Una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela adversa a la protección de víctimas de violencia en el ámbito familiar dio nuevos bríos a la lucha contra este flagelo, superado en textos sobre la igualdad jurídica de género, pero omnipresente en la vida cotidiana.
Más de 2.000 mujeres se concentraron frente a la sede de la máxima autoridad judicial del país para exigir, según rezaban sus pancartas y consignas de viva voz, la rectificación de una sentencia, considerada "machista, reaccionaria y anticonstitucional", que bloqueó medidas cautelares policiales contra los agresores en los hogares.
"No es posible que, mientras la sociedad avanza en la protección de la mujer y la familia, ustedes retrocedan a los tiempos en que la violencia doméstica era favorecida o quedaba impune", espetó a los magistrados María León, una militante comunista que dirige el estatal Instituto de la Mujer. "Es como si olvidaran a quiénes los parieron", agregó.
En las últimas décadas, la causa de la igualdad jurídica de la mujer y la protección de la familia ganó una batalla legal tras otra. La Constitución vigente desde 1999 "consagró nuestra visibilidad, al hablar en su articulado de ciudadanos y ciudadanas, funcionarios y funcionarias, diputados y diputadas, o presidente y presidenta", recordó a IPS la activista Mercedes Aguilar.
Una de las leyes que data de 2000, sobre la violencia contra la mujer y la familia, previó que las policías locales y las prefecturas (autoridad civil de menor nivel que las alcaldías) pudieran detener de modo preventivo y hasta por 72 horas a los agresores en el hogar, para que la víctima (generalmente esposa o hijos menores) tuviera la oportunidad de buscar protección.
"No es un problema leguleyo. La Fiscalía registró el año pasado 36.000 casos de agresión por violencia doméstica, lo cual da idea de que las cifras negras, por casos no denunciados, debe ser mucho mayor", dijo León a IPS en medio de la manifestación de mujeres realizada el 8 de este mes.
Venezuela tiene una población de 26,8 millones de personas, 50,5 por ciento de las cuales son mujeres.
Más aún, en lo que va del año han muerto 48 mujeres a manos de su pareja y, por eso, "ahora hacemos responsables a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por cada nueva víctima que se produzca", indicó León
Forzar las relaciones sexuales, incluso entre parejas, es un delito. Sólo en la última semana de mayo de 2006 se denunció la violación de 52 mujeres.
En 2005, Isaías Rodríguez, fiscal General de la República, solicitó a la Sala Constitucional la nulidad de las disposiciones legales que permitían retener a los agresores domésticos sin fórmula de juicio, argumentando que la Constitución de 1999 también establece que nadie puede ser privado de su libertad sin que lo mande un tribunal.
El Fiscal expresó hace semanas su arrepentimiento por esa solicitud, pidió perdón públicamente a las mujeres y se declaró partidario de su causa.
"Nos equivocamos", admitió. Pero antes de que retirase la solicitud, la Sala Constitucional, con el voto favorable de sus cinco integrantes hombres y el negativo de sus dos juezas, falló el 7 de mayo a favor de su petición original.
"Eso significa que el agresor puede quedar libre para regresar a casa, agredir nuevamente a la mujer o a los hijos e incluso cobrarle la denuncia, si la hubiere", comentó a IPS la jurista Sonia Sgambatti.
Para León, "no puede ser que un agresor esté matando a su mujer, y no pueda actuar una autoridad policial o administrativa y en su lugar deba actuar un juez".
María Coromoto C, de 37 años, madre de dos niños de 10 y 14 años y habitante de un barrio populoso en Petare, este de Caracas, comentó a IPS su drama particular. "El problema es que mi marido se hunde en licor cada dos o tres fines de semana y al llegar a casa me golpea", narró. "Una vez hice la denuncia, lo detuvieron dos días, pero luego regresó, y a lo mismo", agregó.
Un caso más notorio y de mayor aliento fue el de Alexandra Hidalgo, casada durante 14 años con Iván Sosa, un militar ex comandante de tropas en Caracas. Su marido comenzó a someterla y luego agredirla cuando ella comenzó a estudiar.
El 21 de mayo de 2004, Hidalgo fue víctima de un secuestro y violación por un grupo de hombres, entre los que descubrió a su esposo.
"La agresión sexual se acrecentó, fueron salvajes", rememora. Sosa estuvo preso entre septiembre de 2004 y abril de 2005, cuando fue dejado en libertad sin necesidad de fianza. Por la agresión a Hidalgo fueron condenados dos hombres a ocho años de cárcel, otros dos resultaron absueltos y su esposo hoy está prófugo.
La sentencia de la Sala Constitucional no puede ser revocada, advirtió a las manifestantes Luisa Morales, una de las juezas que se opuso al fallo, "pero eso no quiere decir que todo el tema se agote en una única sentencia", aseveró.
León entiende que "no hay mal que por bien no venga". Esta sentencia adversa "nos da la oportunidad de movilizarnos para desenmascarar el carácter machista y reaccionario de muchas instancias de la sociedad venezolana. Vamos a realizar movilización tras movilización hasta alcanzar nuevas victorias", remarcó.
También consideró que "la sentencia, junto con mostrar la calidad de algunos magistrados, puede ser una maniobra política para desprestigiar al Fiscal General, blanco de acusaciones sobre supuestas irregularidades cometidas, por contraste con su adhesión al proyecto político" del presidente Hugo Chávez.
En la Asamblea (parlamento, cuyos 167 integrantes son oficialistas) comenzó a discutirse una nueva ley de protección a la familia, la paternidad y la maternidad, que tendría carácter orgánico, es decir con prelación sobre las leyes ordinarias.
"Estamos ante una nueva encrucijada y la atravesaremos bien. Bienvenidas las nuevas leyes", comentó León, con un ojo puesto en una normativa orgánica —sobre las ordinarias— y que además permitirá a las mujeres contar con casas de abrigo en cada región, en las cuales, una vez más, conocerse y comprenderse.
La activista y funcionaria finalmente estimó que la medida de la Sala Constitucional —uno de cuyos magistrados fue destituido esta semana por presunta corrupción— obedeció a pugnas políticas dentro del oficialismo frente al fiscal general Rodríguez.
