La negativa de Japón a tomar el camino de países occidentales, de sancionar económicamente a la junta militar de Birmania por graves violaciones de los derechos humanos, defraudó a activistas y a expertos en desarrollo, quienes reclaman medidas más duras aun.
Estados Unidos, cercano aliado de Japón, ya sancionó con trabas económicas a Birmania y encabeza las iniciativas para que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presione a la dictadura birmana para que respete los derechos básicos de los ciudadanos de ese país.
"Nadie cuestiona que en Myanmar (nombre que le dio la junta militar a Birmania) debe haber reformas tangibles que instauren la democracia y la libertad para su gente. Por eso Japón debe presionar a sus gobernantes para que cambien, o será visto como un hipócrita en lo que a la defensa de los derechos humanos en Asia respecta", dijo Kyotaka Takahashi, portavoz del no gubernamental Centro Voluntario local.
Expertos señalan que Japón, cuyas autoridades dicen liderar la defensa de los derechos humanos en el marco de los organismos de la ONU, pero su interés parece limitarse a Corea del Norte, por el secuestro de varios ciudadanos japoneses.
"Cuando se trata de Birmania, el gobierno ve la situación diferente a la de Corea del Norte, porque no hay ciudadanos japoneses involucrados", señaló el profesor Kei Nemoto, especialista en Birmania de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio.
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Empero, los funcionarios gubernamentales japoneses defienden la postura oficial aduciendo que es para promover la democracia en Birmania.
"Japón se inclina por fomentar la democracia en Myanmar mediante el diálogo. Las sanciones sólo han conducido al deterioro de las condiciones de vida de la gente común en ese país y no han promovido la democracia", sostuvo Yoshinori Yakabe, un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Pero este país no es el único en mantener una política blanda con Birmania y en rechazar sanciones internacionales a ese régimen dictatorial. Los dos vecinos más importantes, China e India, también tienen políticas similares.
Yakabe se refirió al fracaso de las sanciones impuestas por Occidente contra Birmania en 1988, y prolongadas en mayo tras la decisión de la junta militar de no dejar en libertad a la dirigente elegida democráticamente, Aung San Suu Kyi, de su arresto domiciliario.
También responsabilizó a las sanciones económicas por las altas cifras de desempleo registradas en Birmania, donde hay 200.000 trabajadores sin empleo y más de 200 fábricas cerradas por quiebra.
"Las fábricas del sector privado fueron las más golpeadas por el embargo estadounidense que dejó a la economía birmana maltrecha, y que, irónicamente, no afectó a las instituciones administradas por el gobierno", advirtió Yakabe.
Japón suministró a Birmania unos 78 millones de dólares en 2004 para proyectos de desarrollo y ambientales.
Otros expertos en desarrollo reconocen que la efectividad de las sanciones para instaurar la democracia en los países gobernados por regímenes violentos sigue siendo un asunto problemático para la política exterior japonesa.
Un ejemplo del rotundo fracaso de este tipo de medidas fue Iraq. Cuando la comunidad internacional se negó a comerciar con el régimen de entonces de Saddam Hussein, con la esperanza de que se derrumbara solo, simplemente consiguió aumentar la pobreza y las enfermedades en ese país.
Empero, la caída en Sudáfrica del apartheid (régimen de segregación racial en perjuicio de la mayoría negra) y el cambio de sistema de gobierno se atribuyen al éxito del embargo comercial.
"Se puede debatir la efectividad de las sanciones. Pero en el caso de Birmania, Japón, en tanto que principal donante de Asia, debe enviar un fuerte mensaje que indique que la junta no será tolerada", sostuvo Nemoto.
Sin embargo, Yakabe descartó un cambio en la política de su país, aun reconociendo que los intentos de Tokio no provocaron las reformas necesarias en Birmania.
"Japón cree en una diplomacia tranquila. Nuestro objetivo más importante ahora, es trabajar junto con los países de la Asean, en vez de apoyar sanciones" económicas, sostuvo.
Las 10 naciones que integran la Asean (Asociación de Naciones del sudeste asiático), además de Birmania, son Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam.
Los activistas comienzan a impacientarse.
"Nuestra estrategia es informar a la opinión pública de los graves abusos que comete la junta militar birmana contra su propia gente y minorías. Estamos decididos a mostrar que la política de Japón no está ayudando a la población", indicó Sayaka Miyazawa, del Foro de Ciudadanos de Birmania, que representa a los defensores de la democracia en ese país.
Miyazawa se refirió a la gran manifestación de abril en reclamo de democracia, en la cual participaron más de 500 personas, frente a la Dieta (parlamento) de Japón, para afirmar que esta creciendo el respaldo de las bases a la causa de Birmania.
Los activistas también señalaron que la falta de una política clara en Japón respecto de los derechos humanos contribuye a demorar la reacción del gobierno en cuanto a promover un cambio en Birmania.
Por ejemplo, de las 138 solicitudes entregadas por ciudadanos birmanos pidiendo el estatus de refugiado, este país sólo ha aceptado 43.
En el caso de Japón, su resistencia a imponer sanciones económicas a Birmania no se debe, según Nemoto, a sus propios intereses económicos, como se sospecha en el caso de otros jugadores clave en este asunto, como China, que desde hace tiempo ha participado en la economía de ese país.
"Los intereses económicos de los birmanos no son una preocupación inmediata para Japón, que ve las dificultades de comercio con una junta que no adhiere a las normas internacionales. En cambio, su postura titubeante puede atribuirse a su política interna, cuya agenda diplomática no destaca los derechos humanos, además de que ese país no representa una amenaza inmediata a sus ciudadanos o su seguridad", explicó Nemoto.
