China pasa gradualmente a ejecutar a sus condenados en camionetas, un método que considera más discreto y que pretende acallar críticas por la práctica cruel y arbitraria de la pena capital contra una gran cantidad de ciudadanos.
Críticos del gobierno y defensores de los derechos humanos afirman que esto es el equivalente a escuadrones de la muerte oficiales, que permiten ejecutar prisioneros de modo más rápido y fácil, fuera de la vista pública.
Funcionarios judiciales chinos replican que las flotas de vehículos para ejecuciones móviles son una forma "más humana" de llevar a cabo las sentencias de muerte.
Ambas partes coinciden en que esta práctica marca un cambio mayor respecto de las ejecuciones por fusilamiento en actos públicos con asistencia masiva.
"Definitivamente es un progreso para China, que muestra más consideración, tanto para las personas sentenciadas como para el resto", las familias y el público, dijo a IPS Li Guifang, vicepresidente del Comité de Asuntos Penales de la Asociación de Abogados. "Hay menos dolor y una muerte más rápida para los condenados".
[related_articles]
Abandonados los fusilamientos públicos, ahora los condenados son ejecutados en camionetas fabricadas con ese propósito en un entorno prácticamente clínico.
El prisionero es confinado a una cama similar a las camillas de las ambulancias, y muerto mediante una inyección. Los contenidos de los cócteles letales usados en estas inyecciones son preparados en Beijing y entregados a tribunales locales que llevan a cabo los juicios.
Activistas de derechos humanos destacan que, según las evidencias conocidas en Estados Unidos, la inyección letal está lejos de ser indolora.
Lentamente, China desarrolló una flota de vehículos para realizar ejecuciones, tras experimentar con cautela las inyecciones letales por primera vez en 1997 en algunas provincias seleccionadas. Ahora la práctica se está instrumentando a mayor escala.
El número exacto de estas camionetas de la muerte es un secreto de estado. Lo que se sabe, sin embargo, es que solamente en la meridional provincia de Yunnan hay 18 vehículos de este tipo en uso.
Autoridades de Beijing prevén extender las ejecuciones móviles a ciertas provincias designadas, pero no dijeron a IPS cuáles. IPS habló con varios funcionarios responsables del programa a condición de no citarlos.
El pasaje del pelotón de fusilamiento a las inyecciones letales "constituye un progreso tremendo en los procedimientos judiciales penales en China", dijo a los medios estatales en junio el director de la Suprema Corte de la oriental provincia costera de Zhejiang, Yin Yong.
Probadas por primera vez en 1997 en la provincia de Yunnan —una atrasada región sudoccidental que limita con el Triángulo Dorado (al sur del río Yangtze) y que es famosa por el narcotráfico—, las camionetas de la muerte se destinarán ahora también a lugares de auge industrial donde se han disparado los delitos, como la provincia de Zhejiang y otras.
Zhejiang comenzará a usarlas a partir del 1 de septiembre.
Organizaciones de derechos humanos alegan que cada año China ejecuta a más delincuentes que todo el resto del mundo. La cantidad exacta sigue en el máximo secreto.
La organización Amnistía Internacional registró por lo menos 1.770 ejecuciones en China en 2005, pero asevera que el número real podría ser de hasta 8.000.
La flota de camionetas es promocionada por funcionarios judiciales como el último avance del sistema penal chino, en tanto Beijing intenta cambiar su imagen internacional con vistas a ser anfitrión de los Juegos Olímpicos 2008.
Según informes de prensa nacionales, cada vehículo de ejecución móvil cuesta unos 60.000 dólares. Están en boga porque evitan el habitual viaje al patíbulo y son más baratas.
La inyección letal requiere sólo de la asistencia de cuatro personas, mientras el usual pelotón de fusilamiento exige muchos guardias para custodiar el traslado y la ejecución.
Así, China abandona la histórica práctica de ejecuciones públicas. Luego de haber firmado la Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Tortura, en 1984, se adoptaron normas que prohibían ejercitar la pena de muerte ante el público.
Sin embargo, activistas de derechos humanos alegan que estas prácticas continuaron durante la ofensiva contra el delito lanzada en 1983 y reforzada en 1996. Ya no se llevan a cabo en grandes ciudades en las que viven extranjeros.
A medida que estos patíbulos móviles comienzan a ingresar silenciosamente en más ciudades y aldeas, haciendo más fácil y rápida la muerte de un condenado, surgen nuevos temores.
Defensores de derechos humanos y opositores a la pena de muerte temen que China esté utilizando más la inyección letal para obtener órganos de prisioneros ejecutados destinados al creciente mercado nacional de transplantes.
Los hospitales chinos comenzaron a realizar transplantes en los años 60, y ahora llevan a cabo entre 10.000 y 20.000 anuales, según cifras oficiales.
Un transplante de riñón en China cuesta unos 7.200 dólares, pero este precio oficial puede subir a 20.000 o incluso a 50.000 dólares si el paciente está dispuesto a pagar más para obtener el órgano más rápidamente.
Pero aun los precios más elevados equivalen a una fracción de los que se cobran por una intervención similar en países desarrollados.
Mientras pacientes de Malasia, Japón, Hong Kong y Singapur inundan China en busca de transplantes, el negocio genera miles de dólares para el desfinanciado sistema de salud del país. En el exterior crecen las sospechas de que el uso de las nuevas camionetas para ejecuciones pueda estar vinculado a este auge.
La Sociedad Británica de Transplantes y Amnistía Internacional condenaron a China en mayo por extirpar órganos a prisioneros.
China efectuó 8.000 transplantes de riñón el año pasado, pero solamente 270 de esos órganos, menos de cuatro por ciento del total, procedían de donaciones voluntarias.
"El uso de patíbulos móviles exacerba los problemas existentes para los prisioneros en China", sostuvo Sharon Hom, directora ejecutiva de la organización Derechos Humanos en China, en una entrevista por correo electrónico con IPS.
"Eso facilita el mercado negro de venta de órganos, particularmente porque no hay acceso para controles independientes como los de la Cruz Roja a prisiones, centros de detención y campamentos de trabajo", agregó..
En China es ilegal extirpar órganos sin autorización previa de la persona fallecida o de sus familiares, pero los críticos dicen que estas obligaciones comúnmente son violadas a causa del secreto que rodea tales operaciones.
Normas de 1984 establecen que la extirpación de órganos de ejecutados debe "mantenerse en estricto secreto" y que "se deben evitar repercusiones negativas".
Como rutina, las autoridades niegan a los familiares acceso a los cuerpos de prisioneros ejecutados, y los creman a toda prisa luego de las ejecuciones, aseguró Robin Munro, experto británico sobre el sistema penal de China.
"Una vez que el cuerpo es cremado, es imposible determinar si algún órgano fue removido", dijo a IPS.
