El gobierno mexicano pone como ejemplo de su lucha contra la explotación sexual infantil la detención del empresario Jean Succar, acusado de liderar una red de pederastas. Pero admite que este delito sigue en aumento al pasar en los últimos seis años de 16.000 a 20.000 la cantidad de menores víctimas del flagelo.
En casi la mitad de los 31 estados en que se divide México la pederastia y la explotación sexual de menores no están calificados como delitos graves, lo que da paso a la impunidad, según Ana Rosa Payán, directora general del gubernamental Desarrollo Integral de la Familia (DIF), una oficina de asistencia social creada en 1970.
La captura, extradición desde Estados Unidos y su detención en el país de Succar, para "nosotros es un ejemplo y esperamos que sigan todos los estados por ese camino, es decir que, en la medida de que existan denuncias, se les dé seguimiento hasta llegar a la conclusión de los casos", señaló Payán.
Empero, opinó que la Cámara de Diputados, que se renovará el 31 de agosto, dio prioridad en esta legislatura de tres años a los temas políticos y económicos, en tanto que la problemática que afronta la infancia pasó a un segundo plano.
Por su parte, la periodista Lydia Cacho, en conversación con IPS, entiende que el Estado mexicano no ha respondido con eficacia a la atención y protección a las víctimas, y en algunos casos, como el DIF, "permitió que algunos menores cayeran en manos" de quienes abusaron sexualmente de ellos.
"México es un paraíso para la prostitución y pornografía infantil, ya que las organizaciones cuentan con suficiente poder económico como para corromper y actuar con impunidad", dijo Cacho, autora del libro "Los demonios del Edén: el poder detrás de la pornografía", en el que denuncia a Succar como líder de una red de pederastas y reproduce testimonios de varias de sus víctimas.
Añadió que el abuso y explotación sexual de menores están ligados a otros delitos, como el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de dinero.
Cacho, quien dirige el independiente Centro Integral para Mujeres Víctimas de la Violencia (CIAM) en el sudoriental centró turístico de Cancún, alerta que también operan redes de pederastas y explotadores sexuales de menores en Jalisco y Guerrero, estados del sudoeste donde se asientan importantes centros turísticos como Puerto Vallarta y Acapulco, respectivamente.
En ello coincide el diputado Rodrigo Iván Cortés, del gobernante y conservador Partido Acción Nacional, quien admite que el caso de pederastia en Cancún no es el único, sino que en Acapulco también se registra este fenómeno, en el que están involucradas personas con gran poder económico.
Cortés, miembro de la comisión parlamentaria especial sobre niñez, adolescencia y familias, lamentó que "la mezquindad" con la que actuaron otras fuerzas políticas en la Cámara de Diputados impidió un mayor avance para contar con elementos legales más sólidos que permitan luchar contra la delincuencia organizada.
Durante seis años se frenó el proyecto de reforma integral de justicia y seguridad pública propuesto por el presidente Vicente Fox, afirmó.
"Confiamos en que la próxima legislatura que empieza el 1 de septiembre retome estas propuestas y les dé trámite para poder enfrentar a la delincuencia, pues ella "sí está organizada" y está lastimando a la sociedad, añade Cortés.
El diputado oficialista destaca, como un importante avance para combatir e inhibir a las redes de pederastas, la creación de la Policía Cibernética, que depende de la Procuraduría General de la República (fiscalía nacional), y que ha desmantelado más de 400 sitios en Internet donde se propagaba material pornográfico con el uso de menores de edad.
México se ha sumado a la lucha contra las redes internacionales de pederastas y ha puesto especial atención a la propagación de material por la red mundial de computadoras, indicó Cortés. Agregó que este tipo de delitos genera conductas adictivas y acciones progresivas en quienes los cometen.
También admitió que quienes fomentan la prostitución infantil son personas con gran poder económico, por ello es que el caso de Succar en Cancún, además de alarmante, "nos obliga a detener las aspiraciones de impunidad de quienes usan esa fuerza del dinero para explotar a menores".
"El poder económico no puede ser elemento de impunidad", subrayó.
Succar fue notificado el fin de semana pasado por un juez en Cancún de que permanecería en prisión para enfrentar diversos procesos penales acusado de los delitos de corrupción de menores, violación equiparada, abuso deshonesto y pornografía infantil, además de lavado de dinero.
Al menos siete de las víctimas ya ratificaron sus denuncias contra Succar y han afirmado en esa instancia que han sido acosadas por los abogados del empresario, quienes presuntamente les han ofrecido dinero a cambio de que retiren los cargos y se retracten de sus declaraciones.
Las víctimas, la mayoría de ellas mujeres y también niños y niñas, han declarado ante la justicia que el mismo Succar les ha hablado por teléfono para decirles que "no quiso hacerles daño y que él las quiere".
Cacho, quien atendió a varias de las víctimas en su organización, narró a IPS que las menores "sufrieron agresiones espantosas e inimaginables, fueron torturadas". Por todo eso, las autoridades judiciales y el gobierno federal están obligados a no permitir que este caso emblemático sobre el abuso a menores quede impune, añadió.
