El asesinato a manos del ejército de Colombia de 10 efectivos del grupo de elite de la Policía Judicial y de un informante civil que los guiaba en una operación antidrogas «no fue un error (militar), fue un crimen», afirmó el fiscal general Mario Iguarán.
Un coronel comandante de batallón contrainsurgente del ejército, un teniente, un sargento y cinco soldados fueron detenidos en la víspera y pocas horas después, en la noche, comenzaron a declarar ante la Fiscalía por haber lanzado "una emboscada para cometer una masacre" contra la elite policial que adelantaba una operación en zona dominada por paramilitares ultraderechistas.
Los hechos, por los cuales fueron acusados estos ocho militares de homicidio agravado, se registraron el 22 de mayo en una zona rural del poblado de Jamundí, a media hora por carretera de Cali, la tercera ciudad en importancia de Colombia y capital del sudoccidental departamento del Valle del Cauca.
Según versiones de prensa, la finca que pretendía allanar el grupo antinarcóticos pertenece a Diego Montoya o 'Don Diego', como le llaman al poderoso capo del cartel del Norte del Valle que figura en la lista de las 10 personas más buscadas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, con una recompensa por su cabeza de cinco millones de dólares.
También pertenecen al mismo narcotraficante otros establecimientos circundantes, según dijo una fuente a IPS.
Don Diego es uno de los jefes del narcotráfico que ha organizado grupos paramilitares ultraderechistas dedicadas a atacar poblaciones que suponen sirven de apoyo a la guerrilla izquierdista y ocasionalmente se enfrentan directamente con los insurgentes.
La unidad policial atacada fue la Comisión para Cali (Comca), que consiguió capturar a más de 200 narcotraficantes desde diciembre pasado. Se trataba de "uno de los equipos más eficaces del mundo en la lucha contra la droga", según el director de la Policía Judicial, general Óscar Naranjo.
El grupo militar de 28 efectivos disparó durante 20 minutos tras coordinar previamente el ataque siguiendo órdenes del narcotráfico, aseguró el fiscal. Los soldados trataron luego de acordar una coartada a través de mensajes escritos en sus celulares.
En una rueda de prensa en la noche del 22 de mayo, el general Mario Montoya, comandante del ejército, intentó mostrar que se trataba de un error militar y que la tropa hacía un recorrido de rutina.
El Procurador General de la Nación (ministerio público) tuvo que enviar dos oficios el miércoles 24 para evitar que los militares fueran trasladados a otra ciudad y para arrebatarle el caso a la justicia penal castrense, que había comenzado a actuar por disposición del propio general Montoya.
"No vamos a permitir, en primer lugar, que obstruyan la justicia", dijo el fiscal.
Ese mismo día el presidente Álvaro Uribe anunció una recompensa en moneda nacional cuyo equivalente era más de 400.000 dólares a informantes que no pertenecieran al ejército ni a la policía, con el fin de esclarecer lo que calificó de "delito militar".
"Fue aniquilamiento", sentenció el general retirado Luis Enrique Montenegro, ex director de la Policía Judicial, dado que no hubo sobrevivientes entre los atacados.
El informante fue despojado del pasamontañas que llevaba puesto y le dispararon a tres metros con un arma de largo alcance, mientras los policías fueron abaleados a ocho metros de distancia y atacados con granadas.
En la escena del crimen, que pudo haber sido alterada porque los militares estuvieron 43 minutos a solas con los cadáveres, aparecieron casquillos de más de 150 balas de fusil y de ametralladora.
Aunque la mayoría de los casquillos corresponden a proyectiles de fusiles Galil, de uso exclusivo del ejército, algunos corresponden a fusiles AK-47, que utilizan los paramilitares.
La Comca es financiada y entrenada por la DEA, la agencia estadounidense antidrogas, con la misión de perseguir a los jefes del cartel del Norte del Valle bajo las órdenes del general Naranjo, un oficial que goza de credibilidad y que es temido por narcotraficantes y quienes los apoyan.
Mientras, los batallones de alta montaña del ejército forman parte del plan también financiado por Estados Unidos para combatir a las guerrillas izquierdistas, en el marco del conflicto armado interno que ya lleva 42 años.
Colombia es el tercer receptor mundial de ayuda militar de Washington y el gobierno derechista de Uribe, reelegido el pasado domingo, su principal aliado en América Latina y el Caribe.
