Con el consecuente temor de la población, se extienden por México las andanzas del grupo de sicarios Los Zetas, conformado por ex integrantes de un cuerpo de elite militar y al que las autoridades policiales le atribuyen asesinatos y macabras expresiones de venganza difíciles de combatir.
La policía de la ciudad de México está en alerta máxima a partir de que fuera puesto en una cárcel federal en este distrito un miembro de Los Zetas, el grupo de asesinos a sueldo al servicio del cartel del Golfo, en cuyo fallido rescate en el sudeste del país se usaron bazukas, ametralladoras y rifles de asalto, y resultaron muertos dos efectivos de seguridad.
La Procuraduría General de la República (PGR, la fiscalía nacional) asegura que estos sicarios provienen de una célula de militares que desertaron del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes), el cuerpo mejor preparado para el combate de las Fuerzas Armadas de México.
Ante el temor de un nuevo intento de rescate, el secretario de Seguridad Pública de la capital mexicana, Joel Ortega, reconoció que el poder de fuego de Los Zetas es muy superior al de la policía local, que sólo cuenta con chalecos blindados y pistolas calibre 9 milímetros.
Ortega alertó que el riesgo mayor es que este tipo de delincuentes atrae a la ciudad de México a narcotraficantes, quienes han demostrado estar dispuestos a enfrentar a militares y a los agentes federales para liberar así sea a uno solo de sus compañeros.
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El sicario Mateo Díaz López, alias "comandante Mateo" e identificado por la policía como uno de los líderes de Los Zetas, fue detenido junto a Darwin Bermúdez Zamora el 15 de este mes en Cunduacán, en el sudoriental estado de Tabasco, por protagonizar disturbios en un bar y transportar en su vehículo armas de calibres sólo permitidos para las Fuerzas Armadas.
Díaz López es uno de los 31 nombres que aparecen en un cartel distribuido en todo el país por la PGR, que los señala como los más peligrosos de la organización de narcotraficantes que dirigió Osiel Cárdenas Guillén hasta su detención. Precisamente, las autoridades entienden que ha quedado vacante la jefatura del cartel del Golfo y eso ha provocado una guerra interna.
Según la PGR, todos ellos son "peligrosos narcotraficantes, homicidas, secuestradores y ladrones de automóviles", por los cuales se ofrece recompensa a quienes proporcionen datos que permitan su captura.
Mientras permanecían detenidos en una sede de la agencia del Ministerio Público de Cunduacán, Díaz López y Bermúdez hicieron una llamada telefónica, como es el derecho de todo arrestado en México. Pero, lejos de pedir el apoyo de un abogado o de algún familiar, se comunicaron con el grupo de sicarios para que los rescataran a como diera lugar.
Según el reporte policial, pocas horas después de esa llamada llegaron al lugar de detención unos 15 hombres uniformados de negro y con armas de grueso calibre, que desde el exterior hicieron disparos con bazuka, asesinaron a dos policías e incendiaron varios vehículos.
A pesar del armamento utilizado, los atacantes fueron repelidos en dos ocasiones por los policías municipales y federales, quienes luego recibieron el apoyo de militares para resguardar la zona.
Tras esos violentos intentos de rescate y sin saber que uno de los detenidos era uno de los líderes de Los Zetas, la PGR y el ejército los trasladaron a un centro de detención federal preventivo ubicado en la ciudad de México mientras se inicia su proceso penal.
La presencia de Los Zetas se había hecho evidente ya el año pasado, principalmente en los noroccidentales estados de Sinaloa y Baja California, donde se venían registrando fuertes enfrentamientos entre narcotraficantes por el control de la venta de drogas al menudeo.
Sin embargo, el grupo de sicarios ya operaba en los últimos meses en el centro turístico internacional de Acapulco, en el estado de Guerrero, en el vecino de Michoacán y ahora en Tabasco, todos en el sur del país.
Los gobiernos de Guerrero y de Tabasco han hecho un llamado urgente a las autoridades federales para que les brinden apoyo para hacer frente a esta organización, a la que se le atribuyen en Acapulco el asesinato y decapitación de policías con los cuales se enfrentaron en enero pasado.
En lo que va de este año se han registrado en Acapulco al menos 50 asesinatos, que se suponen son perpetrados en venganza de parte del narcotráfico. Cuatro de las víctimas fueron decapitadas.
Los últimos casos de violencia en esta ciudad balnearia, que atrae a miles de turistas de todo el mundo, fueron el secuestro y asesinato de dos militares, lo cual motivó que el alcalde Félix Salgado, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, convocara a una marcha por la paz el fin de semana pasado. "Lo que sucede en Acapulco no es sólo cuestión de quienes viven en ese sitio, es algo que nos interesa y afecta a todos, no podemos permitir que esta violencia continúe y se vuelva algo normal. No perdamos la sensibilidad", señaló a IPS la presidenta nacional de la organización civil México Unido contra la Delincuencia, María Elena Morera.
La activista también señaló que esta violencia en parte se debe a que algunos policías se han involucrado en el crimen organizado y a que los carteles de la droga están fracturados y ahora pelean cada espacio para vender estupefacientes.
Morera hizo un llamado a la sociedad civil para que se mantenga a la expectativa ante estos hechos y la convocó a denunciar a policías corruptos y centros de distribución de droga. "Nosotros damos seguimiento a estas denuncias, no abandonamos a la población que se arma de valor para luchar contra estos delitos", apuntó.
En junio de 2005 y ante una intensa oleada de asesinatos en todo el país, el gobierno conservador de Vicente Fox puso en marcha el programa nacional México Seguro, que consiste en intensificar los patrullajes del ejército en las principales ciudades del país donde hay presencia del narcotráfico.
Sin embargo, este programa ahora se aplica sólo ante la petición de las autoridades locales, como ya lo hizo la semana pasada el gobierno de Guerrero.
Uno de los principales problemas al que se enfrentan las autoridades son los nexos que establecen algunos policías con el narcotráfico, como es el caso descubierto en los últimos días de una veintena de agentes de la alcaldía de Apatzingan, en el estado de Michoacán.
En esa localidad se registró un enfrentamiento armado el 6 de este mes en el que murieron dos integrantes de Los Zetas, hecho que dejó al descubierto la complicidad del jefe policial Gabriel Torres y de nueve de sus colaboradores, todos ellos actualmente prófugos.
Mientras se desarrollan las investigaciones, una veintena de agentes municipales fueron arrestados y trasladados a la ciudad de México, que sigue siendo el punto de concentración de delincuentes peligrosos.
