos de detenidos con derecho a beneficios y quedaron en régimen de libertad condicional.
Pero este miércoles el viceministro de Interior y Justicia, Yuri Pimentel, anunció que el gobierno se niega a ceder "ante el chantaje que se pretende aplicar desde Uribana y Vista Hermosa. No negociamos con autosecuestrados".
"Los argumentos que utilizan nos parecen poco sustentados y el método que utilizan es totalmente negativo", dijo Pimentel, por lo que las autoridades "no lo aceptamos, no vamos a aceptar estas actitudes y no hay ninguna negociación posible bajo un mecanismo delictivo como el que han adoptado".
"Este es un mensaje también para los familiares", recalcó el viceministro.
