El uso en China de la pena de muerte en suspenso, que prevé la conmutación si el reo muestra arrepentimiento y buena conducta, beneficia a funcionarios corruptos y no a delincuentes que cometen faltas más leves, según expertos.
"No debemos perdonar a algunos funcionarios corruptos y castigar a otros. Se les debe perdonar la vida sólo si no se aplicara la pena capital para todos los delitos económicos", declaró el abogado Yan Lieshan al diario China Economic Times.
"La práctica vigente de sancionar a unos y eximir a otros daña la confianza del público en la justicia", advirtió Yan.
Como consecuencia, el gobierno está en aprietos. China procura reformar las normas que rigen la pena capital a causa de las críticas de la comunidad internacional: este país concentra más de 80 por ciento de las ejecuciones realizadas en el mundo.
La intensa polémica recrudeció con la condena a muerte en abril de un ex alto funcionario de las redes ferroviarias de la ciudad de Wuhan, Liu Zhixiang, por contratar un sicario, sobornar y malversar unos cinco millones de dólares. La pena quedó en suspenso por dos años.
La sentencia contra Liu desató una ola de cartas de protesta en los medios de prensa, tanto de ciudadanos comunes como de académicos indignados, pero no por su severidad. Todo lo contrario: la mayoría pedían la cabeza del ex funcionario.
Mientras, organizaciones que reclaman la abolición de la pena de muerte proponen a China que derogue la pena capital, al menos, para delitos económicos no violentos como soborno, fraude y malversación de fondos.
El gobierno, a través del Ministerio de Seguridad Pública, reaccionó imponiendo ciertas reglas a los tribunales para restringir la enorme cantidad de condenas a muerte, una política denominada "mata a unos pocos, mata con cuidado" por medios de prensa.
Pero muchos consideran que esas normas se aplican de forma desigual en beneficio de funcionarios corruptos.
"La gente está tan furiosa por la corrupción de alto nivel que ni la ejecución de Liu hubiera calmado su ira", comentó un diplomático occidental apostado en Beijing, quien solicitó reserva sobre su identidad.
Para complicar el panorama, la frecuencia con que los tribunales condenan a muerte por delitos económicos dificulta la extradición de prófugos en el extranjero. Los países a los que se solicita la repatriación de sospechosos y en los que se ha abolido la pena capital se resisten a entregarlos.
Por lo tanto, la cantidad de delincuentes de cuello blanco que encontraron refugio seguros fuera de fronteras aumentó bruscamente.
Más de 800 personas acusadas de malversar el equivalente a 8.750 millones de dólares en propiedades y fondos escaparon del país. Apenas 320 sospechosos fueron repatriados, según el Ministerio de Seguridad Pública.
El fugitivo más requerido por China, Lai Changxing, considerado responsable de la mayor red de contrabandistas del país, huyó a Canadá en 1999 y permanece ahí bajo arresto domiciliario.
Beijing solicita su extradición para juzgarlo por contrabando, soborno y evasión fiscal, todos ellos delitos para los que se prevé la muerte por fusilamiento. Ésa es la razón por la que Canadá se niega a entregarlo. Por eso, China considera comprometerse a no condenarlo a muerte.
Los reiterados casos de contrabando y fraude dentro de su propia burocracia china manchan el gobierno y le dificultan la tarea de convencer a sus propios ciudadanos de que es capaz de tomar medidas serias y uniformes contra la corrupción.
En los últimos años, Beijing ha difundido la ejecución en la horca de varios cuadros del gobernante Partido Comunista y de altos funcionarios del gobierno para demostrar su determinación a combatir las prácticas deshonestas.
Ese fue el caso de Hu Changqing, vicegobernador de la oriental provincia costera de Jiangxi, condenado a muerte en 2000 por aceptar sobornos. Hu fue ejecutado pocas semanas después de la sentencia.
Hu fue el funcionario gubernamental de mayor nivel en ser ejecutado desde que el triunfo de la Revolución China de 1949. El Diario del Pueblo, portavoz del gobernante Partido Comunista, lo calificó de "enemigo del pueblo".
El parlamento chino ratificó en mayo un tratado de extradición con España, el primero de este tipo con un gobierno occidental. El convenio compromete a Beijing a no condenar a muerte a los extraditados.
El tratado fue aplaudido por los partidarios de la abolición de la pena capital. Pero expertos en derecho y legisladores dijeron temer que socave la lucha contra la corrupción, pues alentaría la huida de funcionarios acusados y la desconfianza de la población hacia las autoridades.
"La ratificación del acuerdo con una cláusula que formaliza la no aplicación de la pena de muerte puede despertar mucha ira aquí", dijo el abogado Ying Songnian, quien participó en las deliberaciones parlamentarias sobre el tratado.
"Los funcionarios con conexiones y dinero podrían esquivar la condena, mientras que aquellos que no cuentan con recursos necesarios sí serían castigados", dijo Ying a la prensa en un alto de la sesión parlamentaria.
Pero el abogado Chen Chuangdong aplaudió la decisión. "Los límites que se imponen a la pena de muerte a través de este tipo de tratados se traduce en un mayor número de cadenas perpetuas. Esto es más humano y asegura la justicia", dijo Chen a IPS.
El umbral para la condena a muerte por robo o malversación de fondos asciende en China a los 62.500 dólares. Sin embargo, no es raro que la pena se aplique en casos que involucran menos de 400.000 o 500.000 dólares, dijeron abogados.
La condena a muerte en suspenso de Liu, quien malversó unos cinco millones de dólares, es considerada por muchos una sombra sobre la imparcialidad de la justicia.
Los diarios chinos a menudo publican en el espacio "cartas de los lectores", misivas enviadas por personas comunes o expertos en derecho.
Las cartas enviadas por lectores y abogados a la prensa china sobre el caso de Liu suelen ocupar una página entera diaria desde que se dictó la sentencia. En general, cuestionan la supuesta falta de severidad del fallo.
Los abogados de Liu argumentaron que los delitos del ex funcionario fueron consecuencia de las imperfecciones del sistema social a raíz de las abruptas reformas de mercado. Esas explicaciones han sido mal recibidas.
"¿Por qué no culpamos al sistema social por no brindar empleo y beneficios sociales, cuando trabajadores despedidos y campesinos pobres son condenados a muerte por robo o asesinato?", sostuvo un lector del diario China Economic Times en una carta.
La pena de muerte en suspenso suele ser conmutada por cadena perpetua, para la que se prevé la libertad condicional bajo palabra.
La mayoría de los condenados a cadena perpetua permanecen en prisión 15 o 16 años antes de ser liberados, según un estudio del Ministerio de Justicia.
Estadísticas oficiales dan cuenta de que en 2004 sólo dos de los 11 condenados a muerte por delitos económicos fueron ejecutados.
