«Tanto en Chile como en el extranjero se sabe que Augusto Pinochet se enriqueció gracias al robo de las arcas fiscales y al tráfico de cuánta cosa puede existir», dijo la activista Lorena Pizarro, avalando las acusaciones del ex represor Manuel Contreras contra su antiguo jefe.
Este comentario forma parte de las reacciones provocadas en Chile por las declaraciones de Contreras, el hoy general retirado que fue director de la policía secreta de la dictadura militar (1973-1990), quien aseguró ante la justicia que la fortuna amasada por Pinochet provino del tráfico de drogas.
Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), recordó ante IPS que "todo eso fue hecho (por el dictador) a costa de la muerte y tortura de un pueblo".
Aportando datos a varias investigaciones de la justicia, Contreras sostuvo que en la fabricación y comercialización de cocaína participaron Marco Antonio Pinochet, uno de los cinco hijos del hoy anciano general retirado, Edgardo Bathich Villarroel, un empresario chileno de origen sirio, y el químico y agente represivo Eugenio Berríos, asesinado entre 1992 y 1993 en Uruguay.
Estas declaraciones fueron divulgadas en la víspera por el estatal diario La Nación, que tuvo acceso a los antecedentes documentados entregados por Contreras al juez Claudio Pavez, quien sustancia el proceso por el homicidio del coronel Gerardo Huber Olivares, también involucrado tanto en el tráfico de drogas como de armas.
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Luego de que Huber se hizo cargo del Complejo Químico del Ejército a mediados de los años 80, Berríos y otra persona que no identificó habrían comenzado a elaborar un tipo de cocaína conocida como "negra" o "rusa", muy difícil de detectar por perros policiales entrenados, explicó Contreras, jefe de la ya desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de 1974 a 1978.
La droga habría sido enviada a Estados Unidos y Europa, donde era distribuida por un pariente político de Bathich Villaroel, el famoso traficante internacional de armas y drogas Monser Al Kassar, para posteriormente enviar remesas a las distintas cuentas que el clan Pinochet mantenía en ambos continentes.
"Es una acusación grave, que debe ser investigada, porque involucra a todo el ejército", sostuvo Pizarro, pero exhortó a Contreras a dar más información acerca de las violaciones a los derechos humanos, a su juicio el delito más grave de Pinochet durante su mandato dictatorial.
Luego de conocer estas declaraciones, Marco Antonio Pinochet dijo este lunes que Contreras es "un mentiroso, un canalla", "una persona enferma de maldad", y que presentará una querella por injurias y calumnias con publicidad contra él.
Pero Contreras fue más allá, al señalar que Pinochet usó una segunda vía para enriquecerse: el uso de fondos reservados del Ejército.
Esta última pista es seguida por el magistrado Carlos Cerca, quien investiga el llamado "Caso Riggs", donde el ex dictador está procesado por fraude tributario. De esta manera, podrían explicarse, según Contreras, los millones de dólares que fueron descubiertos en 2004 en el Banco Riggs y otras entidades financieras de Europa.
"La verdad duele", dijo también este lunes el abogado defensor del ex director de la DINA, Fidel Reyes, en reacción al reportaje publicado por el diario La Nación. "Las declaraciones de mi patrocinado descansan en hechos ciertos y lo que ha afirmado es verdad", añadió.
En tanto, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, dijo no manejar mayores antecedentes y que "lo que acá corresponde, como en cualquier otro proceso, es que opere la justicia y se haga todo lo que se tiene que hacer al respecto".
Coincidiendo con la mandataria, el actual comandante en jefe del ejército de Chile, general Óscar Izurieta, aseguró carecer de información respecto de la acusación hecha por Contreras, aunque descartó que este hecho mancille la imagen que hoy ostenta la institución.
Contreras ya pasó siete años en la cárcel por el asesinado en 1976 en Estados Unidos de Orlando Letelier, ex canciller del gobierno de Salvador Allende (1970-1973), y ahora cumple una condena de 12 años por el crimen del dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria Miguel Ángel Sandoval. A pesar de estas condenas, el ejército no lo ha expulsado aún.
Izurieta, igual, planteó que la "la única verdad es la verdad jurídica y lo que los tribunales determinen".
Carlos Cardoen, un empresario chileno que se dedicó a la producción de armamento en los años 80 y que fue acusado por Estados Unidos de venderle armas al entonces dictador iraquí Sadam Hussein, aseguró a una emisora de radio local que Pinochet "por supuesto" traficó armas y recibió coimas por negocios ilegales cuando fue comandante en jefe del ejército.
El juez Pavez decidió interrogar a Contreras por el asesinato del coronel Huber, quien al momento de su muerte se desempeñaba como jefe de adquisiciones de la Fábrica y Maestranza del Ejército (Famae), por sus estrechos vínculos con el ex uniformado, ya que además de haber trabajado con él en la DINA, lo consideraba un amigo.
Contreras aseguró que Huber fue asesinado en 1992 por miembros de la Compañía de Operaciones Especiales de Contrainteligencia (Coeci) del ejército chileno, quienes hicieron pasar el crimen como suicidio, evitando que el ex coronel fuera interrogado por el tráfico de armas a Croacia, descubierto en 1991.
Según el general retirado, el 20 de enero de 1992 (nueve días antes de su desaparición) Huber se comunicó con el juez Correa de la Cerda, quien investigaba el caso, para contarle cómo se elaboraba y distribuía la cocaína y los manejos financieros del clan Pinochet en torno al tráfico de drogas y armas.
El abogado de Pinochet en la causa del banco Riggs, Pablo Contreras, negó las acusaciones de Contreras, atribuyéndolas a un intento de destruir la imagen histórica del régimen militar.
El abogado sostuvo, además, que se "ha comprobado" que Pinochet logró "ahorrar entre cuatro y cinco millones de dólares" durante su régimen, los cuales crecieron a 10 millones de dólares gracias a las habilidades financieras de sus colaboradores.
Pinochet permanece bajo arresto domiciliario desde noviembre por orden del juez que investiga sus cuentas secretas en el Banco Riggs y en otras entidades financieras.
Sobre el ex dictador pesan cargos de evasión tributaria, uso de pasaportes falsos, elaboración y extensión de una declaración jurada falsa y falsificación de dos certificados atribuidos a la Subsecretaría (viceministerio) de Guerra.
