Se prepara un «certificado de impunidad» para el empresario Jean Succar, acusado en México de encabezar una red de prostitución y pornografía infantil, alertaron activistas de derechos humanos ante la contratación como defensores de abogados que trabajaron en el poder judicial estadual.
Succar fue extraditado de Estados Unidos, a donde huyó en 2003 tras descubrirse que lideraba una banda de pederastas en Cancún, la ciudad del sudoriental estado de Quintana Roo de atracción turística internacional, ubicada en la costa del mar Caribe.
A su llegada el sábado a México, este empresario de 62 años y dueño de varios hoteles en Cancún, sólo alcanzó a decir a la prensa: "yo no violé a nadie, yo no hice nada".
El gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, ordenó en la víspera una investigación minuciosa para determinar si ex funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de esa jurisdicción filtraron información para alertar al acusado.
También pidió profundizar en las presuntas amenazas y hostigamiento ejercido por allegados a Succar en contra de las menores que lo han denunciado y que se preparan para ratificar sus dichos ante un tribunal.
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En abril de 2005, la periodista y activista en derechos humanos Lydia Cacho presentó su libro titulado "Los demonios del Edén: el poder detrás de la pornografía", en el cual recogió testimonios de niñas que denunciaron abuso sexual por parte de Succar.
Las menores habían sido atendidas en el Centro Integral para Mujeres Víctimas de la Violencia, que dirige la periodista en Cancún.
Previo a la aparición del libro, el empresario hotelero había sido denunciado ante las autoridades judiciales del estado por varias de sus víctimas, pero el empresario logró salir del país antes de que las autoridades ejecutaran la orden de detención.
Cacho aseguró a IPS que entre el grupo de abogados defensores del empresario, imputado de liderar la red que afectó a unas 200 niñas, se encuentran dos ex funcionarios de la fiscalía de Quintana Roo.
Afirmó que ese equipo de defensores lo encabeza Efraín Trujeque Arcila, quien fue subdirector de Averiguaciones Previas de la fiscalía estatal cuando se integraba el proceso en contra de Succar, y que el jueves se integró René Ancona Araujo, ex subdirector de Control de Procesos.
"La incorporación de estos dos ex funcionarios a la defensa nos hace temer que la Procuraduría General de Justicia del Estado lo esté defendiendo", apuntó.
"Nos preocupa que quienes hoy lo defienden hayan tenido en su momento acceso a información privilegiada, que pone en riesgo a las víctimas que son menores de edad", añadió.
"Hacemos un llamado urgente a los defensores de los derechos humanos de México y del mundo para que presionen a nivel internacional y no se permita que este caso quede impune. Especialistas han denunciado que la red de pornografía y prostitución encabezada por Succar afectó a unos 200 menores", añadió.
El independiente Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, encabezado por jesuitas, consideró como "grave que las autoridades judiciales de Quintana Roo estén preparando un certificado de impunidad".
David Velasco Yánez, director de este Centro de Derechos Humanos, indicó a IPS que "es un terrible mensaje el que están enviando las autoridades a la sociedad", y anunció que, tras la denuncia de Cacho, esta organización se mantendrá en alerta ante cualquier represalia, como sucedió en diciembre de 2005
Recordó que la periodista fue blanco de amenazas tras las denuncias hechas a través de su libro, en el que involucra al también empresario del sector textil de origen libanés Kamel Nacif Borge, amigo y socio de Jean Succar.
Tras la publicación de su libro, Nacif la acusó ante las autoridades de los delitos de difamación y calumnias. Además y debido a la estrecha relación del empresario de la industria textil con el gobernador del oriental estado de Puebla, Mario Marín, el proceso judicial contra la periodista se llevó en esa jurisdicción y no en Quintana Roo.
En marzo, la prensa mexicana reveló fragmentos de conversaciones telefónicas entre el gobernador Marín y Nacif, quienes se congratulaban por la forma violenta en que había sido arrestada y trasladada Cacho de Cancún a Puebla, y de las condiciones adversas que enfrentaría en prisión como parte de un escarmiento a ella y a los periodistas que estaban empeñados en acosarlos.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez reiteró que, con este antecedente de abuso de autoridad, se mantendrán atentos ante un eventual intento de acoso o agresión en contra de Cacho.
"Admiramos su valentía, que se nutre de palpar el dolor de las víctimas. Estaremos pendientes porque ella ha hecho nuevas denuncias y es probable que una vez más intenten acosarla", añadió.
Succar enfrenta varios procesos penales. La Procuraduría General de la República ûfiscalía nacional— solicitó su extradición de Estados Unidos para que enfrente los delitos de corrupción de menores, violación equiparada, abuso deshonesto y pornografía infantil.
Otro proceso penal que afronta es por lavado de dinero, pues la PGR le detectó y congeló 10 cuentas bancarias con un total de 20 millones de dólares, "sin origen explicable", según la fiscalía.
Para combatir el delito de redes de pederastas, la Secretaría de Seguridad Pública federal cuenta con una policía cibernética, la cual en los dos últimos años detectó más de 400 sitios en Internet que distribuyen imágenes pornográficas, en las que se utiliza a menores de edad. Según datos oficiales, la mitad de estos sitios tienen su origen en México.
