Casi 28 años después de que la dictadura secuestró a José Poblete, a su esposa Gertrudis Hlaczik y a su hija, Claudia, la justicia argentina pudo comenzar el juicio a uno de sus captores. El entonces joven técnico tornero, al que le faltaban las dos piernas, sufrió un ensañamiento inusitado.
Poblete fue secuestrado en noviembre de 1978 en la oriental provincia de Buenos Aires. Casi al mismo tiempo se llevaron de su casa a su esposa y a la hija de ambos, de sólo ocho meses y quien luego fue entregada en adopción ilegal a un militar. Claudia fue identificada sólo 20 años después, pero sus padres aún permanecen desaparecidos.
Los acusados por este episodio son Julio Simón, alias "Turco Julián", hoy un suboficial retirado de la Policía Federal, y Antonio del Cerro, alias "Colores", el agente de inteligencia policial que falleció en abril cuando estaba encarcelado por otro delito.
Ambos se desempeñaban como represores del campo de concentración conocido como El Olimpo, que estaba ubicado en un barrio residencial de la ciudad de Buenos Aires.
Al comenzar este miércoles el juicio oral y público en Buenos Aires, Simón se negó a declarar, pero la fiscalía pidió emitir un video de un programa de televisión en el que el acusado admitía que "el criterio general ûen los centros de detención— era matar a todo el mundo" y reconocía además el uso de la tortura.
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En los años 90, Simón y Del Cerro se jactaban de haber torturado a detenidos ilegales aunque en sede judicial sus abogados los excusaban bajo el amparo de la llamada de "Obediencia Debida", sancionada en 1987 para frenar los juicios contra los uniformados que amenazaban con desestabilizar la democracia.
Poco después se promulgó la ley de Punto Final, que intentó cerrar el círculo en torno a la investigación y justicia de los miles de asesinatos, torturas y vejámenes durante los siete años de la dictadura instaurada en 1976 y que dejó el dramático saldo de 30.000 personas detenidas-desaparecidas, según cálculos de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Pero la norma de Obediencia Debida fue impugnada por primera vez en 2001, justamente ante los testimonios que dieron cuenta del horror vivido por Poblete. La sentencia del juez, en la que se establecía la inconstitucionalidad de la norma en cuestión fue confirmada en segunda instancia por la Cámara Federal en 2003, y por la Corte Suprema de Justicia el año pasado.
Por eso ahora, 28 años después de aquella pesadilla, la familia Poblete siente la satisfacción de haber alcanzado una meta al tener sentado en el banquillo a Simón.
"La justicia tarda pero llega. Este es el mensaje que queremos dejar a los jóvenes, que cuando se persevera en una causa justa finalmente se llega al final del camino", dijo a IPS Fernando Navarro Roa, hermanastro de la víctima.
En los centros clandestinos de prisioneros, como El Olimpo, los detenidos eran sumergidos de cabeza en el agua hasta el límite de su resistencia, se les aplicaba electricidad en todo el cuerpo, se los encadenaba y encapuchaba, eran sometidos a simulacros de fusilamiento y acosados por perros salvajes, entre otras torturas.
"¿Es posible que una ley de la Nación presuma que, en tales circunstancias, un sujeto dotado de discernimiento pudo no tener capacidad para revisar la legitimidad de una orden?", se preguntó el entonces juez federal Gabriel Cavallo al dictar por primera vez el fallo de inconstitucionalidad de la ley de Obediencia Debida.
Los testigos de las torturas recuerdan que Simón se paseaba por El Olimpo con un llavero que tenía grabada la cruz svástica, golpeaba a los prisioneros con cadenas y les arrojaba agua salada en las heridas.
Empero, el trato con Poblete fue más denigrante aún, al punto de que "repugna la conciencia universal", según la sentencia de primera instancia de Caballo.
Poblete había nacido en Chile y en 1970 sufrió un accidente de tren en el cual perdió las dos piernas. Un año después llegó a Buenos Aires para su rehabilitación y comenzó a militar en organizaciones cristianas. Tiempo después formó el Frente de Lisiados Peronistas, en el marco del hoy gubernamental Partido Justicialista, y se casó con Hlaczik.
Tras su secuestro, Simón y Del Cerro lo torturaron brutalmente. El juez de primera instancia obtuvo la confirmación de que sus secuestradores lo llamaban "cortito", aludiendo a su condición de lisiado, y lo arrojaban al suelo desde lo alto sabiendo que por la falta de miembros inferiores no podía evitar golpearse al caer.
Los sobrevivientes de El Olimpo recuerdan que la condición de discapacitado de Poblete no hacía más que aumentar el ensañamiento en su contra. Del Cerro obligaba a su víctima a quitarse las piernas ortopédicas y arrastrarse, y eso le divertía. También le pasaba corriente eléctrica por los muñones, aseguraron testigos.
"¿Puede suponerse que quienes secuestraron a Poblete y lo denigraron de esta manera actuaron cumpliendo órdenes superiores, no pudiendo resistirlas?", se preguntó el juez Cavallo. Su respuesta fue no y, la sentencia, marcó un nuevo camino para juzgar delitos contra la humanidad en Argentina, hasta ese momento impunes.
El proceso contra Simón y Del Cerro había comenzado en 1998 a raíz de una denuncia de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo por la apropiación ilegal de Claudia Poblete.
Los casos de apropiación de menores no estaban contemplados en la ley de Obediencia Debida y la organización creada a mediados de los años 70 para buscar a los nietos desaparecidos se apoyó en ese resquicio legal.
Por esa causa, los acusados fueron procesados y fueron a prisión. También se condenó a cárcel al ex teniente coronel Ceferino Landa y a su esposa, que se habían apropiado de la hoy joven. Fue dentro de este trámite que se presentó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la organización humanitaria aceptada como querellante y que marcó la contradicción en que se estaba incurriendo.
El CELS argumentó que se juzgaba a los imputados por la apropiación de la niña, pero se dejaba impune su responsabilidad ostensible en el secuestro, torturas y desaparición de sus padres. El juez aceptó entonces al organismo como parte de la querella y se pronunció por primera vez a favor de la inconstitucionalidad de la ley.
Ahora el caso llegó a la etapa de juicio oral que derivará en la seguramente primera sentencia de un caso de violaciones a los derechos humanos de un imputado, que gozó de impunidad hasta que se declaró la inconstitucionalidad de las leyes que alejaron de los tribunales por casi dos décadas a los represores de la última dictadura militar.
