Musulmanes y no musulmanes esperan ansiosos el veredicto de la Corte Federal de Malasia sobre uno de los asuntos más polémicos que le ha tocado examinar: si la Constitución secular del país, que garantiza la libertad de culto, permite a los malayos renunciar al Islam.
El caso, cuyas audiencias concluyeron este mes, es simple en apariencia. Azalina Jailani, una mujer musulmana, se convirtió al cristianismo en 1998 y cambió su nombre a Lina Joy. Pero el departamento nacional de identificación, que emite los documentos de identidad obligatorios para todos los malasios mayores de 12 años, se negó a eliminar la palabra "Islam" de su cédula.
El departamento demandó a Lina obtener primero un certificado del Tribunal de la Shariá (ley islámica) atestiguando que era una apóstata.
Pero el Tribunal de la Shariá se negó, y ahora este caso enfrenta a los musulmanes, que constituyen 60 por ciento de los 26 millones de habitantes del país, con los no musulmanes, que componen el resto de la población y son mayormente hindúes, sijs, cristianos y budistas.
Conversos como Lina viven atemorizados porque el castigo a los apóstatas incluye la "rehabilitación" forzada, despidos y encarcelamiento. El mandamiento coránico de "muerte y condena" para los musulmanes que ayudan a otros a renunciar al Islam es tomado seriamente, incluso por los funcionarios.
Según algunas estimaciones, hay en este país por lo menos 15.000 malayos musulmanes que se convirtieron al cristianismo. La mayoría de ellos son estudiantes que cambiaron de fe mientras estudiaban en el exterior o, como Lina, se casaron con personas de otras religiones y quieren que el Estado reconozca ese cambio para ellos y sus familias.
Los abogados de Lina alegaron que no existía disposición legal para que el departamento de identificación o el Tribunal de la Shariá reclamaran o emitieran tal certificado.
Lina recorre sedes judiciales desde 1998 para obtener un resarcimiento luego que un tribunal de primera instancia falló que, "como malaya, ella existe bajo los principios del Islam hasta su muerte". Y ahora el caso está en manos del máximo tribunal, que ha postergado la sentencia.
Lina apeló la decisión argumentando que violaba la garantía constitucional de libertad religiosa en Malasia.
Una de las muchas complicaciones del caso es que la Constitución define como "malayos", la etnia mayoritaria en este país, a aquellos ciudadanos que profesan el Islam, hablan el idioma nacional y practican la cultura malaya.
Constitucionalmente, por lo tanto, cuando los malayos abjuran del Islam dejan de ser malayos y pueden tener que renunciar a privilegios que se les otorgan bajo la forma de políticas de acción afirmativa.
Los no musulmanes ven este caso como crucial. Si el máximo tribunal ordena que el departamento nacional identificación elimine la palabra "Islam", el dictamen sería tomado como una afirmación de la supremacía de la Constitución secular sobre la religión.
Eso significaría que el máximo tribunal ratifica como sacrosantos todos los derechos civiles establecidos en la Constitución, especialmente en el artículo 11, que garantiza la libertad de culto.
Muchos musulmanes moderados coinciden con la mayoría de los no musulmanes en que la Constitución es la ley suprema.
Sin embargo, los musulmanes ortodoxos, en especial los poderosos ulemas (doctores de la ley islámica), discrepan, alegando que el Corán es supremo y que debe prevalecer sobre la Constitución secular.
Una victoria, creen, avalará el argumento de que Malasia es un Estado islámico y que el gobierno debe dar preferencia al Islam y a sus principios por sobre las leyes "hechas por el hombre".
Este caso es importante porque el fallo del tribunal supremo es vinculante para todos los que le siguen en jerarquía. El dictamen sentaría jurisprudencia y ayudaría a resolver varias sentencias conflictivas en primera instancia en torno a si los tribunales civiles tienen jurisdicción para decidir sobre asuntos concernientes al Islam.
Los tribunales de primera instancia se han negado repetidas veces a tocar cualquier cuestión que involucre aunque sea remotamente al Islam, incluso si los litigantes no son musulmanes.
En 2001, uno de estos tribunales había fallado que Lina Joy, de 42 años, no podía renunciar al Islam, y que el Tribunal de la Shariá tenía jurisdicción sobre ella.
Los clérigos dicen que el Corán demanda la muerte para los apóstatas y, por lo tanto, ningún tribunal islámico otorgará un permiso para que Lina cambie de religión.
Nadie sabe realmente cuántos apostatas hay en el país, pero un alto clérigo musulmán estima la cifra en 250.000, mientras aboga por una acción severa para detener este fenómeno. Esto puede ser una exageración.
Los apóstatas viven en secreto y siempre temen ser descubiertos y castigados, como le ocurrió a Aishah (nombre ficticio), de 27 años. "Fui despedida y obligada a abjurar (de mi religión) y remitida a un centro de rehabilitación el año pasado", dijo Aishah a IPS. "Soy cristiana y lo sigo siendo en el corazón, aunque a veces finjo ser musulmana".
El severo castigo que reciben los apóstatas hace difícil ver a Malasia como uno de los países musulmanes más modernos del mundo. El alcohol y el juego son de fácil acceso, aunque solamente para los no musulmanes. Bares sórdidos, mujeres escasamente vestidas y una atmósfera relajada se suman a un liberal ambiente occidental.
Pero cada vez más, la ley islámica es usada para castigar a los musulmanes por "delitos" tales como consumir alcohol, participar en juegos de azar o darse la mano. Las parejas que no están casadas y son halladas juntas en automóviles o cuartos de hotel pueden ser acusadas por "khalwat" o proximidad estrecha. A menudo son multadas con casi 550 dólares.
La supremacía del Islam tiene preocupados a muchos malasios. "Los fundadores de este país querían que fuera un Estado secular. Tiene una Constitución secular y el pueblo goza de ciertos derechos seculares fundamentales, como la libertad de religión", dijo el abogado especialista en derechos civiles Haris Mohamed Ibrahim, quien también es musulmán.
"Pero esas bases están siendo erosionadas y atacadas", dijo a IPS. "La apostasía no es nueva, pero ahora está en el tapete a causa de la creciente islamización de este país secular".
Algunas organizaciones, incluyendo al opositor Partido Islámico de Malasia (PAS), quieren que la apostasía sea punible con la muerte, y observan el veredicto sobre el caso de Lina Joy como un camino en ese sentido.
La shariá ahora se aplica a los musulmanes de todo el país, con variaciones de estado a estado. Los activistas se preocupan por el amplio alcance de los tribunales islámicos a expensas de la justicia civil.
"Hay gran preocupación ahora que el Islam está ganando tal poder como para afectar nuestros derechos personales. Deberíamos haber gritado indignados antes", dijo un destacado abogado musulmán que se negó a ser identificado.
"Ahora es demasiado tarde. Estamos deslizándonos por el sendero del fundamentalismo; no se puede parar", dijo a IPS. Son "flojos" los intentos de activistas por los derechos humanos y de liberales musulmanes para garantizar la Constitución secular y frenar la creciente intromisión del Islam en las vidas privadas.
A ambos lados de la brecha se aguarda con ansiedad el fallo que puede dar credenciales a sus puntos de vista, aunque el dictamen no impida que el debate continúe.
