El régimen islamista de Irán continuó reprimiendo e intimidando a la prensa y a la sociedad civil durante el año que lleva en la presidencia el conservador y nacionalista Mahmoud Ahmadinejad.
Desde la violenta interrupción de una protesta pacífica en favor de los derechos femeninos el 12 de junio, docenas de mujeres activistas han sido convocadas a los tribunales, y algunas fueron interrogadas durante más de una semana.
Nooshin Ahmadi Khorasani y Parvin Ardalan, dos conocidas feministas, pasaron más de cuatro horas diarias contestando preguntas.
Su abogada, Nasrin Sotoodeh, dijo a IPS que se las acusa de "movilizar personas para protestas ilegales", un delito contra la seguridad nacional que puede castigarse con un largo periodo en prisión.
Durante la manifestación, a la que asistieron unas 5.000 personas, las fuerzas de seguridad arrestaron al ex legislador reformista y activista estudiantil Alí Akbar Mosavi Joeiniha y a más de 60 personas.
La mayoría fueron liberados pocos días después, pero Joeiniha está aún detenido, en un lugar desconocido para el público.
Hace dos meses, el servicio de inteligencia iraní arrestó al conocido académico Ramin Jahanbeglou y aún no presentó cargos en su contra. La inteligencia nacional tiene estrechos vínculos con el presidente Ahmadinejad.
Al mismo tiempo, el Consejo de Seguridad Nacional prohibió a la prensa criticar la política exterior del gobierno, en un intento por evitar un mayor aislamiento internacional por el desarrollo del programa nuclear.
Mansour Ossanlu, director del Sindicato de Autobuses de Teherán, está detenido desde las protestas que realizó su organización en diciembre.
Además, muchos activistas estudiantiles y por los derechos femeninos y humanos han sido convocados por la Corte Revolucionaria para que den cuenta de sus actividades políticas.
De hecho, activistas, estudiantes, periodistas y organizaciones de la sociedad civil sienten creciente presión tras el fin de la presidencia del reformista Mohammed Jatami.
Desde entonces, los concejos municipales, el parlamento y la presidencia son controlados por conservadores de línea dura religiosa que siguen las instrucciones del líder supremo de Irán, ayatolá Alí Jamenei.
La revisión de los acontecimientos de la última década en Irán ilustra cuán suspicaces se han vuelto los conservadores respecto de la sociedad civil.
Los seguidores de Jatami y Ahmadinejad creen que, como la oposición carece de la fuerza de las armas para derrotar a la República Islámica, tratarán de socavarla indirectamente a través de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a debilitar la estructura institucional del país.
Por eso, los activistas están preocupados por el futuro, tras la consolidación del poder de los conservadores, alcanzada por medios antidemocráticos como la eliminación de candidatos reformistas en las elecciones parlamentarias de 2004 y en las presidenciales de 2005.
La principal preocupación es que el actual gobierno trate de revertir algunos de los avances de la era reformista y que fortalecieron a la prensa, los intelectuales, los estudiantes, las mujeres y los sindicatos.
Ahora, apenas un año después del triunfo electoral de Ahmadinejad, parece evidente que los conservadores amplían su campo de acción desde las posiciones que ocupan en instituciones esencialmente antidemocráticas como la policía, la justicia o las entidades de seguridad paralelas.
Muchos prevén que esos esfuerzos se acelerarán y endurecerán en los próximos meses.
Los conservadores atribuyen el colapso de la Unión Soviética y del campo comunista en los años 90 a la expansión de la sociedad civil y de las organizaciones internacionales y de asistencia.
La represión o el control de la sociedad civil, argumentan, es esencial para la supervivencia del régimen, y puede lograrse mediante el arresto esporádico de activistas, acusaciones de espionaje contra miembros de organizaciones no gubernamentales y elevando, en general, el costo de sus acciones.
Este proceso comenzó desde que pasaron a dominar el parlamento en 2003.
Los conservadores también procuran crear "falsificaciones" de redes de la sociedad civil, vinculadas de una u otra manera con alguna agencia gubernamental, y de perturbar el crecimiento de la sociedad civil democrática e independiente.
Existen muchos ejemplos de estas organizaciones "falsificadas", establecidas con gran profesionalismo, y seguramente habrá más en los próximos años. Eso creará un ambiente en que la voz de la sociedad civil no será la voz del pueblo, sino, más bien, la del gobierno.
Por ejemplo, luego del regreso de una delegación independiente de activistas femeninas del Foro Beijing+10 realizado en Bangkok en 2005, organizaciones conservadoras reclamaron un mayor control sobre la representación nacional iraní en esas conferencias.
Esta reacción deja en evidencia la creciente tendencia del gobierno a limitar a los grupos independientes en foros internacionales y sustituirlos con organizaciones que reflejen el punto de vista oficial.
Esta estrategia está vigente desde el comienzo de la Revolución Islámica, en 1979.
El gobierno reformista de Jatami usó con frecuencia a la sociedad civil como salvaguardia contra la hegemonía conservadora. Pero hoy muchas de las organizaciones a las que apelaba son demasiado débiles como para influir en la política de gobierno, en cualquier nivel.
El gobierno de Ahmadinejad secó las fuentes de financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil desde que llegó al poder en junio de 2005. También ejerció una presión política que perjudicó la cooperación entre organizaciones nacionales e internacionales, en especial las donantes.
También elevó el costo político de contar con tales conexiones. En definitiva, la retirada del apoyo gubernamental, la falta de vínculos internacionales y el creciente riesgo del activismo contribuyeron a silenciar la sociedad civil iraní.
A eso se atribuye el hecho de que apenas 5.000 personas hayan participado en la manifestación por derechos femeninos, apoyada por medio millar de organizaciones no gubernamentales, sitios web de noticias e internacionales y por emisoras de radio extranjeras.
(*) Omid Memarian es un periodista y activista iraní. Ganó varios premios, entre ellos el de Human Rightas Watch en 2005, y el Human Rights Defender Award. Hoy es académico visitante de la Escuela de Periodismo para Graduados de la Universidad de California en Berkeley. (
