PERÚ: Mujeres forzadas a esterilizarse ganan voz en el Congreso

El diputado electo y ex ministro de Salud del régimen peruano de Alberto Fujimori (1990-2000), Alejandro Aguinaga, tendrá que compartir desde el 28 de este mes el recinto legislativo con la dirigente campesina Hilaria Supa Huamán, quien lo denunció por promover la esterilización forzada de cientos de miles de mujeres.

Supa, que ocupará un escaño de Unión por el Perú —el partido que apoyó al candidato presidencial nacionalista Ollanta Humala—, denunció legalmente a Aguinaga, electo por la fujimorista Alianza por el Futuro, por impulsar un programa de esterilización forzada que privó del derecho a ser madres a 363.000 mujeres peruanas.

Hoy el caso está en manos del fiscal especializado en derechos humanos Héctor Villar. Fuentes de su despacho aseguraron a IPS que el magistrado se encuentra precisando las responsabilidades de las ex autoridades sanitarias para formular la acusación.

Cuando Supa efectuó la denuncia, durante el gobierno de Fujimori, no imaginó que su liderazgo por defender los derechos de las mujeres de Cusco, sur del país, fuera a llevarla tan lejos. Hoy, esta madre, indígena, pobre y que se comunica en quechua, comparte la misma posición de congresista que Aguinaga.

Entre 1996 y 2000, con el objetivo de reducir drásticamente la tasa de natalidad en las zonas más empobrecidas, Fujimori ejecutó el programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV). Las brigadas de médicos encargados del AQV llegaron a todos los rincones del país, entre ellos a la sureña población cusqueña de Anta, donde está ubicada la comunidad campesina de Ollacocha, de la que es originaria Supa.

Después de las intervenciones quirúrgicas, seis vecinas de Supa presentaron terribles dolores como secuela de la ligadura de trompas. Supa recogió esos testimonios y los de otras mujeres que también se habían sometido a la AQV en comunidades aledañas, a través de los cuales comprobó que en la provincia de Anta, los equipos del Ministerio de Salud captaban a las campesinas con falsas promesas o mediante el miedo.

Las vecinas de Supa la eligieron secretaria general de la Federación de Mujeres de Anta, organización que lanzó una campaña contra las esterilizaciones forzadas en toda la región del Cusco. En 1999, Supa viajó a Lima para entrevistarse con el entonces ministro de Salud, Alejandro Aguinaga.

"Nos recibió, pero negó todo. Dijo que el programa era un beneficio para los más pobres. Le llevamos testimonios, documentos, pruebas. Hasta le lloramos, pero no nos hizo caso. Fue muy indiferente", recordó Supa a IPS. Las esterilizaciones continuaron hasta noviembre de 2000, cuando Fujimori huyó a Japón y su ministro de Salud renunció junto con todo el gabinete.

La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, de 1994, suscrita por Perú, estableció que todas las personas tienen derecho de escoger cuantos hijos tener o no y en qué momento, y los Estados signatarios tienen el compromiso de hacer valer este derecho.

Entre 2001 y 2003, el Congreso legislativo peruano investigó el programa de planificación familiar de Fujimori. Documentó casos de fallecimientos por efectos colaterales de la AQV, y determinó que las autoridades instruyeron a las brigadas de médicos para que esterilizaran a un mínimo de mujeres a cambio de beneficios gubernamentales.

Un primer expediente fue archivado por errores en la tipificación del delito, que se presentó como genocidio contra Fujimori y sus ex ministros.

Pero otro grupo parlamentario, a cargo de la legisladora Dora Núñez Dávila, reactivó el caso y concluyó que se cometieron delitos contra la vida y la integridad de las personas. También obtuvo evidencias de que el Ministerio de Salud pagaba "incentivos" en dinero a los médicos y su equipo por cada mujer esterilizada, y que el gobierno de Fujimori distribuía alimentos a los comedores populares dependiendo del número de "voluntarias" a la AQV.

El programa contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas, las cuales tenían orden de ofrecer "seguridad" a las brigadas de médicos. La investigación involucró a tres ex ministros de Salud, entre ellos Aguinaga, y a varios funcionarios más. Aguinaga fue viceministro de Salud desde 1994 y titular de la cartera desde 1999 hasta que se derrumbó el régimen fujimorista.

