Si ratifica el tratado de libre comercio con Colombia, Estados Unidos premiará graves y continuas violaciones de derechos humanos en un país donde mueren más sindicalistas por año que en todos los demás juntos, advierten activistas.
"Es vergonzoso tener un acuerdo de libre comercio con un país que permite que los sindicalistas sean asesinados impunemente", dijo Bob Perillo, autor del informe "La lucha por los derechos de los trabajadores en Colombia", del AFL-CIO Solidarity Centre con sede en Washington.
AFL-CIO son las siglas de la principal central sindical del país norteamericano, la Federación Estadounidense del Trabajo-Congreso de Organizaciones Sindicales.
Apenas 376 de los más de 3.000 asesinatos de sindicalistas colombianos asesinados entre 1986 y 2002 fueron investigados por las autoridades, y en tan solo cinco casos se hallaron los culpables, según el estudio de 84 páginas.
Las autoridades colombianas aseguran haber procesado 19 casos de trabajadores asesinados desde 1992, pero informes independientes indican que los juicios fueron inferiores al uno por ciento.
El columnista Harold Meyerson, del diario The Washington Post, calificó el acuerdo comercial propuesto de "ridículo". "Mata a un sindicalista en Colombia y tendrás tantas posibilidades de ir a prisión como de que te caiga un rayo", comentó.
Sólo el año pasado, 70 sindicalistas fueron asesinados, 260 recibieron amenazas de muerte, 56 fueron detenidos arbitrariamente, siete sobrevivieron a atentados con explosivos y armas de fuego, seis fueron secuestrados y tres, desaparecidos.
En 2004, 99 fueron asesinados principalmente por causas vinculados con conflictos por negociaciones colectivas o huelgas.
"No siempre es posible establecer el motivo de los ataques a los miembros de un sindicato, pero al analizar estos actos violentos surge que en su mayoría están directamente relacionadas con la participación de las víctimas en disputas laborales", sostiene el informe.
"Matamos sindicalistas porque interfieren con los empleados que están trabajando", dijo, según el estudio, Carlos Castaño, el desaparecido líder de las paramilitares y ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia, que reúnen a varios grupos paramilitares.
El informe, divulgado el 15 de este mes, asegura que muchas empresas notorias por reprimir a sindicalistas usan el conflicto armado para encubrir ataques contra los trabajadores.
Existen acusaciones verosímiles, según el reporte de AFL-CIO, de que paramilitares fueron contratados para intimidar o dañar físicamente a los sindicalistas.
La Declaración Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobada en 1998, considera derechos humanos incuestionables la libertad de asociación y sindical y la negociación colectiva.
Pero los trámites legales, políticos y administrativos que rigen en Colombia obstaculizan la organización sindical y ofrecen poco o ningún apoyo a los dirigentes obreros cuando las disputas laborales terminan en la justicia.
La legislación restringe seriamente los derechos de los trabajadores en negociaciones colectivas y en resolución de huelgas, indica el informe.
Además, más de la mitad de los trabajadores de ese país tienen un sueldo inferior al salario mínimo y 85 por ciento gana menos a dos salarios mínimos. El desempleo fue en 2005 de 12 por ciento de la fuerza de trabajo.
Como consecuencia de eso, "casi 59 por ciento de la población activa trabajaba en la economía informal, en la que solo alrededor de 45 por ciento de los trabajadores tenían cobertura de salud y sólo 12,5 por ciento integraban algún plan de pensión", indica el documento.
La Declaración de la OIT, ratificada por Colombia, también exige que se eliminen efectivamente todas las formas de trabajo forzoso, incluyendo el trabajo infantil y la discriminación respecto del empleo y la ocupación.
Pero el informe advierte que al menos 2,5 millones de menores trabajaban el año pasado en Colombia. Únicamente 38 por ciento de ellos asistían a centros de estudio y casi 15 por ciento de todos los niñas y niños colombianos trabajaban fuera de sus hogares.
Además, la no gubernamental Escuela Nacional Sindical de Colombia indicó en una investigación realizada el año pasado que las mujeres ganaban en promedio 30 por ciento menos que los hombres.
Según ese reporte, 15 mujeres sindicalistas fueron asesinadas el año pasado, a lo que se suman dos intentos fallidos.
Por otra parte, 102 recibieron amenazas de muerte, 10 fueron detenidas arbitrariamente, se registraron 15 casos de acoso y persecución de mujeres por su actividad sindical, siete debieron abandonar sus hogares a causa de la violencia y una fue secuestrada.
Por su parte, la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) sostuvo en otro informe que "Colombia presenta la situación humanitaria y de derechos humanos más crítica de la región".
HRW considera que ese país sufre la peor crisis de desplazados internos después de Sudán.
Los más afectados son niños, niñas y jóvenes, pues un cuarto de los combatientes irregulares de Colombia tienen menos de 18 años.
Alrededor de 80 por ciento de los menores que integran algún grupo armado pertenecen a los dos grupos guerrilleros de ese país, —las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)—, y el restante 20 por ciento combate en filas paramilitares.
Al menos en los papeles, el gobierno colombiano ha tratado de desmovilizar a los grupos paramilitares. El año pasado se aprobó la Ley de Paz y Justicia, que incluye un controvertido programa de sentencias reducidas para los paramilitares responsables de crímenes si participan en el proceso de desmovilización.
Pero "la ley no logró incluir mecanismos efectivos para desmantelar a los grupos armados del país, cuya financiación procede en gran parte del tráfico de drogas. Tampoco pudo satisfacer los principios internacionales de verdad, justicia y reparación para las víctimas", dice el Informe Mundial 2006 de la organización Human Rights Watch.
Estados Unidos históricamente ha sido un importante socio comercial de Colombia.
Las exportaciones de ese país, cuya economía es la cuarta en América Latina, además de ser uno de los mayores productores de petróleo de la región, ascendieron a 5.400 millones de dólares, mientras sus importaciones alcanzaron en total 3.300 millones de dólares en 2002.
El Solidarity Centre indicó que "las negociaciones comerciales resultaron en un tratado que ofrece escasa protección a los derechos humanos". El acuerdo debe aún ser aprobado por el Congreso legislativo de Estados Unidos.
El hecho de que "el movimiento sindical de Colombia, con más de un millón de miembros, funcione a pesar del constante terror de los paramilitares y de la indiferencia (cuando no complicidad) del gobierno, da testimonio sobre los innumerables actos heroicos que se viven a diario" en ese país, escribió Meyerson la semana pasada.
"El movimiento sindical no está entusiasmado con el tratado comercial propuesto por temor a que la agroindustria estadounidense debilite la economía agrícola de Colombia no vinculada a la droga, mientras que no hará nada respecto de la pésima situación de los derechos laborales. Para el promedio de los colombianos el acuerdo insultaría aún más lo que muy a menudo ya es un daño mortal".
