Un alto funcionario estadounidense defendió con vehemencia el controvertido programa secreto de Estados Unidos para rastrear presuntos fondos terroristas, argumentando que su divulgación pública dañaba los esfuerzos de Washington para combatir el terrorismo.
Ese programa que saltó a la luz pública semanas atrás desató la polémica sobre el derecho a la privacidad y a la libertad de prensa.
"Los beneficios del Programa de Rastreo de Fondos Terroristas han sido incalculables", declaró el subsecretario del Tesoro para asuntos de inteligencia financiera y terrorismo de Estados Unidos, Stuart Levey, en la sesión del Congreso legislativo el martes.
"Este programa suministra una poderosa y única herramienta que ha mejorado nuestros esfuerzos para rastrear redes terroristas y desbaratarlas", dijo.
La operación de espionaje destinada a hallar presuntos fondos terroristas en las transacciones financieras internacionales, fue divulgada por The New York Times y otros diarios, provocando una dura condena del gobierno de George W. Bush y de los miembros más conservadores del Congreso.
Algunos de los defensores más acérrimos del gobierno llegaron a acusar al periódico de traición.
El artículo mostró que Washington había investigado minuciosamente millones de transacciones de la Sociedad Internacional para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias (Swift), principal servicio de mensajería utilizado por los bancos de todo el mundo para realizar operaciones internacionales, con sede en Bélgica.
La difusión coincide con debates sobre la amplitud de los poderes ejecutivos que ha acaparado el gobierno de Bush en nombre de la "guerra contra el terrorismo" tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington, hace más de cinco años.
Una serie de revelaciones acerca de operaciones clandestinas similares alarmó a los defensores de la privacidad, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, que ahora se preocupan porque este país pueda estar utilizando su influencia en el ámbito mundial para presionar a otras naciones para que limiten ciertos derechos sin la suficiente supervisión.
En la sesión del martes, Levey confirmó que no sólo el Congreso de Estados Unidos estaba al tanto del programa sino también los miembros del Grupo de los 10 (G-10) países más industrializados, que se consultan y cooperan en asuntos económicos, monetarios y financieros.
En realidad el G-10 está compuesto por 11 países: Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Japón, Suecia y Suiza.
Desde hace cinco años, representantes del G-10, que suelen reunirse una vez al año en el otoño boreal, para coincidir con las reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, aprovechan para pedir a las instituciones multilaterales que contribuyan a controlar y desbaratar presuntas transferencias terroristas.
"Miembros de los comités de inteligencia del Congreso fueron informados sobre esos programas, y nuestros colegas en los bancos centrales de los países del G-10 también fueron notificados", señaló Levey en la sesión parlamentaria.
Sin embargo, no todos los legisladores estaban informados.
"Muchas personas en el Congreso que debieron haber sido informadas por el gobierno, no lo fueron", se quejó Sue Kelly, representante del gobernante Partido Republicano por Nueva York y presidenta del subcomité de Servicios Financieros de la cámara baja. "¿Qué más desconocemos?"
Además, Kelly señaló que procuraría que el brazo investigativo del Congreso (GOA por sus siglas en inglés), encargado de fiscalizar y evaluar los programas del gobierno emprendiera una investigación de estos procedimientos.
Organizaciones que controlan y defienden el respecto a la privacidad también se alarmaron con las noticias.
Privacy International dijo que Swift violó las leyes sobre privacidad de la Unión Europea (UE) cuando suministró a Washington registros de millones de transacciones financieras.
Esa organización con sede en Londres presentó una demanda en 33 países europeos contra Swift, sosteniendo que actuó "sin contemplar el proceso legal de acuerdo a la Ley de Protección de Datos".
Los reclamos advierten que las autoridades estadounidenses pueden utilizar los datos para una gran variedad de actividades sin relación con el terrorismo, incluso el espionaje.
La no gubernamental Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que introdujo varias demandas contra otro programa espía en Estados Unidos —que no requiere de una orden judicial—, también expresó su preocupación respecto a Swift.
"Los derechos a la privacidad están siendo violados en ambos lados del Atlántico, y aplaudimos una investigación europea que llegue al fondo del asunto", señaló Barry Steinhardt, director de Proyecto sobre Libertad y Tecnología de ACLU.
El 7 de julio, el Parlamento Europeo adoptó una resolución por la cual pide explicaciones a instituciones y gobiernos europeos respecto de su complicidad en el suministro de información financiera a Estados Unidos practicado por Swift.
Levey negó que el programa hubiera violado normas de privacidad y señaló que el objetivo de las investigaciones fueron presuntos fondos terroristas.
Además, Levey declaró que su personal no estaba involucrado en la "minería de datos" ni se introducía en las cuentas suministradas por Swift —que trabaja para 7.800 instituciones financieras en todo el mundo— para detectar otras irregularidades, como la evasión fiscal o el espionaje económico.
"El programa contiene múltiples instancias superpuestas de controles gubernamentales e independientes para asegurar que los datos se utilicen sólo para controlar el terrorismo, y toda la información se maneja adecuadamente", indicó.
"Cuento dentro de mi personal con analistas de inteligencia quienes pasan sus días en un sitio seguro estudiando minuciosamente la información para tratar de desenmascarar a los financistas y colaboradores clave de los grupos terroristas", dijo.
Mientras reconocía que todo el programa era de dominio público bastante antes de los informes de prensa, Levey sostuvo que la divulgación —del New York Times y otros diarios estadounidenses— seguramente dificultará los esfuerzos de este país y sus aliados para desbaratar el flujo de dinero hacia organizaciones terroristas, pues reveló detalles específicos respecto a la operación Swift.
"Esta divulgación comprometió uno de nuestros programas más valiosos y sólo hará que nuestros esfuerzos para rastrear los fondos terroristas, y por lo tanto prevenir atentados, se tornen más difíciles", señaló.
El funcionario casi no fue cuestionado respecto de las preocupaciones de los defensores de la privacidad tras su interpelación en el Congreso. De hecho, el programa recibió amplio apoyo de los líderes del parlamento a pesar de algunas quejas aisladas.
"Estamos en guerra", sostuvo el presidente del comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Michael G. Oxley, quien el 30 de junio respaldó una medida no vinculante para condenar las filtraciones de información clasificada al público.
"Elogio los esfuerzos del gobierno de Bush en su guerra financiera contra el terrorismo. Dependemos de información y programas clasificados para procesar con éxito la guerra", sostuvo.
