La conmutación de la pena capital por cadena perpetua para todos los condenados a muerte de Filipinas, dispuesta por la presidenta Gloria Macapagal Arroyo, chocó con amenazas de familiares de víctimas de la delincuencia con apelar a la justicia por mano propia.
Otros familiares se inclinaron por presionar al parlamento en contra de cuatro proyectos de ley que, en consonancia con la posición de Arroyo, que incluirían a Filipinas en el grupo de alrededor de 40 países que han abolido la pena de muerte.
Arroyo pidió al parlamento la revocación, antes de fin de año, de la ley 7.659, que restauró la pena de muerte después de que la Constitución de 1987 la aboliera.
La medida rápidamente dividió a este país del sudeste asiático y con profunda raigambre católica. La Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas apoya a Arroyo, no así las familias de las víctimas de los delitos cometidos por los condenados, que se oponen abiertamente.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia sostuvo en varios escritos que las leyes que admiten la pena capital eran inconstitucionales, y ha solicitado su revocación.
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Pero "mientras que existan las leyes queremos que (Arroyo) las acate", dijo a IPS, Teresita Ang See, presidenta del Movimiento para la Restauración de la Paz y el Orden (MRPO), integrado por familiares de víctimas de la delincuencia.
El MRPO, Voluntarios Contra el Crimen y la Corrupción (VCCC) y otras organizaciones similares se disponen a presionar contra los proyectos de revocación de la pena capital.
"La abolición de la pena de muerte es un asunto muy delicado, especialmente para las víctimas de crímenes atroces y sus familiares", dijo a IPS el abogado Leonard de Vera, quien ha ayudado a VCCC a demandar a supuestos delincuentes.
El integrante de VCCC Lauro Vizconde, cuya familia fue masacrada en los 90, señaló en una declaración que se sentía "violentado una vez más por los indultos de Arroyo".
La organización quiere agotar todos los caminos legítimos a su alcance para "convencer a la presidenta y a los miembros del parlamento de no abolir la pena capital", indicó De Vera.
La abolición de la pena de muerte, como tiene efecto retroactivo, favorecerá a los ya condenados, añadió.
Pero algunos miembros del VCCC piensan contratar los servicios de grupos parapoliciales para vengarse de los supuestos criminales, porque se sienten traicionados por el gobierno, señaló De Vera.
"Tratamos de disuadirlos de hacer una cosa así y alentarlos a transitar caminos legales para que se haga justicia", agregó.
Integrantes del MRPO, formado por víctimas de la incesante ola de secuestros extorsivos y sus familiares, expresaron su sorpresa por el momento elegido por la presidenta para dictar clemencia.
"Si la presidenta decide conmutar una condena a muerte, debe hacerlo caso por caso, no al barrer", dijo a IPS el portavoz del MRPO, Emil Armas.
La conmutación coincidió con un recrudecimiento del secuestro en Filipinas. La consultora Estrategias y Análisis del Pacífico aseguró en un informe que la cantidad de oficiales era tres veces menor a la de secuestros reales, porque los familiares prefieren negociar son los delincuentes sin dar intervención a la policía.
"Estamos asustados porque aumentan nuestros miembros y eso no es una buena señal", dijo Armas, cuyo hijo fue secuestrado hace alrededor de un año.
No todos coinciden con VCCC y el MRPO.
Muchas organizaciones recibieron con buenos ojos el anunció de Arroyo, incluida la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas, la Unión Europea (UE) y la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, con sede en Londres.
El parlamento aprobó la ley actual que se restauró la pena capital en 1994, después de que una intensa racha de asesinatos y secuestros extorsivos, entre otros delitos violentos.
De acuerdo con la nueva Constitución de 1987, la entonces presidenta Corazón Aquino conmutó todas las penas de muerte por cadena perpetua.
Sin embargo, siete años después, los reclamos por la restauración de la pena capital se hicieron tan fuertes que el parlamento decidió dar marcha atrás.
El 13 de diciembre de 1993, el presidente Fidel V. Ramos promulgó la ley 7.659, que restableció la pena de muerte.
En 1999 se reanudaron las ejecuciones, luego de 23 años. Siete personas murieron en el cadalso hasta que en marzo de 2000 el entonces presidente Joseph Estrada anunció una suspensión temporal
El Senado y la Cámara de Representantes estudian en estos días cuatro proyectos para abolir el castigo. Sus impulsores tratan de unificar las iniciativas.
Amnistía Internacional sostiene que más de la mitad de los países del mundo han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica. Sólo en 91 naciones todavía está en uso.
Al igual que en China, Estados Unidos, Guatemala y Tailandia, Filipinas utiliza la inyección letal como método de ejecución.
Los defensores de la abolición de la pena máxima pusieron de relieve que este castigo discrimina a los pobres y a los sectores más postergados de la sociedad. Además, su aplicación no ha redundado en una reducción de la criminalidad, según diversas investigaciones.
La mayoría de los 425 condenados a muerte en Filipinas en 1998 eran agricultores y trabajadores rurales, según un estudio de la Conferencia de Obispos Católicos. Muchos de ellos sólo llegaron a cursar algún año de enseñanza media. La mayoría ni siquiera terminó la primaria.
El 25 de abril de este año, había 1.118 sentenciados a muerte en la prisión nacional de Bilibid. De éstos, alrededor de 81 agotaron sus instancias de apelación y ya tenían fecha de ejecución.
Si se deroga la pena máxima, los sentenciados podrán ver reducidas sus penas a 30 años de cárcel o menos. Incluso, pueden conseguir la libertad condicional en función de su conducta.