Wilber Varela, alias 'Jabón', un rival de Don Diego en el Norte del Valle, dejó saber el año pasado que el ejército colombiano supuestamente brinda información y protege las propiedades del capo.
La rivalidad de ambos jefes proviene, según la fuente cuya identidad se omite, de que Jabón no considera necesaria, para el negocio de la droga la conformación de paramilitares por parte de Don Diego. En cambio, al ejército le interesaría la existencia de esos grupos ultraderechistas, que le sirven de apoyo en su lucha contra la guerrilla.
"El ejército entonces comienza a golpear a Jabón, y esa seguramente es la raíz de lo que ocurrió ahora", señaló la fuente a IPS.
"Esto tiene que ser explicado. No se debe ocultar nada a nosotros y a Colombia", dijo conmovido y en el lugar de los hechos el agente de la DEA Terry Cole.
"Claridad" respecto de los responsables de la masacre de Jamundí pidió el embajador de Washington en Bogotá, William Wood, el martes, el mismo día que el gobierno para el que trabaja aprobó la gestión de Colombia en derechos humanos y liberó una partida de 62 millones de dólares (12,5 por ciento de la ayuda militar anual) que dependía de esa certificación.
Conocido por destituir generales sin fórmula de juicio en su guerra a muerte contra la guerrilla izquierdista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el presidente Uribe decidió esta vez comenzar por apenas la suspensión de los militares implicados.
En meses pasados, el servicio de inteligencia presidencial denominado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fue señalado por la revista Semana de entregar información confidencial a hombres de Don Diego.
Jorge Noguera, director del DAS hasta el año pasado, fue acusado por un ex subalterno suyo, Rafael García, entonces jefe de informática, de poner ese organismo al servicio de paramilitares.
García, quien fue apresado por alterar los informes de inteligencia de narcotraficantes, declaró que Noguera y su director de inteligencia le avisaron a Don Diego que había un soplón dentro de su organización que pasaba información sobre el paradero del capo.
La emboscada de Jamundí trajo a la memoria otro caso parecido aún no resuelto ocurrido en marzo de 2004 en el municipio de Guaitarilla, en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, cuando tropas del ejército atacaron y mataron a siete policías antisecuestro y a cuatro civiles que viajaban con ellos.
Aunque Uribe exigió entonces resultados de la investigación "en 48 horas", ésta pasó a la justicia castrense y aún sigue sin aclararse el caso, aunque indicios apuntan a que el narcotráfico y el paramilitarismo jugaron algún papel en la masacre.
El hoy detenido coronel Byron Carvajal, comandante del Batallón número 3 de alta montaña que cometió la matanza de policías, no es un desconocido para las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Carvajal fue quien dijo "amarren sus perros que mis perros están sueltos", al responder en una reunión con la comunidad de la zona por la queja de que uno de sus soldados había dejado embarazada a una menor de edad, recordó a IPS la activista Marta Ascuntar,
También como antecedente está el caso del autobús del servicio público, ocupado supuestamente por 15 guerrilleros, que fue atacado por el Batallón 3 en 2004 en Jamundí. La familia del chofer, un civil, reclamó el cadáver pero no quiso poner ninguna denuncia.
"Esos 15 guerrilleros, según la versión de la Defensoría del Pueblo, no murieron en combate sino ejecutados", precisó Ascuntar, aunque aclaró que el caso fue "confuso".
Ella vio la autopsia de otro hombre que fue reportado como guerrillero por el mismo Batallón 3. "Recibió un tiro en la frente. Fue ejecutado, junto con otros dos", agregó la activista de la seccional Valle del Cauca del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la más antigua organización humanitaria de Colombia surgida en los años 70.
Rodrigo Vargas, miembro de la seccional Valle del Cauca del Comité Permanente por los Derechos Humanos, relató a IPS que el 11 de marzo José Orlando Giraldo, de unos 55 años y quien cuidaba una finca en la zona rural de Cali, fue asesinado a la una de la mañana por un grupo del mismo batallón.
Giraldo fue nombrado ante la prensa como uno de tres o cuatro guerrilleros dados de baja.
Pero su hija entró a la fuerza a la casa horas después y logró hacer tomas de video. El cuerpo de su padre estaba desnudo y había sido lavado.
"Yo vi el cadáver. Tenía esquirlas por todo el cuerpo y ambos brazos partidos. (Los militares) dijeron que había muerto en combate y que en la casa había armas, pero ella demuestra en el video que no las había", dijo a IPS Ascuntar. (
