Constitucionalistas de Estados Unidos critican al presidente George W. Bush por su hábito de estampar «declaraciones de firma» en las nuevas leyes aprobadas por el Congreso, por las cuales se arroga el derecho a aplicarlas según su propia interpretación.
En marzo, el Congreso aprobó una norma que obliga al Departamento de Justicia a presentar a los legisladores informes periódicos detallando cómo el Buró Federal de Inteligencia (FBI) utiliza la Ley Patriota para investigar hogares e incautar documentos.
Pero cuando Bush promulgó la norma, añadió la "declaración de firma", una provisión en la que se adjudicó el derecho de retener información cuya divulgación pudiera poner en riesgo la seguridad nacional.
A fines del año pasado, los congresistas aprobaron una ley contra la tortura y el trato cruel, inhumano y degradante a prisioneros en el marco de la "guerra contra el terrorismo".
Sin embargo, la "declaración de firma" señala que el mandatario, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, puede prescindir de la norma si entiende que se necesitan "técnicas de interrogación severas" para obtener información que conduzca a impedir un ataque terrorista.
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Estos son dos ejemplos de las más de 100 declaraciones de firma que Bush añadió a nuevas leyes. El mandatario supera en esta práctica a cualquiera de sus predecesores.
Aunque nunca vetó una ley, muchos constitucionalistas señalan que el presidente, en última instancia, está ejercitando un "veto por líneas y puntos", ya que excluye de las normas las partes que le desagradan.
Esta práctica ha molestado a congresistas tanto del opositor Partido Demócrata como del gobernante Partido Republicano, pues la consideran un ataque a la división de poderes consagrada en la Constitución.
El malestar de los congresistas se agrava con la defensa de Bush de su Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), el "fisgón interno", por el cual Bush ignora una ley de 1978 que prohíbe intervenir las líneas telefónicas de ciudadanos estadounidenses sin una "causa probable" y sin orden judicial.
La existencia del programa NSA fue revelado por el diario The New York Times en diciembre. Desde entonces, los periódicos divulgaron otros planes secretos, como acumular millones de registros de llamadas privadas y estudiar transacciones financieras particulares para seguir el rastro a posibles actividades terroristas.
"El tema aquí es si el mandatario puede elegir lo que le gusta", señaló el presidente del Comité de Justicia del Senado, el republicano Arlen Specter, quien inició esta semana audiencias sobre el tema.
Por su parte, el senador demócrata Patrick Leahy señaló que Bush "ha creado un veto personal" y se "ha puesto por encima de la ley, incluso por encima de las leyes que él mismo ha firmado".
Bush arguye que la Constitución le otorga "poder heredado" para hacer "lo necesario" para proteger al pueblo de Estados Unidos.
Al testificar ante el Comité de Justicia en nombre de la administración Bush, Michelle Boardman, asistente del fiscal general en el Departamento de Justicia, señaló que las "declaraciones de firma" cumplen una "función legítima e importante", y no son un abuso de poder.
"El Congreso no debería temerle a las declaraciones de firma, sino reconocer la franqueza que proveen. El presidente siempre debe ejecutar la ley aprobada fielmente, pero la Constitución es la ley más alta del país. Si la Constitución y la nueva ley entran en conflicto, entonces el presidente debe elegir", afirmó.
Sin embargo, muchos constitucionalistas discrepan. Entre ellos está Barbara Olshansky, directora de la Iniciativa de Justicia Global del independiente Centro para los Derechos Constitucionales.
"Creo que hay una clara evidencia de la continuada y agresiva arrogación de poder (por parte de Bush). Es un descarado intento por expandir su poder moviéndole el piso al Congreso cada vez que éste aprueba una ley que le desagrada", sostuvo.
"Muchas de las leyes que Bush decidió eludir o superponer con su método involucran a los militares. Siempre invoca el concepto de que el comandante en jefe puede ignorar cualquier ley que busque imponer controles a los militares", añadió.
El experto legal Edward Herman, de la Universidad de Pennsylvania, también condenó la práctica de Bush, pero señaló que "lo más llamativo es que ésta no ha desencadenado críticas sostenidas ni indignación" pública.
"Estamos en muchos problemas", alertó.
