Apenas dos semanas después del referéndum del 2 de julio sobre la descentralización política y administrativa en Bolivia, que dio al oriental departamento de Santa Cruz 71 por ciento de respaldo a la autonomía, la tensión, disputas violentas y toma de tierras enrarecen el ambiente de esta ciudad.
Una abierta discrepancia entre el gobierno central y el departamento oriental se ha instalado, mientras la Corte Nacional Electoral anunció oficialmente que el voto por la autonomía se impuso en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, ubicados en el oriente y sur del país.
Cinco departamentos dijeron "No" a la autonomía, en atención al llamado hecho por el presidente Evo Morales, quien lideró el voto negativo, bajo el argumento de que las autonomías responden a intereses oligárquicos de influyentes empresarios de Santa Cruz, a los cuales acusa de buscar la división del país.
La ciudadanía eligió simultáneamente a 255 asambleístas constituyentes que sesionarán en la capital, Sucre, —desde el 6 de agosto y por un plazo no menor a seis meses ni mayor a un año—, y expresó su opinión sobre la independencia administrativa y económica de los nueve departamentos del país.
El partido de gobierno, el izquierdista Movimiento al Socialismo, obtuvo el primer lugar de las preferencias de la elección de constituyentes, con un 50,7 por ciento frente a otros partidos y agrupaciones ciudadanas, lo que le otorga el derecho a 137 escaños en la Asamblea Constituyente.
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"Los cuatro departamentos se pronunciaron por un 'Sí' a la autonomía, pero ello no implica un rechazo al presidente Morales", explicó a IPS el ex ministro de Participación Popular e intelectual cruceño Roberto Barbery.
Santa Cruz, donde nació el movimiento autonomista, ve por fin la oportunidad para hacer ejercicio de una independencia económica que le permitirá administrar sus recursos financieros y elegir a sus autoridades departamentales. Este departamento exporta anualmente unos 700 de los 2.200 millones de dólares de las ventas nacionales de manufacturas y materias primas.
En Santa Cruz de la Sierra, la capital, el verde y blanco de la bandera departamental ondea en edificios públicos y automóviles y cuelga desde lo alto del palacio cultural del municipio, cubriendo 30 metros cuadrados de la fachada.
Más llamativas aun son las inscripciones alusivas a los resultados del referéndum que despliegan algunos comercios, como aquella que reza: "Estudio fotográfico digital autonómico".
Sin embargo, la euforia autonómica no es compartida por todos los residentes de la capital cruceña, como el taxista Pedro Guzmán que atribuye el movimiento a "unos pocos que hacen negocios, hacen fiestas fastuosas y movilizan gente porque tienen dinero".
Al día siguiente del referéndum sobre las autonomías departamentales, un grupo de sindicalistas apoyados por la denominada "Unión Juvenil Cruceñista" (de la organización cívica regional) intentó tomar por la fuerza la sede de la Central Obrera Departamental, que estaba ocupada por el dirigente Lucio Vedia, un militante del partido de gobierno.
La actitud pasiva de la policía frente a los hechos de violencia redundó en el cambio del comandante departamental, coronel Wilfredo Torrico, medida que contó con el visto bueno del presidente Morales. Esto a su vez desató la protesta de la organización cívica, que calificó la medida como "centralista".
"El gobierno comete errores que generan tensión y exasperan a la opinión pública que se pronuncia por el Sí", expresó Barbery.
El intelectual, que fue estrecho colaborador del ex presidente Carlos Mesa (2003-2005), responsabiliza al gobierno de hallar una interpretación diferente a la que está consignada en la pregunta del referéndum y la ley de convocatoria a la consulta popular.
"La consulta del referéndum es departamental y no es nacional. Cuando se vota por el Sí en Santa Cruz, esa respuesta no es válida para el resto del país y sólo se circunscribe al departamento", enfatiza Barbery.
El referéndum consultó a la ciudadanía sobre "¿Está usted de acuerdo en el marco de la unidad nacional, de dar a la Asamblea Constituyente el mandato vinculante para establecer un régimen de autonomía departamental, aplicable inmediatamente después de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado en los departamentos donde este referéndum tenga mayoría, de manera que las autoridades sean elegidas directamente por los ciudadanos y reciban del Estado Nacional competencias ejecutivas y los recursos económico-financieros que les asigne la nueva Constitución Política del Estado y las Leyes?"
Los ánimos se exaltaron aun más en la capital oriental tras la decisión presidencial de ordenar la custodia de algunas oficinas públicas con soldados del ejército, aunque el propio Morales explicó que la medida fue adoptada atendiendo el pedido de los dirigentes cívicos cruceños.
El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, que tiene su sede en la capital cruceña, Gary Rodríguez, se quejó por la ausencia del Estado en la preservación de la propiedad, reclamo que se produjo al día siguiente de la toma de un campamento forestal en la región de Choré, a unos 350 kilómetros al noroeste de esta ciudad.
"Hoy se avasallan predios en oriente y occidente. Más que una efervescencia popular, tiene que ver con el cumplimiento de las leyes, el respeto a las libertades individuales y con una caducidad de un Estado que debe cambiar para vivir pacíficamente", comentó Rodríguez a IPS.
Integrantes de ocho organizaciones denominadas Centrales de Tierra y Territorio desalojaron a los administradores de un predio forestal de 83.463 hectáreas, con el argumento de que pertenecía a áreas fiscales que el gobierno prometió entregar a campesinos sin tierra.
En defensa de los propietarios, el gerente de la Cámara Forestal de Bolivia, Arturo Bowles, exigió al gobierno el desalojo de "los invasores" y pidió el respeto a la concesión entregada por el Estado a un particular para la explotación de los recursos maderables existentes en la región.
"Hay un recrudecimiento de las incursiones y osadía al declarar ilegales a las concesiones entregadas por el gobierno", expresó Bowles a IPS. Según la Cámara Nacional Forestal, el predio ocupado fue obtenido en concesión por un empresario privado previa gestión ante el gobierno central de La Paz, para fines de explotación maderera.
El gobierno de Morales prometió el 16 de mayo la entrega de dos millones de hectáreas de predios fiscales a campesinos sin tierra, anuncio que llegó simultáneamente con la oleada de toma de propiedades agrarias por gente que se declara en estado de pobreza y desempleo.
Ante los rumores sobre un posible cierre de las fronteras departamentales y otras restricciones a los no cruceños, el Comité Cívico Pro Santa Cruz publicó un remitido en los periódicos para desmentir un supuesto interés de despojo de tierras, casas, espacios comerciales y permisos de conducir a los inmigrantes internos y a los extranjeros.
Durante los últimos 20 años, la migración de humildes ciudadanos de la zona andina hacia el oriente boliviano se incrementó dramáticamente, motivada sobre todo por la búsqueda de trabajo agrícola temporal.
El remitido expresa su respaldo a "los que votaron por el Sí y el No por las autonomías, con los mismos derechos, obligaciones, respetando sus costumbres, tradiciones y cultura que enriquecen la nuestra".
