Organizaciones ecologistas de Argentina reclamaron este lunes al presidente Néstor Kirchner concretar su promesa de poner la cuestión ambiental entre las prioridades de gobierno. También presentaron medidas a aplicar en forma inmediata para avanzar en el desarrollo sustentable.
Un mes después del acto en la oriental provincia de Entre Ríos, donde Kirchner, junto a gobernadores provinciales y frente a una convocatoria multitudinaria, anunció su compromiso de trabajar mancomunadamente "para que el desarrollo sostenible sea una política de Estado", el gobierno centroizquierdista aún no puso en marcha ninguna medida en ese sentido.
El único gesto hasta ahora del Poder Ejecutivo fue proponer el cargo de Secretario de Ambiente al diputado Héctor Polino, vinculado a organizaciones de la sociedad civil. Pero el Partido Socialista, al que pertenece este legislador, le recomendó declinar la oferta.
Ante esa falta de avance, 13 entidades no gubernamentales aprovecharon la celebración este lunes del Día Mundial del Medio Ambiente para proponer al gobierno una agenda de acciones concretas.
"Las recomendaciones sólo procuran poner el acento en algunos de los más urgentes y emblemáticos temas ambientales a los que hay que dar respuesta inmediata", dicen.
Las organizaciones propusieron elevar la Secretaría de Ambiente a la categoría de ministerio, dar prioridad a un plan de ordenamiento territorial con énfasis en urgentes medidas para frenar la tala de bosques nativos, e impulsar una ley nacional que obligue a hacer estudios de impacto ambiental ante cada proyecto de inversión y desarrollo.
También piden la sanción de normas de reconversión para la industria de celulosa y fabricación de papel, para que se incorporen las tecnologías más limpias existentes en el mundo, y poner en marcha un organismo interjurisdiccional y único para sanear y gestionar la cuenta Matanza Riachuelo, del curso fluvial que desemboca al sur de Buenos Aires en el Río de la Plata y es hoy la más contaminada del país como.
La propuesta, titulada "El ambiente: una cuestión de Estado", fue firmada por la Asociación Ecologista Cuña Pirú, de la nororiental provincia de Misiones, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), de Buenos Aires, y la Fundación para la Defensa del Ambiente, de la provincia central de Córdoba.
También tiene respaldo escrito de Greenpeace Argentina, Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA), Fundación Proteger, de la oriental provincia de Santa Fe, Fundación Proyungas, del noroeste argentino, Fundación Patagonia Natural, del sur del país, y Fundación Finisterrae de la austral provincia de Tierra del Fuego, entre otras.
En diálogo con IPS, Jonás Béccar Varela, de la FVSA, explicó que la propuesta responde al desafío del propio presidente y de los gobernadores provinciales en el acto realizado el 5 de mayo en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, epicentro de la resistencia a la instalación de dos plantas de celulosa en la costa oriental del río Uruguay.
Los vecinos de Gualeguaychú rechazan con protestas —entre las que se incluyó el bloqueo de una ruta internacional durante buena parte del verano austral— la construcción de sendas fábricas de la Empresa Nacional de Celulosa de España y de la finlandesa Botnia en las proximidades de la ciudad uruguaya de Fray Bentos, sobre el río limítrofe con Argentina.
La instalación de estos proyectos de inversión extranjeros y su consecuente impacto ambiental ha motivado un conflicto inédito entre Uruguay y Argentina, que ha llegado hasta la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, para que dilucide la controversia.
En el acto de hace un mes, Kirchner prometió un crecimiento con equidad "que incorpore la dimensión ambiental en todas las acciones de gobierno y eleve los estándares actuales de cuidado del ambiente".
"Las condiciones están dadas para que el gobierno tome en cuenta esta cuestión, y por eso sugerimos una serie de temas que son urgentes para que la preocupación ambiental pase del discurso a la acción", explicó Becar Varela.
Por su parte, Andrés Nápoli, de FARN, sostuvo que el conflicto con Uruguay por la radicación de las plantas creó las condiciones para comprometer al gobierno con una política ambiental. "Por eso nos pareció oportuno que en este Día Mundial del Medio Ambiente ofrezcamos medidas urgentes", dijo.
Vecinos y ambientalistas de Gualeguaychú se movilizaron para resistir la instalación, lo cual obligó al gobierno provincial y nacional pedir que se dirima este conflicto bilateral en la Corte de La Haya, que esta semana escuchará los planteos de ambos países..
Los activistas sostienen que la Secretaría de Ambiente, que hoy depende del Ministerio de Salud, debe ser elevada a la categoría de cartera de Estado "con competencia efectiva y protagonismo en todos los temas de implicancias ambientales" y recuperando competencias delegadas en las provincias.
Para las organizaciones no gubernamentales, el Estado nacional debería retomar influencia en materia de conservación y áreas protegidas y en la gestión de recursos hídricos, y debe además tener capacidad de incidir en el diseño, aprobación y control de obras de infraestructura y planes de desarrollo pesquero, forestal, agrícola y minero.
Respecto de la prioridad al ordenamiento territorial, Nápoli explicó que existe una ley, pero que no se aplica por falta de consenso entre los sectores y jurisdicciones que deben intervenir en las decisiones. "Sin la aplicación efectiva de esta herramienta, no se puede saber hacia donde vamos en materia ambiental", alertó.
También se pide una norma de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental que no existe a nivel nacional. "Las provincias tienen ese tipo de leyes, pero no hay una norma federal y entonces el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios impulsa un plan de obras públicas sin ningún estudio previo de impacto socio-ambiental", advirtió.
Finalmente, los ambientalistas plantearon la necesidad de crear "un organismo único interjurisdiccional y participativo" para sanear y gestionar la cuenca Matanza Riachuelo, que marca el límite sur de la capital argentina y que fue considerada por las entidades como un "monumento nacional a la contaminación".
