La violencia puede convertirse en factor decisivo de los comicios brasileños de octubre, cuando serán escogidos el nuevo presidente del país, gobernadores de 27 estados y parlamentarios nacionales y estaduales.
Los brasileños observaron en los noticieros nocturnos del martes acciones inexplicables de activistas del Movimiento de Liberación de los Sin Tierra (MLST) agrediendo a personas y destrozando vidrios, computadoras y macetas de la Cámara de Diputados.
El ataque dejó 26 heridos, uno grave con traumatismo de cráneo, y 527 activistas detenidos, además de 42 niñas y niños (hijos de algunos arrestados) bajo custodia de autoridades judiciales de la infancia. Será además una herida a las pretensiones reeleccionistas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y de su Partido de los Trabajadores (PT).
El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), la más conocida organización de campesinos brasileños, aclaró que no tenía ningún vínculo con el MLST, erróneamente señalado como una de sus disidencias.
Pero el principal dirigente del MLST, Bruno Maranhao, es miembro de la dirección ejecutiva del gobernante PT, como secretario nacional de Movimientos Populares, y participó en la embestida contra el parlamento. La colectividad lo suspendió de sus funciones este miércoles y lo someterá a la Comisión de Ética, en un proceso que puede finalizar con su expulsión.
Pero será tarde. La oposición ya dejó en claro que aprovechará los hechos en su campaña electoral, subrayando el vínculo con el PT y acusando al gobierno de estimular las acciones ilegales de los movimientos campesinos por tratarlos con indulgencia.
Pero la violencia es también un talón de Aquiles del principal candidato opositor a la Presidencia, Geraldo Alckmin, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), golpeado por el brote delictivo de mayo en el sureño estado de Sao Paulo del que fue gobernador hasta marzo.
Una banda del crimen organizado, el Primer Comando de la Capital, encabezó sublevaciones en 82 presidios y asesinó a 42 policías entre el 12 y el 15 de mayo, desatando una reacción policial que provocó, según las autoridades locales, la muerte de 122 presuntos delincuentes.
Una encuesta divulgada este miércoles reveló el desastre causado por esa oleada de violencia en las aspiraciones presidenciales de Alckmin. A inicios de abril, el postulante recibía entre los paulistas casi el doble de intenciones de voto que Lula. Ahora ha perdido esa ventaja en el único estado en el que era más conocido y en el que triunfaba sobre el presidente.
Cuarenta por ciento de los entrevistados por el Instituto Brasileño de Opinión Pública en el estado de Sao Paulo entre el 2 y el 4 de junio prefirieron a Lula, contra 38 por ciento de su oponente, aunque en una eventual segunda vuelta la situación se invertiría, con 43 y 46 por ciento respectivamente.
La caída del PSDB obedece claramente a la inseguridad provocada por la mortandad y el caos carcelario. En Brasil, el gobierno estadual es responsable de la seguridad pública, incluidas las prisiones, y la crisis de Sao Paulo aparece como consecuencia de los cinco años de gestión de Alckmin.
Parece que la corrosión de su imagen no se detendrá. Decenas de cuerpos de civiles muertos en esas sangrientas jornadas muestran señales de ejecuciones sumarias, como disparos en la nuca, y hay informaciones de que muchos de los fallecidos no tenían antecedentes penales y eran trabajadores.
Las evidencias señalan una activación de los llamados "escuadrones de la muerte", de origen parapolicial. Las sospechas de que se cometieron graves violaciones de derechos humanos se han elevado ante la resistencia de las autoridades a informar las identidades de los muertos a los órganos judiciales.
Además, el Consejo Regional de Medicina de Sao Paulo descubrió, al examinar los registros de los 23 Institutos Médico-Legales del estado, que hubo casi 400 muertes por disparos en el período crítico del 12 al 20 de mayo, más del doble de los 164 fallecimientos reconocidos por las autoridades policiales para esos días y del promedio habitual de homicidios del distrito.
Las investigaciones y las polémicas de los próximos meses, además de los debates sobre las causas de la criminalidad en Sao Paulo, tenderán a deteriorar la imagen de Alckmin, ya reconocido como candidato privado de carisma y de otras virtudes electorales.
Pero la invasión del Congreso legislativo cometida por el MLST puede tener consecuencias políticas menos previsibles. En primer lugar, pone en tela de juicio la política agrícola del gobierno de Lula y la lentitud de su reforma agraria.
La acción violenta de los manifestantes es una reacción al incumplimiento de las promesas de reforma agraria del gobierno, opinó la diputada Luciana Genro, del Partido Socialismo y Libertad, una disidencia izquierdista del PT.
El ataque resulta también de la "crisis ética del gobierno y del propio Poder Legislativo", evaluó el presidente del Colegio de Abogados de Brasil, Roberto Busato, refiriéndose al escándalo de corrupción que se prolonga desde hace un año y que involucra a ex ministros y a decenas de diputados, que habrían negociado sobornos del PT a cambio de apoyo al Poder Ejecutivo.
El mes pasado estalló otro escándalo, con más de un centenar de diputados acusados de fraudes en el presupuesto gubernamental, para destinar ambulancias a municipios de todo el país. La baja credibilidad actual del parlamento estimula, según la opinión de muchos, la violencia ejercida contra los legisladores.