Aguinaga "tiene que pagar por sus culpas", dijo Supa a IPS. "Todavía recibo quejas de muchas mujeres esterilizadas. Están abandonadas por el gobierno, por sus familias. Todavía tienen dolores. No pueden trabajar. Nadie vela por ellas. No han sido indemnizadas después de lo que les hicieron. Nosotros tenemos los testimonios de más de 300 mujeres afectadas en el Cusco".

Aguinaga dijo no recordar quién era Supa cuando IPS le preguntó por la dirigente campesina del Cusco.

"Yo me acabo de enterar que ella es congresista", dijo. "Seguramente habrá la oportunidad para conversar. Lo que el Perú requiere en este momento son políticas de desarrollo y no seguir hablando de lo mismo (las esterilizaciones forzadas), que ya ha sido aclarado y archivado".

IPS le dijo al ex ministro que un fiscal investiga el caso y está por formular acusación, y que Supa plantearía en el Congreso el castigo a los responsables de la aplicación del programa de AQV.

"Para mí es un tema cerrado", opinó Aguinaga. "Tenemos que intervenir en temas de importancia para el país como la mortalidad materna cuyas cifras siguen siendo altas. La prioridad ahora es la salud reproductiva".

Preguntado si consideraba que las víctimas de la aplicación de la AQV merecían al menos una disculpa de su parte, Aguinaga respondió: "Durante todo estos años hemos estado en lo mismo y supongo que en algún momento conversaré con la señora (Hilaria Supa). Y repito, en lugar de insistir en lo mismo (la investigación de la anticoncepción quirúrgica forzada), necesitamos políticas de desarrollo. Los indicadores son muy malos".

Aguinaga también se manifestó desconocedor del estado de la investigación que se le sigue ante el fiscal de derechos humanos. "Desconozco cuál es la situación".

"El grueso de la población al que se dirigía el programa era analfabeta y su lengua nativa no era el español, (sin embargo) los papeles que debían firmar (las mujeres) dando su consentimiento para la anticoncepción quirúrgica estaban en español", señala el informe de la comisión investigadora del Congreso que describe los abusos cometidos por el gobierno de Fujimori.

"En los llamados 'Festivales de Salud' se cumplían desde actividades deportivas hasta intervenciones quirúrgicas, siendo el objetivo la realización en masa de las AQV. En un día de campaña se podía y debía llegar a esterilizar hasta 90 personas. El personal médico que intervino en los festivales trata de justificar su conducta dando a conocer que fueron amenazados, que si no cumplían con su trabajo serían sancionados y hasta retirados" (despedidos), agrega el informe.

De acuerdo con el documento de la comisión investigadora, se han registrado 18 muertes relacionadas con la AQV. Entre 1990 y 2001 fueron sometidas a la esterilización 363.000 mujeres, "siendo los años de mayor intensidad (de aplicación) de este tipo de operaciones los años 1995, 1997 y 1998".

Como el beneficio del antejuicio constitucional del que gozaban Fujimori y sus ministros —un proceso previo al de la justicia en el Poder Legislativo— concluyó en 2005, la investigación del Congreso fue derivada a la Fiscalía de la Nación.

La comisión parlamentaria recomendó enjuiciar a los implicados por los delitos de tortura, secuestro, lesiones graves y asociación ilícita para delinquir.

Supa es optimista en que se hará justicia y afirma que sólo es cuestión de tiempo.

"En el Congreso le voy a hacer recordar a Aguinaga lo que hizo", dijo Supa, en un español muy marcado por el quechua, su lengua materna. "Cuando denunciamos en Lima que muchas mujeres sufrían dolores por las intervenciones quirúrgicas, las autoridades nos decían que eso no se debía a la ligadura de trompas, sino porque éramos sucias, ignorantes y flojas. Eso se acabó".

Supa, que en 2005 fue postulada junto a otras 1.000 mujeres del mundo al Premio Nobel de la Paz, no guarda rencor pero sí un anhelo profundo de justicia. "Por mi pueblo, por mis hijos, por mi ayllu (comunidad), yo no voy a descansar hasta que paguen los responsables. La esterilización forzada no va a quedar impune", puntualizó.

En esta batalla, Aguinaga y Supa se medirán frente a frente.

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