«Estamos aquí para cuidar la tierra, porque de ella vivimos», dice a IPS Andrés Sajama, cacique de Queta, una comunidad de la nación kolla de la provincia de Jujuy, noroeste de Argentina. «No queremos frenar proyectos mineros, pero no aceptamos que nos sigan quitando lo poco que nos queda», añade.
Los indígenas viven amenazados por empresarios que buscan extender la frontera agrícola del centro al noroeste del país, así como por otros que llegan con proyectos de inversiones millonarias en hoteles de lujo, e incluso por los mineros interesados en la rica diversidad del subsuelo de la Puna y la Quebrada, que guarda yacimientos de oro, cobre y mercurio.
La Puna, parte del árido altiplano argentino-boliviano con una altura media de 3.500 metros, limita al este con el extenso valle montañoso y andino de la Quebrada, que corre de norte a sur, declarado en 2003 Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
En estas dos regiones, que abarcan 80 por ciento del territorio provincial, hay más de 20.000 familias indígenas que subsisten trabajando la tierra y criando animales. Hasta ahora, el Estado les había reconocido el derecho a la tenencia de esas tierras, pero su titularidad se ha visto dilatada pese a los constantes reclamos de sus habitantes.
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En 1996, el gobierno nacional otorgó al Estado provincial un subsidio de 1,5 millones de pesos —entonces equivalentes a 1,5 millones de dólares— destinados a regularizar la propiedad de las tierras comunitarias. Pero desde entonces se han regularizado apenas tres predios.
En 2003, la CPI presentó un recurso de amparo ante la justicia provincial para exigir que el gobierno cumpliera sin dilaciones su compromiso de entregar las tierras en propiedad, y apenas en mayo los demandantes consiguieron que se fijara un plazo de 15 meses para concretar los trámites.
Según la sentencia, las comunidades tienen derecho a ser consultadas sobre la conveniencia de proyectos de explotación económica de los recursos naturales que están dentro de sus territorios, así como a participar en los debates sobre su impacto ambiental y distribución de beneficios.
La Quebrada de Humahuaca es un sitio arqueológico, cuya importancia mundial está representada por bienes naturales y culturales que datan de 10.000 años. Buena parte de ese patrimonio está vivo en las comunidades.
Junto con la Puna, la Quebrada fue parte de Camino del Inca en el período prehispánico, y luego recorrido obligado de la plata del Alto Perú —la actual Bolivia— hasta el Río de la Plata, de donde el metal era exportado a Europa. Los indígenas que hoy habitan esas tierras son descendientes de los pueblos originarios.
"Somos patrimonio vivo de la humanidad y nos están queriendo vender", dice a IPS Rosario Andrada, integrante de la CPI y principal demandante. "Toda esta región debería protegerse", dice señalando los cerros de la Puna. "Sin embargo llega un inversor de Suiza con dinero para un hotel y lo hace sin problemas", sostiene alarmada.
"No estamos en contra de los mineros, pero necesitamos los títulos para asegurarles la tierra a nuestros hijos y para poder intervenir en la discusión sobre los recursos naturales", explica Sajama. Ese derecho está incorporado en la Constitución Nacional desde 1994 y también se menciona en el fallo de mayo.
"El gobierno de Jujuy nos dice que nos oponemos al desarrollo, pero yo digo, ¿de qué desarrollo me hablan cuando llega una minera a extraer oro usando cianuro y al lado tenemos a los niños de la Puna que siguen muriendo desnutridos?", se pregunta Andrada que es además presidenta de la Fundación de mujeres "Warmi Sayasjunqo".
Andrada está convencida de que las tierras de la Puna y la Quebrada de Humahuaca se mantienen bajo control de las comunidades porque las familias kollas "no se han ido". "Nuestros abuelos soportaron toda clase de abusos y nosotros no nos vamos a ir, vamos a seguir reclamando nuestro derecho a preservar la tierra", afirma.
Sin embargo, sabe que no será fácil. "En otro momento, el Estado provincial hubiera apelado el fallo de inmediato pero ahora está en discusión un proyecto de reforma constitucional para la reelección del gobernador y entonces se están cuidando de tener actitudes antipopulares", interpretó la líder de las mujeres nativas.
En Queta, donde vive Sajama, hay 32 familias que ruegan para que la sentencia quede firme. Los indígenas de Queta viven de sus cultivos y de la cría de ovejas, cabras y llamas. En invierno la temperatura alcanza 15 grados bajo cero. "Ahora carneamos y vendemos porque ya empiezan a escasear las pasturas", explica el cacique.
En esa aldea solamente hay instituciones de educación primaria. Para acceder a la escuela secundaria, los ocho hijos de Sajama, entre 9 y 24 años, viven solos a 45 kilómetros de Queta en un "rancho" (vivienda de adobe y paja) en Abra Pampa, la principal urbanización de la Puna.
"En nuestra región hay oro, cobre, mercurio, pero resulta que ellos (los mineros) llegan con su tecnología y al poco tiempo nuestros animales se mueren envenenados. ¿Cómo es posible que ellos contaminen, se lleven las riquezas, y a nosotros no nos quede ni siquiera una escuela para nuestros hijos?", se pregunta el dirigente indígena.
Sajama recuerda que su madre participó en el llamado "Malón de la Paz", un movimiento que protagonizaron las comunidades del noroeste argentino en 1946 contra un sistema de explotación feudal.
Entonces las familias debían pagar al terrateniente con animales o con trabajo para ganarse el derecho al uso de la tierra que ocupaban desde siempre. Estaban obligadas a comprar en la proveeduría del propietario, y de ser sorprendidas con mercancías de otro expendedor eran apresadas por la policía. Muchas familias tenían deudas y trabajaban como esclavas para el dueño.
En 1946, los indígenas se organizaron y se fueron hasta Buenos Aires, en una travesía de 1.800 kilómetros realizada en parte a pie y en parte en mula de la que participaron 174 integrantes del pueblo kolla de las provincias de Jujuy y Salta. Los caminantes durmieron a la intemperie, y les llevó tres meses arribar a la capital argentina.
En Buenos Aires arrancaron del gobierno promesas que luego se llevó el viento. Pero Sajama recuerda que los propietarios fueron indemnizados y el Estado recuperó el control de las tierras. Se hizo un fraccionamiento y se entregaron títulos provisorios a los indígenas. Han pasado 60 años y la tenencia de los predios sigue siendo precaria.
