Actos de saqueo y de violencia en Santiago y otras ciudades de Chile empañaron el paro convocado por los estudiantes secundarios, que fue acatado por unos 700.000 alumnos de la enseñanza media, así como unos 100.000 universitarios y 80.000 profesores que adhirieron a la movilización.
En un nuevo gesto hacia los estudiantes, la mandataria anunció que este martes enviará al parlamento un proyecto de reforma constitucional para consagrar "el derecho de todos a una educación de calidad", lo cual, subrayó, "no se opone a la libertad de enseñanza".
Dirigentes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) reiteraron que su llamado fue a una paralización pacífica y de reflexión y deslindaron responsabilidades sobre los actos de violencia, atribuidos a grupos anarquistas y de extrema izquierda que usualmente actúan con el rostro cubierto.
La situación se tornó crítica al promediar la tarde en el centro de Santiago, cuando una turba estimada en unas 2.000 personas, en su mayoría adultos procedentes al parecer de barriadas marginales, aprovecharon las manifestaciones estudiantiles para destruir vitrinas y saquear tiendas en los pasajes peatonales Ahumada y Puente.
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Pese a los emplazamientos de la oposición derechista, Bachelet ratificó la gira al exterior que iniciará este jueves, que incluye Estados Unidos y naciones del Caribe, que incluye conversaciones en Washington con su par George W. Bush.
La Unión Demócrata Independiente y el Partido Renovación Nacional, las dos colectividades de la derecha, pidieron que el ministro de Educación, Martín Zilic, comparezca este martes ante la Cámara de Diputados en la sede del Congreso legislativo en el puerto de Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago.
En Valparaíso, precisamente, se registró una pacífica marcha de 12.000 estudiantes y maestros, quienes llegaron hasta el parlamento para entregar una carta abogando por soluciones a las demandas de la ACES de restituir un mayor protagonismo al Estado en la política y la gestión del sistema educacional.
En contraste, en Concepción, 515 kilómetros al sur de la capital, la tercera ciudad en importancia de este país sudamericano de 15,6 millones de habitantes, hubo al igual que en Santiago hechos de violencia protagonizados por una treintena de encapuchados que levantaron barricadas en una calle.
Como es habitual en estas situaciones, las fuerzas antimotines de la policía de Carabineros arremetieron con los carros hidrantes y lanzaron bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes más radicales, que arrojaban piedras, pinturas y bombas molotov a los efectivos policiales.
"Ha sido terrible. Los gases lacrimógenos hicieron el aire irrespirable y hubo mucha gente desmayada", dijo a IPS Norberto Rodríguez, un comerciante ambulante que fue testigo de la acción policial en la Plaza de Armas, donde desembocan los paseos Puente y Ahumada.
"Hemos dado instrucciones de actuar con prudencia, pero con firmeza", dijo el general de Carabineros Jorge Acuña, jefe de las fuerzas policiales en Santiago, al justificar la represión hacia las turbas que atacaron y saquearon una librería, una farmacia, una tienda de departamentos y otros establecimientos comerciales.
Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile instalaron una posta en la casa central de esa entidad estatal de estudios superiores, situada en la Alameda Bernardo O'Higgins, la principal avenida capitalina, frente al Paseo Ahumada.
"Hemos instalado una especie de policlínico y hemos atendido a más de 100 personas, jóvenes, adultos, niños e incluso periodistas con síntomas de asfixia y desmayos por los gases lacrimógenos", dijo a IPS Ana Arancibia, estudiante del segundo año de Medicina.
El llamado que hizo el domingo el izquierdista Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), a una marcha de protesta el lunes por el centro de Santiago contribuyó a aumentar la tensión, pese a que la manifestación convocó hacia el final de la tarde a menos de 500 personas dispersadas sin grandes esfuerzos por la policía.
"Ellos (el FPMR) están en su legítimo derecho a hacer estas convocatorias", dijo Karina Delfino, una de las voceras de la ACES, precisando que "ellos deben hacerse responsables de eso (posibles hechos de violencia), ya que no es nuestra responsabilidad como dirigentes estudiantiles".
El FPMR, creado a comienzos de los años 80 bajo el régimen del general Augusto Pinochet (1973-1990), cobró notoriedad en septiembre de 1986 con un fallido atentado al entonces dictador, pero perdió influencia con el retorno a la democracia en marzo de 1990 y hoy convoca solo a segmentos juveniles.
La ACES, una asamblea de dirigentes que reúne a jóvenes de las más diversas tendencias políticas, actuó con una ejemplar unidad desde que comenzaron las movilizaciones estudiantiles a mediados de mayo, con demandas de gratuidad de los pasajes en autobuses y en el Metro (ferrocarril metropolitano), como primera reivindicación.
A estos pedidos se sumaron luego la gratuidad también de la prueba de ingreso a las universidades, así como la revisión del régimen de jornada escolar completa y, sobre todo, la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), que el dictador Pinochet promulgó el 10 de marzo de 1990, un día antes de dejar el poder.
La LOCE consagró las políticas de mercado en el sistema educacional, con el traspaso a los municipios de los colegios del Estado nacional, la creación de escuelas privadas con subvención fiscal y el estímulo a la creación de universidades privadas, cuyo número sobrepasa actualmente al de las universidades estatales.
En sus anuncios del jueves, Bachelet prometió aumentar en 500.000 el número de raciones alimenticias gratuitas en los colegios, mejoras en infraestructura en 500 establecimientos educacionales y reposición de mobiliario en otros 1.200 y amplió a las 24 horas, los siete días de la semana, el uso del pase escolar en el transporte, con una tarifa equivalente a 30 centavos de dólar.
La presidenta anunció igualmente un aumento de los subsidios familiares y más bonificaciones para las prácticas de los colegios técnicos, así como becas para que 155.000 estudiantes de familias de bajos ingresos puedan rendir gratuitamente la prueba de selección de ingreso a las universidades.
En los puntos medulares, ofreció reformas a la LOCE, así como la creación de una superintendencia que vele por la calidad de la educación, pero rechazó la idea de restituir al Estado los colegios traspasados a los municipios, defendiendo la "descentralización" del sistema de enseñanza.
Estos anuncios, considerados por algunos dirigentes estudiantiles y asociaciones de apoderados como sustantivos avances, podrían debilitar al movimiento, aunque los líderes de la ACES reiteraron que no existía un desgaste de la lucha, que ha movilizado a 20 por ciento de los 3,5 millones de la enseñanza básica y media de este país.
En su asamblea de este martes, la ACES tendrá que resolver sobre el levantamiento del paro y también el regreso a la mesa de negociaciones con el ministro Zilic para reanudar el diálogo interrumpido el viernes.
