Los parlamentarios de Nepal dieron lugar a las demandas populares y aprobaron este jueves por unanimidad una drástica reducción de los poderes del rey Gyanendra. Ahora, diversos sectores de la sociedad llaman a la creación de un país más inclusivo.
La histórica decisión, que acabó con lo que era considerado "el último reino hindú", es el desenlace de un gran movimiento popular iniciado en abril para exigir al monarca que restaurara el parlamento, al que había disuelto en mayo de 2002. El rey tuvo que ceder ante el avance de las protestas.
El monarca también había derrocado al gobierno civil en febrero de 2005 para asumir el poder absoluto de este país de Asia meridional con 25 millones de habitantes.
Pero ahora Gyanendra pasó a tener funciones puramente decorativas. Fue despojado de su inmunidad legal y de su cargo como jefe del Ejército. Quien antes era considerado por ley una reencarnación del dios Vishnú, ahora es un ciudadano más, también obligado a pagar impuestos.
"En respuesta a las aspiraciones del pueblo, los privilegios y poderes tradicionales de la monarquía están en proceso de ser recortados", había adelantado el miércoles a diplomáticos extranjeros y representantes de los países y organismos donantes el ministro de Finanzas del gobierno interino, Ram Sharan Mahat.
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El martes, luego de que un líder político sugirió que al monarca se le debía permitir retener la jefatura del Ejército, varios manifestantes desataron el caos en Katmandú. Grupos de jóvenes destruyeron media docena de vehículos, prendieron fuego un puesto policial y marcharon por las calles de la ciudad hasta bien entrada la noche.
Muchos responsabilizaron a los rebeldes maoístas por la sorpresiva erupción de violencia, a pesar de que estos habían anunciado un cese al fuego días después de que cientos de miles de manifestantes obligaron al rey Gyanendra a restaurar el parlamento a fines de abril.
El Poder Legislativo nepalés es bicameral, compuesto por la Cámara de Representantes, con 205 miembros elegidos cada cinco años, y la Casa de los Estados, con 60 bancas.
El miércoles, el presidente de la renovada Cámara de Representantes, Subhas Nembang, aseguró a IPS que la calma había regresado al país. "El pueblo apoya mucho al gobierno. Tienen fe en los partidos políticos", afirmó.
Sin embargo, se percibía aprensión popular hacia lo que harían en el nuevo parlamento los representantes de la alianza de siete partidos opositores SPA, a pesar de que habían liderado con éxito la huelga general y las protestas callejeras de abril.
Al menos 14 personas murieron y otras 5.000 resultaron heridas el mes pasado por la represión de las fuerzas de seguridad a manifestantes que desafiaron el toque de queda impuesto por el rey.
Cinco miembros del antiguo gobierno del rey fueron enviados a prisión esta semana por reprimir el movimiento popular. Muchos otros cercanos al monarca siguen prófugos o bajo protección del Ejército. Gyanendra y otros miembros de la familia real se mueven con libertad, pero guardan un bajo perfil.
Muchos aún hoy acusan a los partidos de haber perdido la oportunidad provista por la revolución popular de los años 90, que pudo haber colocado a este país en la senda del desarrollo. Varios líderes políticos de aquel momento están ahora en el parlamento.
La resolución había sido postergada para este jueves debido a las diferencias surgidas dentro de la SPA, incluyendo algunas referidas al futuro papel del rey.
En vísperas de este jueves se temía que los parlamentarios no asumirían su responsabilidad en este momento clave. "La alianza de siete partidos está lista, pero han demorado (la resolución) tres días. Por eso las personas sospechan que hay una conspiración" liderada por el palacio real, dijo en una entrevista el líder del Frente Izquierdista Unido, Sitaram Tamang.
El dirigente político, miembro de la comunidad indígena Tamang, ayudó a organizar manifestaciones el miércoles para presionar a los políticos para que votaran la resolución, que finalmente fue aprobada por unanimidad.
Ahora, el gran desafío es negociar con la insurgencia maoísta.
Desde su golpe de Estado, Gyanendra no pudo cumplir su promesa de acabar con la rebelión, que cuenta ya 10 años. Por el contrario, sus tácticas represivas fueron contraproducentes.
Al tope de la agenda de demandas populares en este nuevo escenario político está la elección de una asamblea constituyente para elaborar una nueva carta magna.
Los llamados para adoptar un sistema republicano y más representativo suenan cada vez más fuertes.
Las etnias indígenas constituyen 40 por ciento de la población nepalesa, y sienten que tienen mucho que recibir de un nuevo orden político basado en una representación equitativa de toda la sociedad.
Actualmente, los miembros de las llamadas "castas superiores", que representan a alrededor de un cuarto de la población, gozan de un mucho mayor poder social, económico y político.
Otros grupos marcharon con carteles esta semana en Katmandú exigiendo la creación de un "estado más inclusivo", entre ellos activistas por los derechos de las mujeres, de los homosexuales y de los dálits, los más marginados en el sistema de castas.
Mientras, los maoístas continúan con sus tácticas violentas para alcanzar sus objetivos. Se estima que más de 13.000 personas han muerto a causa de los enfrentamientos entre los insurgentes y las fuerzas de seguridad.
Los rebeldes, que controlan más de 80 por ciento del territorio, se nutren de donaciones forzadas mediante extorsiones, incluso en la capital, a pesar de que se comprometieron a suspender esa práctica cuando anunciaron el cese del fuego.
Líderes maoístas en diferentes distritos impiden a organizaciones no gubernamentales trabajar en determinadas zonas a menos que firmen contratos previamente.
El lunes, el líder rebelde Prachanda afirmó que el nuevo gobierno debía satisfacer las necesidades básicas del Ejército de Liberación Popular Maoísta. "De otra manera, nos veremos obligados a seguir recaudando impuestos por medio de nuestro propio gobierno", advirtió.
