La dictadura militar de Birmania tiene tiempo hasta noviembre para poner fin al trabajo forzado al que somete a cientos de miles de personas. Al menos, eso es lo que exigió la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Pero antes, a fines de julio, la junta militar birmana deberá rendir cuentas sobre la liberación de civiles detenidos por presentar quejas por trabajo forzado en la oficina local de la OIT y terminar los procesos hoy en curso.
Para fines de octubre, la junta deberá tener implementado "un mecanismo creíble para atender los reclamos por trabajo forzado con todas las garantías necesarias de protección para los denunciantes".
Estos nuevos parámetros, a cuya concreción se comprometió la dictadura birmana, quedaron establecidos en la 95 Conferencia Internacional del Trabajo que concluyó en Ginebra el día 16 y en la que participaron más de 3.000 delegados de gobiernos, sindicatos y empresarios de todo el mundo.
Esta no es la primera vez que la junta es acusada de recurrir a formas abusivas de explotación del trabajo, muy próximo a la esclavitud.
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Su negativa a poner fin a esta situación llevó el año pasado a la Conferencia a considerar, por primera vez en su historia, que el caso birmano estaba conprendido en el artículo 33 de la carta constitutiva de la OIT.
Ese artículo faculta a los miembros de esta agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a imponer sanciones económicas a un país.
El representante de la OIT en Rangún, Richard Horsey, sostuvo que la presión internacional no servirá de mucho si el gobierno birmano se niega a cooperar.
"Myanmar (nombre que la junta militar da a Birmania) reafirmó ahora su voluntad de cooperar para enfrentarse con el trabajo forzado, y la Conferencia le indicó los pasos concretos que debe dar en esa dirección", dijo Horsey a IPS.
La imposición clave de la OIT a Birmania es "establecer un mecanismo creíble para atender las denuncias de trabajo forzado, que dará confianza a las víctimas y atacará la impunidad de los culpables", añadió.
Aye Myint es una de las víctimas que los delegados en la Conferncia Internacional del Trabajo tenía en mente al tomar la decisión. Este abogado birmano está preso por presentar demandas contra el trabajo forzado.
La activista de derechos humanos Su Su Nwe también demandó a las autoridades, pero fue liberada de la cárcel de Insein, en Rangún, a principios de junio, mucho antes de cumplir los 18 meses a los que fue condenada en octubre pasado.
Su liberación anticipada fue un intento de la junta por hacer buena letra antes de la Conferencia, según activistas exiliados.
"Cientos de miles de hombres, mujeres, niños y ancianos se ven obligados todos los días a trabajar contra su voluntad por los gobernantes militares birmanos. Negarse puede acarrear la prisión, la tortura, la violación o el asesinato", según la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres con sede en Bruselas.
"Oficiales del ejército emiten todos los días órdenes escritas de trabajo forzado", aseguró la Confederación. Las tareas incluyen la construcción de cuarteles, el traslado de municiones, la construcción de puentes y caminos, y el cultivo de tierras adquiridas por los militares.
La situación empeoró desde junio, informó Maung Maung, secretario general de la Federación de Sindicalistas de Birmania en entrevista telefónica. "Incluso en Rangún secuestran a personas para obligarlas a trabajar. Las envían a campamentos militares. Antes, eso solo sucedía en las provincias", afirmó.
La OIT calculó que unos 9,5 millones de personas sufren trabajo forzado en el área Asia-Pacífico, casi tres cuartas partes de los 12,3 millones de víctimas de este flagelo en todo el mundo.
En 1997, la junta militar se negó a colaborar con una investigación al respecto a pedido de la agencia internacional. El informe que a la postre emitió la OIT calificaba de "crimen contra la humanidad" la situación del trabajo forzado en Birmania.
En junio de 2000, la Conferencia Internacional del Trabajo enfureció a la dictadura al admitir que sus miembros podrían revisar su vínculo con Birmania.
Para evitar acciones perjudiciales por no acatar la Convención sobre Trabajo Forzado de 1930, de la que este país es ratificante, la junta permitió que la OIT abriera una oficina local en mayo de 2002 para evaluar el problema.
Pero el representante de la OIT en Rangún advirtió sobre obstáculos en su tarea, al punto que incluso él y su familia fueron amenazados de muerte en agosto y septiembre pasados.
"Antes de eso, mis denuncias eran informales, pues el mecanismo 'facilitador' que debía crearse por el acuerdo nunca fue implementado", relató. "En los últimos meses, la OIT no ha recibido la cooperación que esperaba de parte de Myanmar."
La declaración final de la Conferencia Internacional del Trabajo puede ser un indicador de lo contraproducente que puede ser para la junta que se reitere esa situación.
En noviembre, la Conferencia estableció estudiará si se alcanzaron avances 'tangibles y verificables' hacia el fin de los trabajos forzados. Y, entonces, podría determinar sanciones.
