Sobre Correo del Caroní, el diario más importante del sudeste de Venezuela, pende una fatal amenaza, que no es de censura, quiebra o cierre por decisión empresarial, sino de demolición de su edificio. Un caso que tiene como telón de fondo la sorda lucha entre medios privados de comunicación y el gobierno.
La legislatura del estado de Bolívar, fronterizo con Brasil, exhortó a la alcaldía de Ciudad Guayana, principal urbe de la región, a que haga desalojar la sede del periódico, lance sus topadoras contra la edificación y le retire a la firma propietaria la "patente de industria y comercio", es decir la licencia municipal para funcionar como empresa.
La razón esgrimida es la denuncia de vecinos del barrio Villa Colombia, donde está ubicada la casa de una planta en la que funciona Correo, según la cual el solar sobre el que se asienta es público y en lugar del diario debería existir una plaza. La legislatura instó a "hacer un uso comunal del terreno", una vez que recuperado.
"Para nosotros se trata de una medida política, fundamentada en la constante denuncia del periódico sobre la grave crisis de servicios sin resolver en la ciudad y en el estado", dijo a IPS Robinson Lizano, editor-jefe de Correo del Caroní, que reivindica una circulación diaria de 55.000 ejemplares.
"Estamos en medio de un paisaje regado por ríos caudalosos, pero los barrios populares padecen sed crónica por falta de inversión en los últimos siete años, los que lleva en el poder el presidente (Hugo) Chávez", argumentó Lizano.
El diario, propiedad de David Natera, empresario y ex senador opositor de Chávez, fue acusado por el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel, un general retirado y compañero de promoción militar del presidente, de practicar "terrorismo de Estado" con sus denuncias.
Lizano asoció la denuncia de vecinos y la exhortación de la legislatura con declaraciones realizadas por Rangel el 6 de marzo en un programa de radio, donde dijo que a Correo "habría que aplicarle el ácido".
Empero, el gobernador aseguró no tener "nada que ver con eso", pues dijo "es una decisión autónoma del Poder Legislativo" regional.
Los 13 diputados de la legislatura de Bolívar responden al oficialismo. Los 11 que pertenecen al Movimiento Quinta República, liderado por Chávez, votaron a favor de la medida, mientras que se abstuvieron los dos restantes, que son del partido aliado Patria Para Todos.
"Los zares de Guayana antes tenían gran poder para cometer irregularidades y nombrar a los presidentes de las industrias básicas. Eso se acabó y ahora pretenden amedrentarnos, pero no les tenemos miedo", dijo Rangel el 6 de este mes en una asamblea con sus seguidores.
Guayana es un emporio minero, forestal, de industria pesada (acero, aluminio y otros) e hidroelectricidad. El Estado maneja esos recursos a través de una docena de empresas. Parte de Guayana se encuadra en el estado de Bolívar, de 238.000 kilómetros cuadrados y 1,4 millones de habitantes.
El alcalde de Ciudad Guayana, Clemente Scotto, de Patria Para Todos, dijo que estudiará cuidadosamente el documento de la legislatura antes de decidir, y su directora de Regulación Urbana, Sandra Richards, consideró "inconveniente" la demolición de la sede para dar lugar a una plaza.
Otro grupo de vecinos organizó una cadena humana en derredor del diario, el 17 de mayo, para mostrar respaldo. "No puede ser que después de 30 años se acuerden que ese terreno debe ser de uso comunal. Ya nos acostumbramos al periódico y a sus servicios, como la hemeroteca, o la posibilidad de llevar ahí nuestras denuncias", dijo la activista Roxana Andrade.
Ciudad Guayana se fundó en 1961 y una de sus zonas más viejas y céntricas es Villa Colombia, donde está Correo. El periódico muestra la documentación que probaría que un instituto estatal de vivienda le alquiló hace 28 años y luego le vendió en 1991 el terreno de 1.087 metros cuadrados y la casa erigida sobre ese solar.
La empresarial Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), de la que es miembro Correo del Caroní, expresó su preocupación porque "con el ánimo de acallar a un medio de comunicación se llegue al extremo de una medida inusitada".
Como Natera ha denunciado en la SIP las que considera arremetidas de Chávez contra la libertad de expresión, "tememos que se trate de una represalia", dijo el guatemalteco Gonzalo Marroquín, presidente de la comisión de libertad de prensa de la SIP.
Al respecto, el ministro de Comunicación e Información, Willian Lara, respondió que la SIP "aplica sus mañas de desinformación para atentar contra la imagen de Venezuela y propagar la mentira de que el gobierno bolivariano hostiga al mencionado periódico",
"No existe vínculo alguno entre el Poder Ejecutivo y la decisión de la legislatura", remarcó.
Por su parte, Rangel destacó que "nadie ha tomado un tractor para tumbar ninguna pared" y llamó "guarimbita (protesta ilegal en el léxico político venezolano) formada con empleados del periódico" la cadena que apoyó a Correo. "La legislatura emitió una opinión, y ahora la Fiscalía General debería actuar con base en esa exhortación", reiteró.
Andrés Cañizález, del Instituto Prensa y Sociedad, basado en Lima, dijo a IPS que a lo largo de 2005 el organismo nacional de impuestos cerró temporalmente, en el estado de Bolívar, cuatro diarios y tres radioemisoras.
"Esas medidas no sólo restringen los derechos de los medios afectados, sino los de la población que depende de ellos para mantenerse informada. La mayoría de los gobiernos que restringen la libertad de expresión no lo asumen públicamente; utilizan mecanismos indirectos, como la vía judicial o la tributaria, para afectar ese derecho", sostuvo Cañizález.
El opositor presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Levy Benshimol, se solidarizó con Correo y dijo que "un diario no es un bien personal sino de servicio social, por lo que, al limitarlo, se priva a la comunidad de un canal de expresión y se limita así un derecho establecido en la Constitución".
El Correo del Caroní continúa circulando normalmente.
