Organizaciones de derechos humanos y líderes religiosos aplaudieron la suspensión en Indonesia de la ejecución, prevista originalmente para marzo, de tres condenados por asesinato e incitación de disturbios.
Pero la Comisión Asiática de Derechos Humanos (AHRC) y el Grupo Religioso por Derechos Humanos temen que la ambigüedad que rodea el caso ponga en peligro la vida de los condenados.
"Es difícil saber por qué se retrasaron las ejecuciones. El fiscal general primero las atribuyó a falta de preparativos y negó que se debieran a las protestas de quienes exigen la reapertura de la investigación", dijo a IPS, por correo electrónico desde Yakarta, el investigador de Amnistía Internacional Francesco Guzzardi.
Las autoridades preveían la ejecución de Fabianus Tibo, de 60 años, Dominggus da Silva, de 42, y Marinus Riwu, de 48, para fines de marzo, pero la postergaron sin explicación a último minuto y después de que el presidente Susilo Bambang Yudhoyono hubiera anunciado que no habría clemencia.
Los tres fueron condenados por su supuesto papel en los choques violentos entre las comunidades cristianas y musulmanas del poblado de Poso en mayo de 2000, en los que murieron más de 1.000 personas.
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Más de dos semanas después de la postergación, el 17 de abril, la Fiscalía General informó que las ejecuciones se habían suspendido mientras un panel de cinco jueces de la Corte Suprema de Justicia revisaba el caso. No hubo más explicaciones.
AHRC, organización regional de derechos humanos con sede en Hong Kong, informó a través de su director ejecutivo, Basil Fernando, que "apreciaba" la decisión de la Corte Suprema.
Pero Fernando indicó a IPS por correo electrónico que la decisión había causado confusión entre abogados y dirigentes de la sociedad civil, pues el tribunal había rechazado un pedido anterior de revisión del caso con el argumento de que la sentencia era de carácter obligatorio.
Un portavoz de la Corte Suprema dijo a The Jakarta Post que la "preocupación nacional e internacional" habían persuadido a los magistrados de reconsiderar el caso.
Organizaciones de derechos civiles que han reclamado la revisión del juicio señalaron incongruencias en el proceso, al tiempo que apuntaron a nueva evidencia según la cual policías y soldados estuvieron involucrados en el origen de los disturbios.
"Estos tres hombres no deberían ser ejecutados bajo ninguna circunstancia mientras la revisión está en curso. Cualquier incertidumbre respecto del procedimiento deberá eliminarse para evitar que afecte los derechos" de los acusados, según Fernando.
AHRC urgió a la Corte Suprema a dictar reglas claras para que el gobierno detenga los procedimientos hasta que concluya la revisión.
"El tribunal debe aclarar si el panel revisará la sentencia o si considerará la nueva evidencia", dijo Fernando. "Entonces, tendrá que emitir las instrucciones correspondientes a las agencias gubernamentales pertinentes, todo eso a la luz pública."
"Sería una grave violación de derechos humanos si estas personas murieran" a causa de las ambigüedades del caso, agregó el activista.
Amnistía Internacional, que ha hecho campaña por un nuevo juicio, también aplaudió la postergación de las ejecuciones, si bien también señaló detalles confusos en el caso.
Entre 2000 y 2001, en Poso y sus alrededores se registraron disturbios y enfrentamientos violentos entre cristianos y musulmanes que se cobraron 1.000 vidas.
Funcionarios del gobierno lograron un acuerdo de tregua en diciembre de 2001, aunque persistieron hechos de violencia esporádicos.
Los tres condenados aseguran saber quienes son los verdaderos responsables de lo sucedido en Poso, pero señalan que las autoridades no oyeron su versión.
Los abogados defensores afirmaron el mes pasado que poseían nuevas pruebas de la inocencia de sus clientes y solicitaron la reanudación de las investigaciones, informó Amnistía.
Esa evidencia demostraría la responsabilidad de otras 16 personas —entre ellos militares, agentes de inteligencia y funcionarios del gobierno— en la instigación a la violencia en Poso.
El presidente indonesio, Susilo Bambang Yudhoyono rechazó en noviembre el pedido de clemencia. Poco después, la Fiscalía General declaró que los condenados serían ejecutados en un corto plazo.
En las últimas semanas, el caso atrajo la atención de numerosas organizaciones locales e internacionales, defensores de los derechos humanos y líderes religiosos, incluido el ex presidente y popular clérigo musulmán Abdurrahman Wahid, conocido como Gus Dur.
También ha manifestado su preocupación el papa Benedicto XVI, quien envió un mensaje de apoyo y su bendición a los tres condenados a través del obispo de Manado, Joseph Suwatan.
