La «guerra contra la corrupción», declarada por el presidente Fidel Castro a fines de 2005, alcanzó las más altas instancias del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC) con la pena a 12 años de privación de libertad aplicada a un ex miembro de la dirección del país.
Juan Carlos Robinson Agramonte, de 49 años y con una carrera de dos décadas en el Comité Central del PCC, fue procesado por el delito de "tráfico de influencias de carácter continuado", afirma una nota del Buró Político, el más alto órgano de dirección partidaria, publicada este miércoles por el diario oficial Granma.
"Quedó demostrado que Robinson Agramonte, en franco proceso de debilitamiento ideológico, con abuso de su cargo, olvido de sus altas responsabilidades y de la probidad exigida para un cuadro revolucionario, hizo uso de sus influencias con el propósito de obtener beneficios", se señala en el texto.
Con anterioridad, el 28 de abril, Granma había informado de la separación de Robinson Agramonte de las filas del PCC, el partido único en esta isla caribeña.
Según la versión oficial, el ahora ex dirigente había sido "criticado, advertido y exhortado" a superar sus faltas en más de una ocasión, pero, "lejos de asimilar las críticas", se hicieron más visibles las "manifestaciones de prepotencia y altanería, abuso de poder y ostentación del cargo, indiscreciones y reblandecimiento en sus principios éticos".
Observadores locales ven la sanción aplicada a Robinson como un "caso ejemplarizante", en un momento en que el gobierno cubano pretende eliminar diferentes tendencias que podrían conducir al deterioro del sistema socialista e, incluso, a su aniquilamiento "desde adentro".
La posibilidad de una "autodestrucción" fue reconocida por el presidente Castro, el 17 de noviembre pasado, y sirvió de base para impulsar una nueva "batalla contra la corrupción" y otros vicios, como el robo en empresas estatales, el desvío de recursos y los abusos de poder. "O vencemos el problema o morimos", alertó en esa ocasión.
La "ofensiva" incluyó la colocación de miles de trabajadores sociales en centros de expendio de gasolina, el envío de representantes del Partido a cientos de centros laborales para la realización de inspecciones y la destitución de un número importante de funcionarios de empresas estatales.
Esta no es la primera vez que Cuba anuncia una batalla de este tipo. En julio de 1996, el gobierno de Castro dio a conocer el Código de Ética de los dirigentes del Estado y aseguró que emprendería un combate "largo y difícil" contra cualquier manifestación de corrupción a todos los niveles.
El Código, aún vigente, establece que "quienes asuman la administración estatal no deben beneficiarse ni beneficiar a otros por razón de parentesco o amistad, o a cambio de recibir otros favores", exige honradez, modestia, austeridad y evadir cualquier tipo de voluntarismo, vanidad, improvisación o mediocridad profesional.
Entre los casos más notables reportados entre altos dirigentes se encuentra el del ex presidente del Instituto Cubano de Aeronáutica Civil Luis Orlando Domínguez, encarcelado en 1987 por llevar un nivel de vida excesivamente alto para el contexto económico del país.
A mediados de 1989, el proceso a un grupo de militares acusados de vínculos con el narcotráfico y diferentes actos delictivos culminó con la pena de muerte para el general Arnaldo Ochoa, el coronel Antonio de la Guardia, el capitán Jorge Martínez y el mayor Armando Padrón, quienes fueron ejecutados el 12 de junio de ese mismo año.
En una causa paralela al llamado "caso Ochoa", Diocles Torralba, quien fuera ministro de Transporte y vicepresidente del gobierno, fue condenado por corrupción y otros cargos.
En 1992, Carlos Aldana fue destituido del cargo de jefe del Departamento Ideológico del Partido Comunista, y enviado a trabajar fuera de La Habana, por uso indebido de su cargo para beneficio personal.
En 1995, las autoridades alertaron sobre manejos turbios en algunas empresas mixtas con capital extranjero y, desde entonces, se han sucedido incidentes en diferentes sectores de la economía como el turismo. En 2001, el entonces ministro de la Pesca, Orlando Rodríguez, fue separado del puesto por su escaso control sobre subordinados corruptos.
Gran repercusión tuvo también la "liberación" en 1999 del entonces canciller Roberto Robaina y su posterior expulsión "deshonrosa" del PCC.
Robaina fue acusado en 2002 de ocultar información, mantener estrechas relaciones con políticos extranjeros y aceptar regalos de empresarios a cambio de favores.
La legislación vigente castiga con penas de ocho a 20 años de prisión el delito de cohecho, básico en fenómenos de corrupción administrativa. Asimismo, las normas sancionan el tráfico de influencias, la malversación y el desvío de recursos.
Para el actual canciller de Cuba, Felipe Pérez Roque, la continuidad del sistema socialista en la llamada "era post-Castro" depende "de la conducta austera, de la dedicación al trabajo y de la ausencia de privilegios" entre las personas que ostentan el poder.
La población debe saber que el error, la traición o la corrupción se "combate más duro cuanto más alto está" el responsable, afirmó Pérez Roque durante la sesión ordinaria del Parlamento, en octubre pasado.
La sanción contra Robinson sucedió a una cadena de destituciones, liberaciones y nombramientos. Desde inicios de año, han sido designados nuevos secretarios del Partido en cinco de las 14 provincias de Cuba y sustituidos los ministros de Auditoría y Control, Industria Ligera y Educación Superior.
En algunos casos, los cambios se vinculan a incumplimientos en el desempeño de sus funciones como ministros, pero por lo general son vistos como parte de un proceso lógico de renovación que debía haberse realizado durante el VI Congreso del PCC, previsto inicialmente para 2002.
La alta dirección del Partido no ha explicado públicamente las razones para la no realización del congreso en el plazo previsto de cinco años. Se supone que esa instancia es el espacio donde deben definirse las líneas principales de desarrollo del país, tanto en la esfera política como en la económico-social.
