A los cultivos de coca en Colombia se sumaron el año pasado 6.000 hectáreas, el mayor incremento en cuatro años, según informó la ONU. Pero las alternativas que proponen los campesinos no son atendidas por el gobierno.
A pesar de la destrucción sin precedentes de 170.780 hectáreas de sembrados en 2005 y de 142.786 en 2004, los cultivos aumentaron ocho por ciento de un año al otro, de 80.000 a 86.000 hectáreas, informó la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (UNODC).
La producción de esos cultivos equivale a 0,7 por ciento del producto interno bruto (PIB) de Colombia y a seis por ciento del producto agrícola sin deducir los costos. Tal superficie alcanza para fabricar 640 toneladas de cocaína.
Este país es el principal exportador de cocaína, con un potencial de producción equivalente a 70 por ciento del mercado mundial, según UNODC.
"Este es el primer incremento (de cultivos) luego de cuatro años consecutivos de descenso en Colombia", reza el estudio de la agencia de la ONU. El potencial de producción de cocaína aumentó entre 11 y 16 por ciento.
El gobierno de Álvaro Uribe aseguró haberse incautado de 188 toneladas de cocaína en 2004 y, según cálculos preliminares, 173 en 2005, es decir 32 por ciento del total mundial de decomisos, la cifra más alta reportada por país alguno.
La controvertida fumigación aérea de cultivos de coca con una mezcla potenciada del herbicida glifosato aumentó dos por ciento, con lo que abarcó 138.780 hectáreas, Las restantes 32.000 hectáreas fueron erradicadas manualmente.
El ministro del Interior y de Justicia de Colombia, Sabas Pretelt, argumentó que la superficie cultivada sería aun mayor de no ser por la fumigación. El gobierno calculó que la siembra de coca destruye al año 100.000 hectáreas de selvas y bosques.
Pero los críticos de las fumigaciones alegan que, dada la dispersión de los cultivos de ese arbusto, para erradicar una hectárea se fumigan, como mínimo, ocho.
"El glifosato no distingue" entre los cultivos de coca y los demás, "y afecta la salud humana", dijo a IPS el campesino Heraclio Hormiga, ex concejal (legislador local) de Mesetas, al norte de la Serranía de La Macarena, en el central departamento de Meta.
La Macarena, formación más antigua que los Andes declarada parque natural y considerada banco genético único en el mundo, está amenazada por cultivos de coca.
Expertos coinciden en que la droga es hoy el combustible de la guerra colombiana iniciada en la década de los 40, y que el narcotráfico influye en todos los bandos en pugna: guerrillas izquierdistas, paramilitares ultraderechistas y fuerza pública.
Entre 2000 y 2005, el gobierno estadounidense dedicó a la guerra antidrogas en la nación andina unos 4.000 millones de dólares en el marco del denominado Plan Colombia, cuyo objetivo declarado es la pacificación y el desarrollo del país.
El Plan Colombia se desdobló en 2004 en el Plan Patriota de combate a la insurgencia, encabezada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), declaradas este año por el Departamento de Estado (cancillería estadounidense) como el mayor cartel narcotraficante.
Los anteriores picos históricos de áreas cultivadas se registraron en 1999, 2000 y 2001, años que coincidieron con las frustradas negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC y con la expansión de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandadas por capos del narcotráfico.
En 2002, cuando las autoridades declararon la guerra total contra las FARC y, al mismo tiempo, comenzaron a plantear la desmovilización de las AUC, la reducción efectiva de cultivos fue de 42.000 hectáreas, con lo que el área sembrada llegó a dimensiones similares a las de 1998.
El derechista Uribe, reelecto en mayo y de visita en Washington la semana pasada, pidió a su par estadounidense George W. Bush aumentar el financiamiento de la fumigación, que el colombiano aspira a duplicar.
Uribe también solicitó la ampliación de las preferencias arancelarias de Estados Unidos a países andinos, establecidas con el objeto alentar la lucha antidrogas y que expiran este año.
El campesino Héctor Torres, coordinador de derechos humanos de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Río Güéjar (Asogüéjar), en plena zona de guerra donde opera el Plan Patriota, observó largamente el mapa de cultivos de coca en los alrededores de La Macarena publicado por UNODC y que incluye su región.
"El cultivo de la hoja de coca crece como va creciendo la pobreza en este país", comentó a IPS. "Mientras exista falta de garantías en materia de trabajo y de oportunidades de vida, la población campesina más desprotegida tiene que inclinarse por los cultivos de uso ilícito."
Asogüéjar propuso al gobierno en septiembre pasado una estrategia de erradicación de cultivos de coca, que incluye la construcción de caminos y de centros de salud, educativos y de acopio, la asignación de créditos blandos y la entrega de semilla y de ganado.
