En otro intento por frenar el incesante flujo inmigratorio, el gobierno de España anunció el uso de alta tecnología, incluido un nuevo satélite, y el aumento de medios aéreos y navales, además de amenazar con deportar de inmediato a los extranjeros que ingresen sin la documentación requerida.
Las medidas fueron informadas este lunes por la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras la llegada el fin de semana de un millar de nuevos inmigrantes indocumentados a las Islas Canarias, ubicadas frente a la costa noroccidental de África.
Otra de las medidas adoptadas será el inicio de una ofensiva diplomática para establecer "contactos directos y permanentes" con los gobiernos de los países de origen de los inmigrantes, añadió,
Fernández de la Vega ya había expresado el domingo, con energía, que "debe quedar claro que quien entra de forma irregular, se va".
Pero Arturo, miembro de una organización no gubernamental de apoyo a los inmigrantes, respondió en conversación con IPS que "no habrá ningún mecanismo, militar o no, capaz de impedir la llegada de personas buscando trabajo" a España.
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Lo más importante "a medio y largo plazo" es aumentar la cooperación con los países del Sur, "porque si se logra que allí se viva dignamente descenderá de manera radical la cantidad de quienes quieren emigrar", dijo el activista, que pidió no ser identificado "porque, nos guste o no, tenemos que seguir en diálogo con el gobierno, ya que siempre se logra mejorar algo las cosas".
Pero, en lo inmediato, lo que se debe hacer es facilitar el ingreso de los inmigrantes, "que éstos no tengan que poner en riesgo sus vidas para llegar" y que, una vez en España, no se tarde en regularizar su situación "para impedir que sigan en manos de las mafias".
El viernes alcanzaron las costas canarias tres cayucos con 195 personas a bordo, el sábado otras seis de esas clásicas embarcaciones pesqueras mauritanas y senegalesas de fondo plano y sin quilla, con 456 personas, y el domingo cinco más y dos pateras (igual de frágiles) con un total de 323 hombres, mujeres, niños y niñas.
Tras presidir este lunes una reunión de gabinete de urgencia al que asistieron los ministros Jesús Caldera, de Trabajo y Asuntos Sociales, y Alfredo Pérez Rubalcaba, de Interior, la vicepresidenta informó que el gobierno aumentará los medios aéreos y navales y lanzará una ofensiva diplomática para establecer contactos directos y permanentes con los países de origen "de estos inmigrantes ilegales".
Fernández de la Vega reconoció que el gobierno está ante un problema "muy complejo", que requerirá múltiples medidas en diferentes campos para resolverlo, pero insistió en que el Poder Ejecutivo quiere una inmigración "legal, rigurosa y ordenada" y que cuenta con los medios suficientes para hacer frente a la situación.
Con ese objetivo, prosiguió, "se activarán las repatriaciones de inmigrantes irregulares" y comenzarán a operar "de inmediato" las patrullas mixtas de España y Mauritania para vigilar "el tránsito ilegal de personas en la zona de (Islas) Canarias".
Ante las acusaciones del portavoz del gobierno de Islas Canarias, Miguel Becerra, en el sentido de que Zapatero actúa con "dejadez", Fernández de la Vega hizo hincapié en las medidas aplicadas en los últimos meses en ese archipiélago, entre ellas el incremento de los fondos por el cuidado de la inmigración aunque, aseguró, "si hicieran falta más medios, se pondrían".
El delegado del gobierno español en Canarias, José Segura, confirmó, asimismo, que se abrirá nuevamente el campamento provisional de Las Raíces, con capacidad para alojar a 1.000 inmigrantes indocumentados, y señaló que "continuará como siempre" el envío a sus países de origen y a ciudades peninsulares "de todo el que entre por este método a territorio español".
Mientras se celebraba la reunión ministerial en Madrid, Segura declaró que en este problema "fallan" los gobiernos de Mauritania, Senegal, Malí, Guinea y Nigeria, "que no son capaces de desarrollar sus economías", por lo que sus ciudadanos escapan en busca de una vida mejor.
"Realmente estamos exhaustos tras este fin de semana", reconoció Fimia Ocampo, quien junto a Austin Taylor y Oswaldo Lemus configuran la plantilla de profesionales al frente del equipo de respuesta inmediata en emergencias de la Cruz Roja, instalado de forma permanente en el sur de Tenerife. A este dispositivo se sumaron decenas de voluntarios para ayudar a los inmigrantes.
Por otro lado, Segura fue señalado este lunes como "cómplice de la acción de las mafias" que trafican con inmigrantes. La acusación la hizo Cristina Tavío, presidenta del centroderechista y opositor Partido Popular (PP) en la canaria isla de Tenerife, refiriéndose a que las frágiles embarcaciones que llegan a las costas son llevadas hasta cerca de las mismas por naves nodrizas.
Tavío reclamó que se envíe a la Armada para impedir la llegada de esos barcos y las respectivas pateras y cayucos y que se exija a Mauritania que cumpla el convenio de repatriación de inmigrantes.
Pero, más allá de las polémicas políticas, diversos sectores comienzan a coincidir en que España, hoy con 43,5 millones de habitantes, necesita inmigrantes para cubrir la demanda de mano de obra.
Desde principios de los años 90 hasta la fecha se multiplicó por cinco la cantidad de extranjeros residentes, con papeles en regla o sin ellos, convirtiéndose en el décimo país con la mayor tasa de inmigración, según la Comisión de Población y Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas.
Según un informe de la empresa española de contratación de trabajo temporal Albecon, de aquí a 2010 este país necesitará al menos 1,1 millones de inmigrantes más para cubrir puestos de trabajo.
También el índice laboral de la firma multinacional del trabajo temporal Manpower, señala que los extranjeros han absorbido cerca de una tercera parte del empleo creado en España entre 1995 y 2005, proceso que se aceleró a partir de 2002.
El informe, presentado el sábado por el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, destaca asimismo, que el "explosivo" crecimiento de la inmigración en España ha servido para "compensar" el mucho menor número de jóvenes nativos que se incorporaron al mercado de trabajo desde 1975, dos décadas después que se desplomase la tasa de natalidad.
En los 10 años estudiados, la inmigración explica el 51 por ciento de crecimiento de la población activa de 2,4 millones de personas extranjeras incorporadas al mercado de trabajo, frente a 2,3 millones de activos nacidos en España, enfatiza el 28 Índice Laboral Manpower.