Por lo menos un millón de personas han muerto por armas de bajo calibre desde 2001, cuando los gobiernos adoptaron un plan para reducir su circulación ilícita. Ahora, delegados de todo el mundo se reúnen otra vez para determinar qué está fallando.
Las discusiones en la Conferencia de Examen de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Armas Pequeñas, que se desarrolla desde el lunes y hasta el 7 de julio en Nueva York, están marcadas por los datos incluidos en el «Informe sobre Armas Pequeñas 2006», del independiente Instituto para Estudios Internacionales de Posgrado, con sede en Ginebra.
El objetivo del encuentro es evaluar los progresos desde que los gobiernos adoptaron hace cinco años el Programa de Acción para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de este tipo de armamento.
El lunes, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, recibió la Petición Un Millón de Rostros, hecha con las firmas y las fotografías de personas de 160 países, y que representa el número de víctimas fatales de las armas pequeñas desde que se lanzó el Programa.
«Un cuarto del comercio anual mundial de estas armas, estimado en 4.000 millones de dólares, sería ilícito. Su continua proliferación agrava los conflictos, promueve el flujo de refugiados, socava el imperio de la ley y promociona una cultura de violencia e impunidad», señaló Annan.
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Las armas pequeñas y livianas son aquellas que pueden ser trasladadas por una o dos personas, o cargadas en vehículos pequeños.
Según la clasificación de la ONU, las armas pequeñas o de uso personal incluyen los revólveres, pistolas automáticas, escopetas, fusiles y ametralladoras. Las ligeras, que pueden ser usadas o transportadas por dos personas, comprenden ametralladoras pesadas, lanzagranadas, morteros, armas anti-tanques, lanzacohetes y lanzamisiles antiaéreos portátiles.
Aunque se encuentran disponibles más de 600 millones de estas armas —tanto en mercados legales como en el contrabando— no existe ningún tratado internacional que controle la incesante proliferación global de esta clase de armamento.
El estudio divulgado esta semana indica que existen unas 200 millones de armas de fuego modernas en propiedad de gobiernos, pero solamente ocho por ciento son formalmente reconocidas. El rifle de asalto AK-47 es la más numerosa en el inventario mundial de armas pequeñas militares, con una producción total de entre 70 millones y 100 millones desde 1947.
Estados Unidos es por lejos el mayor importador y exportador oficial de armas pequeñas y ligeras. En 2003, sus ventas sumaron 370 millones de dólares, y sus compras 623 millones.
Sin embargo, el estudio señala que muchos gobiernos no reportan una gran parte de sus exportaciones. Rusia, por ejemplo, vendió formalmente armas pequeñas y livianas por 40 millones de dólares en 2003, aunque las estimaciones indican que en realidad la cifra ascendería a unos 431 millones.
De los 26 principales países exportadores de este armamento incluidos en el estudio, Estados Unidos es el mayor importador, con compras a 20 países.
El «barómetro de transparencia» del informe incluye una lista con los principales exportadores de armas, y evalúa su desempeño en la entrega en tiempo y forma de información de aduanas a la Base de Datos Estadísticos de la ONU sobre Comercio de Mercancías.
Estados Unidos y Alemania recibieron las puntuaciones más altas, 20,5 y 19 respectivamente, de un posible de 25.
Por el otro lado, Corea del Norte, Israel e Irán tuvieron puntuación cero, ya que no aportaron ningún tipo de información a la base de datos de la ONU.
Algunos países, según el estudio, mantienen clasificados sus documentos sobre exportaciones e importaciones. La información sobre Irán, por ejemplo, debió ser compilada sobre la base de datos brindados por otras naciones.
«El entero comercio de armas no está suficientemente regulado», señaló a IPS Anthea Lawson, portavoz de la Red de Acción Internacional sobre Armas Pequeñas.
«Como en años anteriores, hay algunos exportadores que se presume tienen un importante papel en el comercio autorizado de armas pequeñas y livianas, pero sobre los cuales se sabe muy poco», afirmó.
«Entre estos están Bulgaria, China, Corea del Norte, Irán, Israel, Pakistán, Rusia y Singapur. Encontrar información sobre las exportaciones de armas pequeñas y livianas de estos países es muy difícil», agregó.
Allí reside el mayor desafío del Programa de Acción de 2001, según algunos expertos, para quienes prevenir y erradicar el comercio ilícito de estas armas será imposible si los países siguen manteniendo en secreto los registros de sus exportaciones e importaciones.
«Lamentablemente, no existen requisitos internacionales de transparencia a los cuales los países deban someterse», dijo a IPS la analista Rachel Stohl, del Centro para la Defensa de la Información.
«Necesitamos algún régimen de transparencia que identifique a los países que violan los embargos de armas de la ONU y siga las huellas de las que son usadas para violar los derechos humanos», indicó.
«Organizaciones no gubernamentales han presentado buenas propuestas, pero los gobiernos no hacen esfuerzos reales para aplicarlas», sostuvo por su parte James Paul, director ejecutivo de Global Policy Forum, organización que sigue de cerca las políticas adoptadas por la ONU.
El año pasado, el Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre Rastreo de Armas Pequeñas y Livianas Ilícitas, de la ONU, negoció con éxito la adopción del «instrumento internacional de rastreo» en la Asamblea General. Su objetivo es promover pautas mundiales para la marcación y seguimiento de los armamentos contrabandeados.
El instrumento «representa un modesto pero importante paso en los esfuerzos mundiales para abordar el problema de las armas pequeñas», según el estudio.
Sin embargo, la oposición liderada por Estados Unidos a la firma del instrumento como documento vinculante constituyó un obstáculo a su efectividad.
«El instrumento de marcación y rastreo es importante para hacer el seguimiento a las armas usadas en la perpetración de atrocidades y acciones criminales», sostuvo Lawson.
Egipto, Estados Unidos, Israel y Japón se oponían a la adopción de un documento vinculante, mientras que la Unión Europea y varios países de América Latina y el Caribe, y de África subsahariana, lo apoyaban.