Torres consideró que con ese aporte del gobierno "los campesinos tendrían la oportunidad de sustituir los cultivos de uso ilícito por otros que inmediatamente entren a producirle al campesino para subsistir", relató Torres.
"El gobierno ha respondido con erradicaciones y fumigaciones", se lamentó. Sin embargo, una fuente estatal informó a IPS que existen acercamientos con las organizaciones campesinas de la región.
"Este año fuimos sorprendidos por una cantidad de paramilitares desmovilizados que llegaron a la zona", según Torres.
Pretelt dijo el martes, ante una consulta de IPS, que el gobierno cifra fuertes esperanzas en la erradicación manual de coca a cargo de combatientes desmovilizados de las AUC.
Pero a Torres le preocupa otra cosa: "Además de acabar con los cultivos de uso ilícito, que es lo que le está dando de comer a la gente, han acabado con animales de corral, con el ganado, han violado mujeres, han violado hombres."
"Se han cometido por parte de algunos batallones (del ejército) ejecuciones extrajudiciales en la zona", agregó, sin dar más detalles sobre la autoría de los otros hechos.
Para Torres, la erradicación forzosa de cultivos ilícitos "no conduce a mejorar la calidad de vida de las comunidades ni al respeto por los derechos humanos en estas zonas agrarias". La política gubernamental está dirigida a "despoblar estas zonas" y por eso, a pesar de las violaciones de derechos humanos, Asogüéjar está comprometida con la permanencia en la región, aseguró.
Antonio María Costa, director ejecutivo de UNODC, enfatizó que Colombia, Perú y Bolivia, los tres productores andinos de hoja de coca, necesitan que la ayuda internacional se multiplique "al menos por 10 para poder proveer a cocaleros pobres de medios de vida alternativos sostenibles", apoyo que por ahora se hace a "muy pequeña" escala.
Esto no sólo reduciría la pobreza sino la oferta mundial de cocaína, según UNODC, que estableció una "obvia asociación geográfica entre subdesarrollo rural y cultivo de coca", aunque reconoce causas múltiples.
UNODC calcula que en Colombia 68.600 familias se dedican a la producción de coca, lo que les aporta un ingreso de 2.500 dólares por persona, "bastante por debajo del PIB promedio por persona, lo que confirma que los campesinos cocaleros pertenecen a la parte económicamente más pobre de la población".
Según la estatal Misión para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad, la pobreza rural aumentó de 67,5 por ciento de la población en 2004 a 68,2 por ciento en 2005, afectando hoy a más de ocho millones de personas. Más de tres millones de personas viven en condiciones de extrema pobreza.
El PIB agrícola se redujo 0,89 por ciento entre 2000 y 2004, según UNODC.
Un estudio realizado en conjunto por UNODC y el gobierno colombiano el año pasado señala que 55 por ciento de los cocaleros se dedica a esta actividad ilegal, a pesar de los riesgos, por razones económicas, que incluyen la rentabilidad del cultivo y la facilidad de su comercialización.
"Otro 28 por ciento adujo no tener otra opción", según el estudio, que revela que apenas el 9 por ciento de los cultivadores ha recibido algún tipo de asistencia para dejar de sembrar plantas de coca.
"De hecho, solo unos 6.800 hogares están siendo asistidos por UNODC en el país a través de proyectos de desarrollo alternativo", que cultivan cerca de 80 mil hectáreas de productos lícitos, equivalentes a las hectáreas que se dedican a la droga, según el informe presentado por la ONU el martes.
El programa gubernamental Familias Guardabosque cubre a 31.000 beneficiarios, con el objetivo de incentivar a las comunidades a mantener sus territorios libres de de coca, al tiempo que son asesoradas en proyectos productivos sustentables.
El programa paga mensualmente 265 dólares a cada familia durante tres años, según lo que se dice en el papel. Pero para el líder campesino Eduardo Viuche "se prometen unas cosas, se comienza el programa y resulta que, cuando vamos a la realidad, no se cumple".
Viuche era alcalde de Montañita, en el meridional departamento de Caquetá, cuando se registraron grandes marchas cocaleras en 1996. La protesta fue desactivada con la firma de varios compromisos por parte del gobierno.
"En los acuerdos se hablaba de mejorar las vías, de electrificación, y eso nunca se ha cumplido. Debido a eso la gente ya no cree en las promesas que le hace el gobierno", dijo a IPS.
"Ya le hemos planteado muchas veces propuestas al gobierno y el gobierno no responde. Y mientras tanto el problema se sigue prolongando día tras día, cada vez peor. La gente ya no cree", agregó. FIN 2006
