La disputa presidencial acapara las atenciones en Brasil, pero las elecciones de octubre tendrán otras importantes consecuencias políticas, al determinar una fuerte reducción del número de partidos representados en el parlamento.
Dos factores obligarán a la reorganización de las fuerzas partidarias, la llamada "cláusula de barrera" o de exclusión, vigente a partir de estos comicios, y la "verticalización", que obliga a las fórmulas de candidaturas estaduales a seguir la coligación formada para las presidenciales.
Debido a la combinación de estas reglas, varios partidos renunciaron a disputar la Presidencia, prefiriendo quedar libres para establecer alianzas en el plano estadual que les permitan conquistar más escaños en la Cámara de Diputados.
La "barrera" prácticamente condena a la extinción a los pequeños partidos cuyos candidatos a diputados nacionales no obtengan por lo menos cinco por ciento de los votos válidos, distribuidos de manera que superen dos por ciento en nueve de los 26 estados brasileños.
Además de los cuatro grandes, solo los medianos Partido Progresista (PP) y Partido Laborista Brasileño (PTB) cumplirían estas exigencias, estimó Luciano Dias, politólogo y consultor del Instituto Brasileño de Estudios Políticos, con sede en Brasilia.
Los demás tenderán a extinguirse porque "perderán condiciones operacionales", como la participación en el estatal Fondo Partidario (destinado a financiar parte de las campañas electorales), en la propaganda gratuita por radio y televisión y en las comisiones parlamentarias, así como el derecho a contar con líderes en los debates y trámites legislativos, vaticinó.
Los parlamentarios elegidos por estas agrupaciones permanecerán con sus mandatos, pero "los partidos fenecerán", dijo Dias a IPS, quien estimó que sería mejor quitarles la representación, como ocurre en otros países. La intensificada competencia por los escaños "exigirá estrategias más profesionales, orientadas por expertos" o la fusión de pequeños partidos, opinó.
En la Cámara de Diputados están representados actualmente 17 partidos, gran parte considerados "de alquiler" por no disponer de ideología propia, servir de instrumento ocasional a diversos candidatos y acoger a parlamentarios descontentos con los partidos por los cuales resultaron elegidos.
La Presidencia del país solo es disputada desde hace doce años por el Partido de los Trabajadores (PT), del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, y por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), del ex presidente Fernando Henrique Cardoso.
De las otras dos grandes colectividades, el conservador Partido del Frente Liberal (PFL) prefiere coligarse con el PSDB, mientras el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) renunció a tener candidato presidencial para mantener su libertad de realizar alianzas estaduales y conservar su fortaleza en los estados y en las dos cámaras legislativas.
Como la mayoría de las fuerzas de izquierda o centro-izquierda también adoptaron ese camino para sobrevivir, el PT no pudo repetir alianzas anteriores y quedó aislado, contando sólo con un aliado formal, el minúsculo Partido Republicano Brasileño, recién creado por el vicepresidente José Alencar.
Según la evaluación de muchos analistas, están condenados partidos históricos como los comunistas y socialistas o los que representan a corrientes nuevas de pensamiento, como los verdes. Disminuirá el pluralismo y la representatividad democrática en el parlamento, afirman críticos como Katia de Carvalho, consultora legislativa de la Cámara de Diputados.
Pero el cambio es "un progreso", en la opinión de Dias, porque será "más fácil la operación legislativa, se reducirá el costo de las negociaciones con menos líderes partidarios".
Los cambios en el cuadro político derivarán también de otros factores. Aunque el PT logre elegir un bloque legislativo similar al actual —de 81 diputados y 11 senadores en un total de 513 y 81, respectivamente—, será un partido debilitado por el escándalo de corrupción que alcanzó a varios de sus legisladores y ministros y a su dirección ejecutiva desde junio de 2005.
El izquierdista PT perdió a sus principales dirigentes, y varios de sus aliados desaparecerán por no obtener la votación exigida o por haberse involucrado en el escándalo.
Pese a las denuncias de corrupción, Lula recuperó su popularidad, y las encuestas lo apuntan como favorito a la reelección en octubre. Su principal oponente, Geraldo Alckmin, ex gobernador del meridional estado de Sao Paulo y postulado por la alianza PSDB-PFL, no parece con fuerzas ni carisma para modificar el cuadro.
El escenario de gobernabilidad de Lula, sin embargo, es una incógnita, con su partido debilitado pero reclamando mayor peso en el gobierno y sin condiciones para componer un frente que asegure mayorías parlamentarias al Poder Ejecutivo.
En la oposición, una posible derrota también provocaría cambios de liderazgos. El resultado de las elecciones estaduales podría definir nuevos rumbos en la política de Brasil.
José Serra, derrotado por Lula en 2002 y que ahora disputa como favorito el gobierno de Sao Paulo, y el actual gobernador de Minas Gerais, Aecio Neves, cuya reelección parece segura, ya preparan sus candidaturas presidenciales para 2010. Ambos son del PSDB y están acusados de negar apoyo a Alckmin, pues una nueva victoria de Lula favorecería sus pretensiones futuras.
