Organizaciones de derechos humanos aplaudieron este miércoles el informe del Consejo de Europa sobre entregas secretas de prisioneros de Estados Unidos a países que practican la tortura, pero Washington sembró dudas sobre su veracidad.
"Amnistía Internacional aplaude el informe (…), que deja claro que Estados Unidos tejió una 'tela de araña' de entregas al margen del estado de derecho, y que incluye desapariciones, detenciones arbitrarias, transferencias ilegales, torturas y otros maltratos", dijo Larry Cox, director de la filial estadounidense de esa organización.
Al mismo tiempo, el portavoz del Departamento de Estado (cancillería) estadounidense Sean McCormick cuestionó el estudio conducido por el senador suizo Dick Marty para el Consejo, que integran 41 países europeos. "Estamos, por cierto, decepcionados por su tono y por su contenido", dijo.
"Esto podría parecer la reiteración de anteriores esfuerzos de ese grupo. No veo ningún hecho nuevo sólido allí. Parece haber muchas acusaciones, pero no hechos reales", afirmó. Pero McCormick no negó explícitamente las revelaciones del informe.
Por el contrario, insistió en que las "entregas extraordinarias" de prisioneros ("extraordinary renditions", captura y transferencia extrajudicial de sospechosos de terrorismo a terceros países por parte de la CIA) eran una "práctica legal internacionalmente reconocida".
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Ése y otros mecanismos de "cooperación de inteligencia entre Estados Unidos y otros países en todo el mundo salva vidas en la guerra contra el terror", añadió.
La mayoría de los analistas creen que el principal objetivo de las entregas es interrogar a los prisioneros en países más tolerantes ante técnicas abusivas, incluida la tortura, que Estados Unidos o las naciones donde fueron capturados.
Según funcionarios estadounidenses, la CIA (Agencia Central de Inteligencia) nunca entrega sospechosos a agencias extranjeras sin garantías de que no serán torturados.
El informe del Consejo de Europa se basa fundamentalmente sobre registros de vuelos de aviones de la CIA desde y hacia ese continente, así como sobre el testimonio de algunas de las víctimas de las entregas extraordinarias.
La práctica se conoció por un informe publicado en noviembre pasado por el diario The Washington Post, según el cual la CIA no sólo usaba el espacio aéreo y los aeropuertos europeos para el transporte de los detenidos, sino que también administraba prisiones secretas en dos países de Europa oriental.
Ese trabajo periodístico ganó un premio Pulitzer, el más prestigioso de la prensa estadounidense, y dio pie a una investigación penal a cargo del Departamento (ministerio) de Justicia.
La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) identificó a Polonia y Rumania como los dos países donde la CIA habría instalado cárceles clandestinas. Los gobiernos de ambas naciones europeas rechazaron la acusación.
Amnistía aseguró que la CIA organizó para las entregas cerca de 1.000 vuelos a través de compañías de fachada. La mayoría surcaron espacio aéreo europeo y aterrizaron en aeropuertos de ese continente en su camino hacia Egipto y Jordania, países árabes aliados de Estados Unidos.
Los aviones también se dirigieron a la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba, donde Washington mantiene medio millar de prisioneros de su "guerra contra el terrorismo".
El suizo Marty acusó a 14 países europeos de complicidad con las entregas. Algunos fueron "responsables de la violación de los derechos de personas específicas", entre ellos Alemania, Bosnia-Herzegovina, Gran Bretaña, Italia, Macedonia, Turquía y Suecia.
Otros, fueron "responsables por connivencia activa o pasiva", como Chipre, España, Grecia, Irlanda, Polonia, Portugal y Rumania.
Todos esos países integraban, según Marty, la "tela de araña" de lugares en todo el mundo utilizados para facilitar las entregas que, a pesar de McCormick, eran "profundamente ajenas" a las normas internacionales, incluida la Convención Europea de Derechos Humanos.
Marty corroboró la acusación de HRW contra Polonia y Rumania como sedes de instalaciones de detención temporaria de prisioneros sospechosos de terrorismo, e identificó también a ocho países no europeos: Afganistán, Egipto, Jordania, Marruecos, Pakistán y Uzbekistán.
Los aeropuertos de Timisoara, en Rumania, y Szymany, en Polonia, eran puntos de "transferencia y entrega de detenidos", y los sospechosos eran "levantados" en Bosnia-Herzegovina, Italia, Macedonia y Suecia con conocimiento de cada gobierno.
Pero el informe pareció confirmar un punto en el que Estados Unidos insistió mucho: que su gobierno había informado sobre esas actividades a los gobiernos de los países involucrados.
"No está claro, aunque aún estamos lejos de establecer toda la verdad, que las autoridades de varios países europeos participaron activamente con la CIA en esas actividades ilegales", según el informe. "Otros países las ignoraron a sabiendas, o no quisieron saberlas."
