La controversia sobre la tenencia de tierras es la causa central del incremento de muertes violentas de indígenas en Brasil, según la responsable de un informe presentado en la décima Conferencia Nacional de Derechos Humanos, que finalizó este viernes en la Cámara de Diputados.
"No todos los asesinatos están directamente vinculados a conflictos por la tierra", pero en el "trasfondo de todo" está la escasez y las disputas sobre la posesión de parcelas con sus consecuentes incertidumbres y tensiones, que provocan peleas internas, explicó en entrevista con IPS la antropóloga Lucia Helena Rangel, de la Universidad Católica de Sao Paulo.
Un ejemplo caro de esa realidad es la del pueblo guaraní kaiowá, hacinado en tierras del occidental estado de Mato Grosso del Sur, donde han muerto niños por desnutrición y las tensiones internas se expresan en homicidios y suicidios, añadió la coordinadora del Informe de Violencia contra los Pueblos Indígenas elaborado por el Consejo Misionero Indigenista (CIMI).
En el último decenio fueron asesinados 287 indígenas en Brasil. Pero la violencia creció en los tres últimos años, en coincidencia con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, donde su duplicó la cantidad de víctimas al ubicarse en casi 41 muertes violentas como promedio.
Ese cuadro dramático, revelado en el informe del CIMI, sirvió de base al panel sobre los derechos indígenas realizado en la víspera, en el marco de la décima Conferencia Nacional de Derechos Humanos, realizada en la sede de la cámara baja en Brasilia.
Durante los ocho años del gobierno anterior, presidido por Fernando Henrique Cardoso, se registraron 165 asesinatos de indígenas, un promedio de casi 21 por año. De 2003 a 2005 fueron muertos 122, destacó en el panel el vicepresidente de CIMI, Saulo Feitosa.
Los conflictos por cuestiones de tierra son la principal causa de tantas muertes. La violencia seguirá en aumento si no hay cambios en la política gubernamental al respecto, como acelerar el proceso de demarcación de las áreas indígenas y aplicar una mayor protección de las ya establecidas, vaticinó el experto.
Algunos homicidios ocurrieron en confrontación con hacendados y otros actores, como los mineros, que disputan las tierras indígenas o las invaden, pero también hay muchas muertes en consecuencia de "agresiones internas", entre los propios aborígenes, reconoció Feitosa.
Mercio Gomes, presidente de la Fundación Nacional del Indígena (Funai), el organismo gubernamental encargado de la población autóctona, acusó al CIMI de exagerar en las cifras, sumando casos provocados por "accidentes automovilísticos, suicidios e incluso peleas matrimoniales" y motivos que nada tienen que ver con la posesión de la tierra.
"Es difícil identificar si la cantidad de asesinatos aumentó de hecho o si se debe a nuevos criterios o registros más precisos" de los datos del Informe de CIMI en los últimos años, pero más relevante que la comparación es reconocer que son "demasiado elevadas" las cifras y que persisten las causas, evaluó para IPS Tim Hill, investigador en Brasil de Amnistía Internacional.
La reflexión importante, promovida por el CIMI, es que "la pobreza", asociada al problema de la tierra para los indígenas, "crea condiciones para más violencia, alcoholismo, suicidio de jóvenes y la desnutrición infantil", apuntó.
Es necesario que el Estado asegure la tierra y condiciones mínimas de vida a esa población, sostuvo el delegado de la organización humanitaria con sede en Londres.
El gobierno de Lula hizo demarcaciones de áreas importantes, pero no avanzó en otras, como en Mato Grosso del Sur, y la justicia también es parte del problema, al "bloquear muchos procesos de demarcación de tierras", acotó Hill.
Parte de la violencia se debe a las expectativas generadas por el actual gobierno, que asumió en el 1 de enero de 2003 con promesas de una mejor política indigenista que no se cumplieron, según la antropóloga Rangel.
Los gobernantes "no demostraron a la sociedad, a los hacendados y los demás poderes una mayor atención a los indígenas", estimulando agresiones contra ellos, sentenció.
También hubo errores cometidos durante gobiernos anteriores, como un decreto que facilitó cuestionamientos judiciales, trabó la demarcación de las tierras y sometió los derechos indígenas reconocidos por la Constitución a demoradas batallas ante los tribunales, observó.
El panel indígena ganó, en consecuencia, gran peso en la Conferencia de Derechos Humanos promovida por organizaciones no gubernamentales, comisiones parlamentarias y un sector de la Fiscalía, con apoyo de la Secretaria Especial de Derechos Humanos del gobierno nacional.
Una de las prioridades para los trámites parlamentarios futuros es el Estatuto de los Pueblos Indígenas, una legislación hace mucho reclamada por las organizaciones indígenas e indigenistas, admitió el diputado Luiz Greenhalg, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Además, el panel discutió la necesidad de instalación de la Comisión de Política Indigenista, aprobada en una conferencia promovida por el gobierno para definir acciones con participación de los propios indígenas, y la demarcación "prioritaria" de tierras aún pendientes, superando las trabas judiciales.
Es también "urgente" una amplia divulgación de los indígenas, "no conocidos por la sociedad e incluso por la FUNAI", así como también que el gobierno promueva el reconocimiento de la identidad "autodeclarada" de los pueblos indígenas, para combatir "la intolerancia, el racismo y la discriminación" que ellos sufren, concluyó Rangel.
