El parlamento de Venezuela se apresta a aprobar una ley sobre cooperación internacional, que subraya el carácter de país donante, pero percibido por decenas de organizaciones de la sociedad civil como un mecanismo que limitará su accionar y la capacidad de asociarse de los más pobres.
El borrador del proyecto fue sancionado en primera lectura, que corresponde a una valoración política general, y en las próximas semanas se discutirán en particular la veintena de artículos del texto por la Asamblea Nacional (Congreso legislativo), donde sus 167 integrantes responden al gobierno por no haber participado la oposición en las últimas elecciones para renovar el cuerpo.
Esa futura norma "no puede convertirse en una camisa de fuerza para limitar, restringir o condicionar el derecho de asociarse libremente para participar en la vida nacional", proclamó una declaración de 62 organizaciones no gubernamentales (ONG), en su mayoría dedicadas a la defensa de los derechos humanos y al desarrollo social.
"Nada más falso", respondió el diputado Saúl Ortega, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea y quien tiene a su cargo el proyecto legal. "La ley no toca a ninguna asociación y el Estado no se inmiscuye en sus actividades ni en las normas de sus propios estatutos para que eventualmente dejen de trabajar", afirmó a IPS.
La nuez de la discusión parece estar en los términos bajo los cuales las ONG reciben financiamiento del exterior, y en su temor a que disposiciones no previstas en la ley se incluyan en su reglamentación, figura legal que permite al gobierno de turno modificar libremente aspectos de las leyes.
En el fondo vibran sospechas y desconfianzas recíprocas entre el poder político y las ONG.
"Nos preocupa que haya sectores interesados en crear una matriz de opinión que pretende generar dudas y sospechas sobre la actuación de organizaciones diversas de la sociedad civil y, como parte de ellas, las defensoras de los derechos humanos y desarrollo social", asentó la declaración de las 62 agrupaciones.
Ortega replicó que "se trata de temores infundados, cuando no de resabios colonialistas, por parte de organizaciones entre las que hay muy respetables mientras que otras hasta participaron en el golpe de Estado del 2002", cuando el presidente Hugo Chávez fue desalojado del gobierno dos días por un movimiento cívico-militar.
"Hay una (organización) muy famosa que dice defender la democracia, pero recibe financiamiento del imperio (estadounidense) para supuestamente defender la democracia, pero lo hace atacando instituciones y el prestigio del Estado", criticó Ortega.
El legislador oficialista aludió así a Súmate, brazo técnico de la oposición en el referendo de 2004, cuando se puso en manos de la ciudadanía la prosecución o no del mandato de Chávez con esta herramienta constitucional inédita en América.
Súmate es también blanco de críticas del oficialismo, porque recibió 55.000 dólares de la entidad estadounidense Nacional Endowment for Democracia (NED, por sus siglas en inglés) y su dirigente, María Corina Machado, fue recibida el año pasado por el presidente de Estados Unidos, George W. Bush.
Las 62 organizaciones —entre las que no está Súmate— insistieron en que "no es por el camino equivocado de organizar un régimen de restricciones que el Estado venezolano podrá estimular y garantizar el derecho de participación y potenciar la cooperación internacional", dijo a IPS Carlos Correa, de la coalición Foro por la Vida.
El texto en discusión parlamentaria establece que "las comunidades organizadas, organizaciones públicas no estatales", así como universidades, empresas, asociaciones empresariales, sindicatos y demás agentes sociales en actividades relacionadas con la cooperación internacional" deben como primer requisito inscribirse en un registro ad-hoc previsto por la norma.
Ese registro, que será una condición indispensable para que el Estado les reconozca capacidad de participación en actividades de cooperación internacional, será público para el escrutinio de los ciudadanos que lo deseen. Además, las ONG deberán presentar información abierta acerca de sus actividades.
Pero los documentos exigibles a las ONG serán determinados por el gobierno en el reglamento, quizá la cláusula más cuestionada por las asociaciones denunciantes.
"No necesitamos una ley, porque ya estamos regulados. Las ONG rinden cuenta periódica de sus actividades y usan auditorías externas que puede revisar cualquier organismo público", dijo Deborah van Berkel, del Centro al Servicio de la Acción Popular.
Más aún, "las ONG deben declarar ante Cadivi (ente estatal que maneja el control de cambios establecido en 2003) cada dólar que reciben para financiar sus actividades, de manera que el gobierno conoce de dónde viene el dinero que recibimos", apuntó Van Berkel.
"No se trata de que las ONG críticas establezcan una posición de oposición a ultranza. Pero mientras la Constitución y voceros oficiales hablan de un ciudadano participativo y protagónico, el proyecto de ley restringe la participación", agregó.
La declaración de las 62 ONG hace hincapié en que, si se establecen limitaciones a las entidades que reciban financiamiento externo, se restringe el margen de organización y acción para las más pobres, con más dificultades para conseguir recursos dentro de Venezuela.
Ortega manifestó enojo porque "exista en algunas organizaciones desconfianza respecto del gobierno de Venezuela, pero no de gobiernos extranjeros", lo que "habla de una mentalidad colonial y asistencialista, como las de los tiempos de la Alianza para el Progreso (iniciativa estadounidense de cooperación hemisférica de hace cuatro décadas, en el marco de la guerra fría)".
En cambio, ahora "Venezuela se asume como un país que puede recibir cooperación, pero también prestarla, especialmente entre sus hermanos latinoamericanos y con el resto del Sur en desarrollo, y no sólo cooperación monetaria sino de complementariedad económica o social", puntualizó.
La ley, destacó, crea un Fondo de Cooperación que se nutrirá, además de recursos del presupuesto ordinario del Estado, con rendimientos de las colocaciones venezolanas en entidades como la Corporación Andina de Fomento, la banca multilateral y el Fondo de Cooperación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Fondo OPEP).
Ortega explicó que las ONG serán consultadas, así como los embajadores de países latinoamericanos y europeos, éstos últimos por su experiencia como donantes.
El fondo estaría a la orden de un organismo o agencia técnica encargada de la cooperación internacional. Van Berkel expresó como única aprehensión en este campo el hecho de que un Reglamento concentre allí todos los recursos que ingresen del exterior por cooperación internacional y el Estado se adjudique la potestad de distribuirlos.
"Exigiremos que la ley responda a principios consagrados en la Constitución y tratados internacionales", añadió Van Berkel. Para la activista, no hay riesgo de que las ONG defensoras de derechos humanos y de desarrollo se vean forzadas al cierre, pero con la nueva ley "tendrán que adaptarse y restringirse".
