La campaña de Andrés López Obrador, el candidato izquierdista a la presidencia de México, recibió el eco de los balazos que este martes fueron disparados contra la familia de un empresario enemigo suyo, que está en prisión acusado de fraude y lavado de dinero.
El presunto atentado, que no dejó victimas, se registró luego que Cecilia Gurza, esposa del empresario de origen argentino Carlos Ahumada, anunciara que se aprestaba a divulgar cinco videos filmados de forma secreta que, aseguró, muestran a igual número de colaboradores de López Obrador en supuestos actos de corrupción.
Gurza, sus hijos de 9, 13 y 15 años de edad y un chofer fueron atacados a balazos cuando se transportaban en una camioneta blindada, lo cual impidió el ingreso de los proyectiles. Los hechos se concretaron poco antes de la siete de la mañana de este martes, a unos 40 metros de la residencia familiar en la capital de México.
La cónyuge del empresario acusó del ataque a quienes "salen en los videos" e informó que ahora duda en difundirlos, pues teme por la seguridad de su familia.
En 2004, cuando López Obrador era alcalde de la ciudad de México, los medios de comunicación difundieron videos en los que cercanos colaboradores del ahora candidato presidencial aparecen recibiendo miles de dólares de Ahumada.
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En otro video se observa al ex secretario de Finanzas del gobierno de la ciudad Gustavo Ponce apostando grandes cantidades de dinero en casinos de la sudoccidental ciudad estadounidense de Las Vegas.
Todos los involucrados fueron separados del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), que postula a López Obrador para la presidencia de México en las elecciones del 2 de julio.
Pero hasta ahora sólo Ponce permanece en la cárcel por supuesto mal manejo de dinero públicos.
Ahumada es dueño de una compañía constructora que tenía varios contratos con la alcaldía de la capital hasta que en 2001 asumió López Obrador. Según afirma ese empresario, el entonces alcalde cortó la relación con él y lo extorsionó a través de sus operadores, acusaciones que niega tajantemente el ahora candidato presidencial.
Tras la difusión de los videos en 2004, Ahumada huyó a Cuba, pero allí fue detenido y deportado a México, donde permanece desde entonces en prisión mientras es juzgado por presuntos fraudes y lavado de dinero.
La noticia del ataque de este martes corrió rápidamente y los analistas opinaron en coro que ello podría golpear a López Obrador.
Las encuestas de opinión de voto indican que el ex alcalde de México está empatado en las preferencias de los consultados con su competidor del gobernante Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón. Según esas mediciones, cualquiera de los dos puede ser el próximo sucesor del presidente Vicente Fox.
Mientras, algunos observadores consideraron que el hecho de este martes pudo tratarse de un autoatentado.
"Aunque lo sucedido genera dudas, de cualquier forma afectará a López Obrador y al proceso electoral", dijo a IPS el politólogo Daniel Gutiérrez, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En ese sentido, Gerardo Fernández, vocero del PRD, señaló en un comunicado que, aunque "es duro decirlo, debe investigarse la posibilidad de una provocación o de un montaje".
"De igual manera, debe encontrarse y sancionarse a los culpables, en caso de haber sido un atentado", expuso.
Carlos Navarrete, ex secretario general de esa agrupación y actual candidato a senador, aseguró, sin aportar pruebas, que el ataque a la familia Ahumada fue planeado para afectar a su partido.
El empresario y su familia acusan a López Obrador de persecución política, mientras el candidato afirma que Ahumada "sólo es un instrumento" de sus enemigos políticos.
El factor Ahumada no había jugado hasta ahora en la campaña electoral del candidato izquierdista, quien renunció a la alcaldía capitalina en 2005 con alto niveles de aprobación ciudadana para dedicarse a la campaña electoral. No obstante, y a menos de un mes de los comicios presidenciales, vuelve a escena.
El alcalde interino de la capital, Alejandro Encinas, acusó a Ahumada de querer chantajear a su administración con la difusión de nuevos videos. La intención del empresario apuntaría a obtener beneficios jurídicos en el proceso penal que se le sigue.
Al referirse al presunto atentado contra la familia del empresario, el portavoz del gobierno mexicano, Rubén Aguilar, declaró que "lamenta ese tipo de hechos y los condena de manera tajante, sobre todo cuando se trata de hechos que supuestamente intentan coartar las libertades (difundir los videos)".
Según Aguilar, el incidente genera tensión política, pero sostuvo que se trata de un hecho aislado. A su entender, están dadas todas las condiciones para que se den de forma adecuada y pacífica las elecciones del 2 de julio.
