Mientras no se impida a los militares de Indonesia participar en negocios, el control civil sobre sus acciones será limitado y las violaciones a los derechos humanos continuarán, alertó este miércoles la organización Human Rights Watch (HRW).
El grupo presentó el informe "Un precio demasiado alto: el costo en derechos humanos de las actividades económicas de los militares indonesios", en el que denuncia que la tradicional independencia de las fuerzas armadas de ese país para hacer negocios ha propiciado extorsiones, confiscaciones de tierras y otras actividades ilegales.
También ha alimentado la violencia en zonas de conflicto como las provincias de Aceh (occidente) y Papúa (oriente), ricas en recursos naturales.
"Los negocios de los militares crean un obvio choque de intereses con su propio papel", señaló Lisa Misol, investigadora del Programa de Negocios y Derechos Humanos de HRW y autora del informe, de 136 páginas.
"En vez de proteger a los indonesios, los soldados usan la violencia y la intimidación para alcanzar sus objetivos económicos", agregó.
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Según una ley de 2004, las Fuerzas Armadas indonesias están obligadas desprenderse para 2009 de todos sus intereses comerciales. Se estima que participan de entre 200 y más de 1.500 negocios.
Pero las acciones del gobierno para alcanzar esta meta han sido hasta ahora "lentas, poco entusiastas e incompletas", según HRW, que insta al presidente Susilo Bambang Yudhoyono a "repensar radicalmente su enfoque".
La ley exige que las rentables empresas de los militares se transformen en compañías estatales, pero da luz verde a las fundaciones caritativas y a las cooperativas que han funcionado como fachadas de sus negocios, indica la investigación.
"Éste es el tipo de informe que requiere más difusión, porque las empresas militares no han recibido la vigilancia necesaria. No se ha hecho lo suficiente, en parte porque las personas no le prestan la debida atención" al problema, dijo Daniel Lev, experto en Indonesia de la Universidad de Washington, en la noroccidental ciudad estadounidense de Seattle.
El informe, elaborado sobre la base de una investigación de dos años con más de 200 entrevistas a funcionarios de gobierno, militares retirados y otros en actividad, expertos independientes, activistas y empresarios, fue divulgado semanas después de una visita hecha a Yakarta por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld.
Pese a los esfuerzos del Congreso legislativo estadounidense para poner topes a la ayuda militar y a las ventas de armas de Washington a Indonesia, el viaje de Rumsfeld confirmó las buenas relaciones entre los dos países.
El Departamento de Defensa busca mejorar los vínculos con las Fuerzas Armadas indonesias para asegurarse su cooperación en la "guerra contra el terrorismo" y contar con un contrapeso a la influencia de China en Asia.
"El ejército nunca tuvo que defender a Indonesia de un enemigo externo. Por eso, el pueblo indonesio se convirtió en el principal rival", dijo Lev a IPS.
"No puedes eliminar la corrupción del ejército a menos que estés dispuesto a cambiar al ejército mismo. Se necesita un fuerte liderazgo para hacer eso. El presidente es un hombre inteligente y simpático, pero carece de la suficiente voluntad", añadió.
Durante toda la historia de las fuerzas indonesias, sólo la mitad de su presupuesto ha provenido del gobierno. Aunque parte del resto procede de otras cuentas oficiales, con poca transparencia, la mayoría es obtenida por operaciones comerciales independientes, como "firmas de propiedad militar, alianzas informales con empresarios privados, a los que los militares ofrecen servicios, actividades criminales y corrupción", dice el informe.
"Si tu presupuesto cubre un tercio o la mitad de lo que necesitas, vas a robar el resto. Eso es lo que pasó" en Indonesia, sostuvo Lev.
"Una de las formas de resolver el problema es reducir el tamaño del ejército. Pero si intentas hacerlo, (los militares) ofrecerán una terrible resistencia, porque van a perder dinero", añadió.
Los militares arguyen que los fondos adicionales son usados para el bienestar de sus soldados, pero, en realidad, la gran parte de los ingresos van directamente a comandantes, a unidades especiales y a algunos efectivos en particular. La administración de ese dinero nunca es sometida a algún tipo de control.
Un método habitual para recolectar fondos es proveer seguridad a intereses privados, lo que deriva en violaciones a los derechos humanos.
Uno de los más notorios ejemplos fue el pago hecho por la gigante minera estadounidense Freeport McMoRan a unidades militares indonesias en Papúa para recibir protección en sus operaciones.
En Estados Unidos se inició una investigación federal para determinar si estos pagos se realizaron en base a extorsiones. En particular se sigue el caso de dos maestros estadounidenses secuestrados y asesinados en 2002 cerca de la mina de Grasnberg. Se trata de averiguar si fue un intento de extorsión a la compañía o una operación rebelde, como se informó originalmente.
Freeport admitió haber hecho los pagos, pero el gobierno indonesio aún no ha iniciado su propia investigación sobre los hechos.
En otro caso, una compañía minera en la provincia de Kalimantán Meridional, al sur de la isla de Borneo, apeló a los militares para conseguir trabajadores. Los soldados reunieron a mineros mediante violencia e intimidación, y luego gestionaron las ventas del carbón obtenido ilegalmente para su propio beneficio.
En casos similares, una serie de empresas militares en Kalimantán Oriental otorgaron concesiones forestales en tierras reclamadas por las comunidades indígenas, y luego exportaron ilegalmente la madera a Malasia.
En áreas de conflicto civil, los soldados con frecuencia han atacado a residentes y confiscando tierras, según HRW. En otros casos, los han estado involucrados en comercio ilícito y tráfico de drogas.
Estas operaciones derivan en hechos de violencia, como la masacre de civiles durante un ataque militar en Sumatra del Norte en 2002. Los responsables no han sido aún castigados, subraya el informe.
HRW concluyó que es "casi imposible" determinar el valor total de las actividades económicas de las Fuerzas Armadas de Indonesia, y "nadie, incluyendo a los altos mandos militares, tiene una idea cabal de las sumas manejadas".
