La avalancha de inmigrantes indocumentados llegados el fin de semana a las costas de la española isla de Gran Canaria demostró la inutilidad de las múltiples medidas policiales para disuadir a hombres y mujeres de África subsahariana de buscar una mejor vida en Europa.
Entre el viernes y este lunes, agentes de la Guardia Civil y de la policía local interceptaron y detuvieron a más de 500 personas que llegaron a España tras navegar en "cayucos" y "pateras" (frágiles embarcaciones de madera, bajo calado y sin quilla, diseñadas para navegar en aguas poco profundas), la mayoría de los cuales habían partido de Mauritania y de costas marroquíes.
El radar del servicio exterior de la Guardia Civil había interceptado el 30 de abril otra patera con 62 inmigrantes a bordo, a dos millas de Arona, al sur de la isla de Tenerife, parte del archipiélago de las Canarias, ubicado frente a la costa noroccidental de África.
Los inmigrantes viajaban hacinados y la mitad de ellos debieron ser atendidos por hipotermia, fatiga y contusiones al arribar al puerto de Los Cristianos.
Fuentes policiales señalaron que la llegada de 259 inmigrantes en menos de 15 horas, el sábado pasado, es la tercera oleada mayor de "sin papeles" (indocumentados) que se registra este año en España. Otros 314 arribaron el 14 de marzo, mientras que 372 lo habían hecho el día anterior.
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Pero no todos los inmigrantes logran su objetivo. Un informe de la policía española difundido en diciembre de 2005 cifró entre 1.200 y 1.700 el número anual de muertos en estas travesías, mientras que en abril pasado otros 32 subsaharianos perecieron al naufragar la embarcación en la que viajaban desde el norte de Mauritania, camino a estas latitudes.
Una tragedia similar podría haberse repetido el fin de semana pasado, al naufragar, por el fuerte oleaje, la embarcación en la que viajaban 38 inmigrantes frente a la playa de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, isla de Tenerife, dado que ninguno de ellos sabía nadar. Fueron salvados gracias a la rápida actuación de la policía local y de cooperantes.
La situación fue controlada, pero informes de servicios de inteligencia de la policía española, trascendidos en los últimos días, señalan que nuevas avalanchas de embarcaciones pueden llegar próximamente a las playas de las Islas Canarias.
El portavoz del gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias, Miguel Becerra, dijo el domingo que el archipiélago "está soportando una fuerte presión migratoria" y se siente "desprotegido" frente a la gran cantidad de extranjeros indocumentados que han llegado en los últimos días.
"Resulta incomprensible" que arriben más de 400 personas en 48 horas y las embarcaciones que las trasladan sólo sean detectadas cuando se encuentran a dos o tres millas de la costa, enfatizó.
Becerra consideró que la inmigración "es un problema de Estado" e hizo un llamamiento al gobierno español, presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, para que se incremente el control "sobre las fronteras marítimas", lo que ya se estaría realizando, según informó el ministro del Interior, José Antonio Alonso.
En una intervención realizada el viernes en el Senado, Alonso anunció que el Poder Ejecutivo ha decidido extender a Tenerife el denominado Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), instalado ya en las vecinas islas Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, para afrontar la llegada de inmigrantes de África.
Con este sistema se podrá controlar con mayor eficacia la inmigración irregular por vía marítima y actuar con mayor rapidez en situaciones críticas", acotó Alonso.
El SIVE se complementa con las llamadas unidades móviles de vigilancia que permiten una adaptación rápida al cambio de circunstancias y a la variación en las rutas migratorias, explicó asimismo el ministro.
Tres de esas unidades móviles serán adquiridas este año y destinadas a Canarias, añadió
También en Ceuta y Melilla, los enclaves españoles del norte de África fronterizos con el reino de Marruecos, se levantan alambradas coronadas con círculos erizados de púas y dobles separadas entre sí por cinco metros, que son continuamente sorteadas por inmigrantes irregulares pese a que han sido provistas además de avanzada tecnología de vigilancia.
No obstante esas drásticas medidas, la Secretaría de Estado para la Inmigración y Emigración estima que ya hay nuevamente un millón de extranjeros indocumentados residentes en España cuando sólo ha pasado un año de que se puso en marcha la regularización. Organización no gubernamentales coinciden con estos números oficiales.
Entre el 7 de febrero y el 7 de mayo de 2005, unos 700.000 extranjeros solicitaron regularizar su situación en el país, acogiéndose al nuevo Reglamento de Extranjería aprobado el 30 de diciembre de 2004.
Sin embargo, la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, calificó el proceso de "muy satisfactorio", porque ha supuesto "el mayor golpe a la economía sumergida en este país".
Según sus datos, la Seguridad Social concedió hasta el martes pasado 577.049 de las 691.655 solicitudes presentadas en ese período de regularización puesto en marcha por el gobierno, mientras que fueron denegadas 61.060, no admitidas 18.727, archivadas 34.379 y aún están en trámite las restantes 440.
Rumí hizo hincapié también en que la economía sumergida es negativa tanto para los inmigrantes como para los españoles. Para los primeros, porque "son objeto de explotación", y para los segundos, porque los empleados "en la economía informal no cotizan ni pagan impuestos ni colaboran en el estado de bienestar".
Independientemente de estas cifras y de quienes las proporcionan, rechazan, aumentan o disminuyen, lo cierto es que el problema de quienes desesperadamente buscan una mejor vida fuera de sus empobrecidos sitios de origen, arriesgando incluso su vida, no tiene solución parcial, adoptada por un solo estado o región.
Esa es la opinión del secretario de Estado de Relaciones Internacionales para Iberoamérica de España, Bernardino León, quien dijo a IPS que "el gran debate global sobre inmigración que se celebrará en Rabat el próximo verano boreal, en la reunión convocada por España y Marruecos, podrá aportar verdaderas soluciones".
"Soluciones que no deben ni pueden recaer sobre un solo país o gobierno, porque el problema es global y nos incumbe a todos encararlo solidariamente", explicó. Uno de los puntos clave, concluyó León, es la cooperación global para que los países del Sur logren un desarrollo con inclusión social.
Pero el II Foro Social Mundial de Migraciones, convocado del 22 al 24 de junio en Rivas, Vaciamadrid, en los alrededores de la capital española, puede ser aún más trascendente. En ese encuentro participarán más de 1.300 miembros de 750 organizaciones no gubernamentales, provenientes de 75 países.
Ignacio Díaz de Aguilar, presidente del Comité Español de Ayuda al Refugiado, una de las entidades convocantes, señaló a IPS que será la segunda cita de este tipo, después de la realizada en la meridional ciudad brasileña de Porto Alegre, y que España fue elegida como sede porque "es una referencia internacional del fenómeno migratorio".
"En poco tiempo recibió cuatro millones de extranjeros y posee una de las fronteras más dramáticas" del mundo, puntualizó.
Díaz Aguilar destacó también que en apenas 14 kilómetros de distancia, los que separan las costas de Marruecos de la España en el estrecho de Gibraltar, se constatan radicales diferencias de ingresos de la mayoría de la población.
