Mientras el mundo tiende a abolir la pena de muerte, el gobierno de Malasia está determinado a engrosar su lista de delitos capitales, agregando algunos como las violaciones y la contaminación del agua.
Un nuevo proyecto de la Industria de Servicios Hídricos es uno de los dos vinculados a esa área de servicios cuyo segundo estudio en el parlamento está previsto para esta semana.
La iniciativa plante reformar el modo en que se administra el recurso, transfiriendo el control de las autoridades estatales y de las firmas privatizadas a un único ente regulatorio federal. Pero también prevé imponer la pena de muerte para los casos de contaminación del agua, que resulten en la pérdida de vidas.
Quienes se oponen a la ley creen que las regulaciones propuestas son draconianas e inaplicables. Y que tampoco abordan las causas reales de la contaminación del agua.
"La mayor parte del tiempo, los reales culpables son las compañías, y uno no puede ahorcar a las compañías", dijo Charles Hector, un abogado experto en derechos humanos que fue uno de los coordinadores de la red de activistas reunidos en la organización Malasios contra la Pena de Muerte y la Tortura.
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"Así que ¿quién enfrentaría la pena de muerte, entonces, el presidente de la junta directiva, todos los directores, el gerente general, el funcionario administrativo? Es absurdo", opinó.
Hector señaló a IPS que no había necesidad de hacer agregados a las leyes sobre pena capital, dado que ya hay disposiciones en el código penal referidas a las intenciones de matar a alguien.
"Además, estamos en contra de la pena de muerte, en tanto no aborda los problemas reales", agregó.
Más de la mitad de los ríos de Malasia están contaminados por falta de tratamiento de aguas residuales o por uno parcial, así como por desechos industriales, agrícolas y derivados de la cría de animales, además de basura municipal.
Todo esto puede contaminar las fuentes de agua potable. Tras una inundación en febrero, los habitantes de las zonas aledañas a Kuala Lumpur se quejaron de que de sus grifos fluía agua hedionda. En otros momentos fue común escuchar que el vital líquido salía turbio en distintas partes del país.
Los costos del mantenimiento de los ríos se dispararon y estimularon al gobierno del occidental e industrializado estado de Selangor a anunciar en febrero que privatizaría tres ríos clave.
Las empresas que los obtuvieran se encargarían, entonces, de asegurar su limpieza. Los críticos alegan que esta no es la solución, ya que las fuentes de la contaminación tienen que ser enfrentadas.
Los nuevos proyectos del agua son presentados en un momento en que el sector privado estuvo observando una mayor apuesta en materia de tratamiento, suministro y distribución del agua potable.
A pesar de varios intentos, no fue posible localizar a altos funcionarios del Ministerio de Energía, Agua y Telecomunicaciones para que formularan comentarios sobre la disposición relativa a la pena de muerte. Eso hace que los malasios sólo puedan especular en torno al motivo para tomar tal medida.
"Pienso que la pena de muerte fue incluida porque ellos tenían terroristas en la mente" que podrían contaminar deliberadamente las fuentes de agua, dijo a IPS la parlamentaria de la oposición Teresa Kok, agregando que está en contra del castigo capital.
Otros tienen un punto de vista diferente. "Parece que la intención del proyecto es meramente llevar a juicio, al azar y severamente, a algunos Don Nadie para dar la impresión de que se está haciendo algo", fue la respuesta a un comentario realizado en un blog (sitio web periódicamente actualizado que a menudo funciona como un diario personal de consulta pública) sobre este tema en el popular portal de Internet Malaysia Today.
Al incluir la pena máxima en el proyecto, Malasia está yendo en contra de una tendencia global que se opone a la misma. Es uno de los 74 países donde todavía está vigente.
En contraste, su vecina Filipinas conmutó las sentencias de muerte de todos los prisioneros el mes pasado. La presidenta de ese país, Gloria Macapagal Arroyo, solicitó al Congreso legislativo que aboliera la pena capital, mientras que el presidente del tribunal, Artemio Panganiban, dijo que las leyes relativas a ese castigo son inconstitucionales.
En Malasia, sin embargo, esta pena sigue se sigue aplicando para los delitos de narcotráfico (incluyendo la posesión de drogas), asesinatos, ciertos ataques con armas de fuego y atentados contra el Rey.
La mayoría de las sentencias de muerte emitidas son por narcotráfico. De las 52 personas condenadas a la pena máxima entre 2004 y julio de 2005, en 36 casos lo fueron por delitos vinculados a las drogas.
En diciembre, el viceministro de Seguridad Interna, Chia Kwang Chye, dijo que entre 1960 y octubre pasado fueron ahorcados 434 convictos, mientras que 172 casos estaban pendientes de apelación.
Pero, pese a la dura posición del país, la amenaza de las drogas sigue siendo grave. Para la agrupación Malasios contra la Pena de Muerte y la Tortura, eso prueba que la pena capital no es la solución. Nunca fue demostrado que la misma disuada efectivamente de cometer los delitos, dijo la organización.
Kok, sin embargo, no alberga ilusiones de que sea fácil abolir este castigo.
Esta legisladora integró un selecto comité parlamentario compuesto predominantemente de miembros de la coalición gobernante, que viajaron por el país en 2004 en busca de opiniones sobre enmiendas propuestas al Código Penal y al Código de Procedimiento Delictivo, que serán presentadas este jueves en el recinto.
Durante las audiencias, Kok manifestó tener la impresión de que el sentimiento público era favorable a la pena de muerte. "El problema es que muchos todavía quieren esa sanción en casos en que la víctima pierde la vida", explicó.
Kok dijo a IPS que entre las enmiendas propuestas a los códigos está la disposición de la pena máxima por cualquier acto de terrorismo que involucre la "liberación de sustancias venenosas en el ambiente". Esta sanción también será impuesta a quienes sean hallados culpables de violaciones resultantes en la muerte de la víctima.
Destacó, además, que en marzo, cuando el ministro responsable por la ley, Nazri Aziz, se manifestó en contra de la pena de muerte, no recibió mucho apoyo de sus pares de la coalición gobernante. "Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otro, ni siquiera si esa persona puso fin a otra vida", opinó en esa oportunidad.
Pero la opinión pública puede estar cambiando. Los comentarios de Nazri fueron una respuesta a una resolución sin precedentes contra la pena de muerte por parte del Colegio de Abogados de Malasia, que comprende a los 12.000 profesionales del derecho del país, en su reunión general anual, celebrada el 18 de marzo.
La propuesta, que pide que la pena capital fuera abolida y también una moratoria a todas las ejecuciones, fue aprobada por una abrumadora mayoría de 105 contra dos y 21 abstenciones.
En el marco de un programa matinal en el canal estatal de televisión RTM2, una encuesta realizada a través de mensajes de texto de celulares dio como resultado que alrededor de 60 por ciento de quienes respondieron apoyaban la abolición de la pena de muerte.
