Los asesinatos en Brasil crecen de modo sostenido desde 1980 y ya suman 800.000, pero esa tragedia de dimensiones bélicas aún parece no ser suficiente para que el Estado y la sociedad elaboren políticas efectivas de seguridad pública.
Sólo una "ausencia de interés real de las autoridades" en solucionar el problema puede explicar esta inercia, ya que existen tecnologías de eficacia comprobada y recursos para combatir el crimen, concluye un estudio del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), organismo del Ministerio de Planificación.
La cantidad de homicidios mermó algo en Sao Paulo en la presente década, al igual que se logró frenar el aumento en Río de Janeiro, con el empleo de más policías, equipos y acciones contra la criminalidad, pero "la mejora fue aparente", dijo a IPS Waldir Lobao, uno de los tres autores del estudio.
No se concretaron "cambios estructurales" para contener efectivamente la violencia urbana, pues la seguridad ciudadana no tiene la prioridad necesaria por parte de las autoridades, según el experto. Sin reformas profundas en el sistema carcelario se sigue "realimentando la criminalidad", mientras la justicia penal "premia con impunidad a quienes roban y matan", afirmó.
Faltan también políticas de inclusión social, para reducir la enorme desigualdad entre los brasileños, unir las policías divididas entre civiles y militares, restablecer sus vínculos con las comunidades que hoy "sólo tienen miedo", adoptar "políticas inteligentes" y un sistema de informaciones confiable, acotó.
El estudio del IPEA destaca que en 1980 se registraron 13.877 homicidios en el país, lo cual equivalía a 11,7 por 100.000 habitantes, según el Sistema de Informaciones sobre Mortalidad (SIM) del Ministerio de Salud. Los 49.587 asesinados en 2002 hicieron subir el índice a 28,5 homicidios por 100.000 habitantes, considerado entonces uno de los más altos del mundo.
Durante el período estudiado, el crecimiento fue de 5,6 por ciento al año como promedio, lo cual indica que no se trató de una explosión repentina, sino de una "tragedia anunciada" que avanzó con una "regularidad estadística espantosa".
La criminalidad medida por homicidios se agravó principalmente en las regiones metropolitanas del sudeste, la región más rica del país.
Las reiteradas respuestas de retórica política dificultan soluciones, al crear "mitos" como la falta de recursos, de una "policía dura" o de crecimiento económico para justificar la violencia "endémica", sostiene el estudio que identifica cinco factores "claves" del "proceso de hipercriminalidad".
La expansión de la población urbana, que pasó de 52 a 138 millones entre 1970 y 2000, la proliferación de las armas de fuego y falencia de la justicia penal son parte de las causas del crecimiento de la violencia ciudadana.
Pero los factores más importantes se entienden que son la desigualdad de la renta entre los brasileños y el deterioro de la política de seguridad pública, fomentados por sectores sociales que concentran el ingreso nacional y usan los organismos de seguridad para mantener sus privilegios y su poder, afirman los investigadores.
Las estadísticas del meridional estado de Sao Paulo, sin embargo, muestran una fuerte inversión de la tendencia. Las "muertes por agresiones" más que triplicaron en dos décadas, pasando de 12,8 por 100.000 habitantes en 1980 a 43,2 en 1999, según el Sistema Estadual de Análisis de Datos (Seade).
Pero decrecieron a partir de 2000 para llegar a 35,8 por 100.000 en 2003. En números absolutos, las muertes bajaron de 11.455 a 8.989 entre 1999 y 2003.
La Secretaria de Seguridad Pública, que divulga cifras trimestrales, destacó que la tendencia a la baja de la cantidad de crímenes violentos prosiguió hasta los tres primeros meses de este año. Desde 1999 se acumuló una caída de 60 por ciento en los homicidios dolosos, que descartan los accidentales.
Esa estadística es alentadora, pero, además de la desconfianza que despiertan datos de los mismos responsables de la seguridad, se comprobó un vuelco el mes pasado.
Entre el 12 y el 20 de mayo fueron asesinadas 492 personas a balazos en el estado paulista, producto de una ofensiva del grupo criminal llamado Primer Comando de la Capital (PCC), que mató a 41 policías, y de la violenta respuesta de las fuerzas de seguridad.
No se puede prever la tendencia futura, porque "los factores de fondo permanecen" fomentando la criminalidad, señaló, en coincidencia con Lobao, el director científico del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito en Brasil, Guaracy Mingardi.
La reducción de los homicidios en los últimos años en el estado de Sao Paulo se debe a varios factores, como el aumento de policías en las calles y la campaña del desarme, que recogió 150.000 armas de manos de la población civil.
Empero no hubo mejora "cualitativa" de la policía, matizó ante IPS Mingardi, "criminólogo hace 20 años". Algunos municipios crearon sus propios cuerpo de guardias.
Otros factores son el envejecimiento de la población, con la consecuente reducción de la proporción de jóvenes, que son los que más matan y mueren. También la merma del consumo de "crack", el derivado de cocaína con bicarbonato de sodio que provoca efectos inmediatos y potentes, y los programas locales que lograron bajar la criminalidad en ciudades y barrios específicos.
Diadema, una ciudad de la región metropolitana de Sao Paulo, por ejemplo, redujo su tasa récord de homicidios en 1999 a casi la mitad, cerrando bares en las madrugadas y desarrollando proyectos sociales. Éxitos similares se lograron en algunos barrios más violentos de Sao Paulo, con iniciativas comunitarias de educación e inclusión social.
La evolución de la criminalidad "depende de la geografía y políticas locales de seguridad pública", resumió Mingardi. En Río de Janeiro predomina el crimen organizado en torno al narcotráfico, "más difícil de controlar", pero se obtuvo éxito en controlar los secuestros, que en Sao Paulo se siguen cometiendo en gran cantidad, comparó.
Las policías no logran combatir todos los tipos de delitos al mismo tiempo, tienen que elegir sus prioridades y la "colcha corta" no será capaz de controlar toda la violencia criminal, mientras no se adoptan políticas más eficientes, concluyó.
