La aprobación del texto de la futura convención contra la desaparición forzada de personas y el borrador de una declaración sobre reconocimiento de los pueblos indígenas marcan las sustanciales decisiones iniciales del flamante Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En otra resolución, el cuerpo también extendió por otros dos años el mandato del grupo de trabajo que desde 2003 elabora un protocolo facultativo para dotar al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del sistema de quejas individuales que ya poseen otros tratados de derechos humanos.
Los pasos del Consejo, que inició sus sesiones hace justo 10 días, disiparon en principio las dudas acerca de un carácter meramente procesal y retórico que algunos críticos le habían atribuido por dedicar su primera semana a escuchar discursos de ministros y altos funcionarios de distintos países.
En cambio, el nuevo organismo de ONU (Organización de las Naciones Unidas), integrado por 47 países, no podrá desprenderse de la calificación de "provisional" que le endilgaron juristas como el español Carlos Villán Durán, codirector de la maestría de derechos humanos de la madrileña Universidad de Alcalá, a causa de que aplazará por un año toda decisión sobre los temas más críticos del nuevo sistema.
El Consejo se dispone a prolongar por únicamente un año el mandato de los mecanismos especiales, que comprenden relatores, expertos independientes y grupos de trabajo, dedicados al seguimiento de temas o de situaciones de países.
La misma suerte correrá la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, un organismo integrado por expertos independientes que prestaba servicios de asesoramiento a la Comisión de Derechos Humanos, eliminada en marzo para dar lugar al Consejo.
Villán Durán dijo esta semana en Ginebra, en un seminario organizado por el Centro Europa-Tercer Mundo, que la provisionalidad del Consejo surge también del hecho de que la Asamblea General de la ONU ha decidido revisar su estatuto a los cinco años de creación.
A pesar de la incertidumbre acerca de su futuro, el Consejo obtuvo este jueves el reconocimiento de sus estados miembros y de organizaciones no gubernamentales por la adopción de sus tres primeras resoluciones.
El presidente del organismo, el mexicano Luis Alfonso de Alba, destacó el carácter sustantivo de las decisiones, "lo cual es muy simbólico". Los tres han sido instrumentos en los cuales la comunidad de derechos humanos se encontraba trabajando desde hace mucho tiempo.
El diplomático resaltó que la aprobación por consenso de la convención sobre desapariciones fue recibida con muestras de gran emoción. Confío en que desde ahora, los ciudadanos del mundo adquirirán mayor conciencia del sufrimiento de las víctimas causado por las desapariciones, apuntó.
El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Jorge Taiana, quien encabezó la delegación de su país a la sesión del Consejo, recordó que la búsqueda de justicia o de algún instrumento que pudiera prevenir el delito de las desapariciones había comenzado 21 años atrás.
Sólo en Argentina, la represión ordenada por la última dictadura militar (1976-1983) hizo desaparecer a 9.000 personas, según datos recogidos para distintas causas judiciales ya en democracia, pero organizaciones humanitarias elevan esa trágica cifra hasta 30.000.
Desde 1980, la ONU ha transmitido a 90 países informaciones sobre las desapariciones forzadas de más de 50.000 ciudadanos. El número de casos denunciados en 2005 se elevó a 123.
El documento aprobado por el Consejo toma en cuenta los antecedentes de la Convención Americana sobre Desaparición Forzada.
En particular lo hace con los tres elementos que definen ese crimen: la privación de la libertad, su comisión por agentes del Estado y la negativa a dar información y su consecuencia de sacar a la víctima de la protección de la ley, refirió a IPS el representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina, Horacio Ravenna.
Taiana comentó que la aprobación es "un logro en la lucha contra impunidad y un paso hacia la justicia".
En cuanto a la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, el representante de Perú, Manuel Rodríguez Cuadros, la definió como "una decisión de la mayor importancia en la historia de los derechos humanos".
Victoria Tauli-Corpuz, de la Fundación Tebtebba, de Filipinas, dijo a IPS que el instrumento establece un estándar universal sobre los derechos de los pueblos indígenas que servirá de marco para el desarrollo de nuevas asociaciones y para entablar mejores diálogos con los gobiernos.
Para aquellos países que carecen de políticas o de legislaciones nacionales sobre los pueblos originarios, la declaración sentará las bases para formularlas, adelantó
Canadá y Rusia votaron en contra del proyecto de declaración, aunque sabemos que Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos tampoco son muy felices con ese texto, dijo Tauli-Corpuz.
Rodríguez Cuadros opinó que el documento atiende una demanda moral y "una suerte de convicción de resarcimiento histórico".
En el tema de la reparación, el texto defiende ese principio porque corresponde a la lógica del amparo internacional de los derechos humanos.
Toda agresión contra los derechos que implique un daño tiene que ser reparada o indemnizada, explicó el diplomático peruano.
Pero, aunque afirma el principio y el derecho, la declaración establece flexibilidad para que sean los estados, en diálogo con las poblaciones autóctonas, los que establezcan las modalidades de reparación.
El documento, que por primera vez en la historia de la humanidad reconoce los derechos de los pueblos indígenas, tiene carácter jurídico, pero no es vinculante y deberá ser aprobado por la asamblea general de la ONU, probablemente en noviembre próximo.
En el tema de la autodeterminación, que figura en el texto, algunos estados todavía recelan de esa expresión, porque la vinculan equivocadamente con el término autodeterminación nacional, explicó Rodríguez Cuadros.
La expresión insertada en el documento alude a la autodeterminación de decidir y de participar en la preservación y la creación de las propias instancias de gobierno local que pueden tener las poblaciones indígenas y que forman parte de procesos democráticos basados en la diversidad y el pluralismo, sostuvo.
El diplomático descartó que la declaración aprobada reconozca títulos de derecho internacional para reivindicar tierras que no están en posesión de las poblaciones indígenas.
Sin embargo, las poblaciones autóctonas que tienen una relación con sus tierras y territorios, no sólo económica sino también religiosa y espiritual, van a ver reafirmados los derechos que ya se les reconocen, sostuvo.
El documento simplemente ratifica el derecho sobre las tierras que ya poseen y contiene elementos como la prohibición del desplazamiento forzoso de sus lugares de origen y de su entorno natural, como también el derecho de los pueblos indígenas a participar de los beneficios de la explotación de los recursos naturales en las áreas de su asentamiento territorial, describió. (
