Gobiernos latinoamericanos expresaron preocupación por la política de Estados Unidos contra la inmigración, al reforzar su frontera sur con militares y nuevos muros. Mientras, los traficantes de personas se frotan las manos, pues podrán incrementar pronto sus tarifas.
"Si se concreta el endurecimiento de los controles, los polleros (traficantes) cobrarán más, lo hemos visto antes. Pero hasta ahora no lo detectamos", dijo a IPS Luis Kendzierski, director del albergue Casa del Migrante en la noroccidental ciudad mexicana de Tijuana, colindante con Estados Unidos.
Antes de 1993, cuando Washington comenzó a endurecer los controles migratorios en su frontera con México a través de operativos policiales y la construcción de muros, contratar a un traficante de personas para atravesar la línea divisoria y llegar a un sitio seguro en Estados Unidos costaba unos 150 dólares.
En la actualidad, el mismo viaje cuesta entre 2.000 y 7.000 dólares. Pero no se trata de un periplo seguro, pues en muchas ocasiones los inmigrantes son abandonados, robados o maltratados o incluso mueren cuando son trasladados por zonas desérticas o en camiones sellados.
"Con más muros en la frontera, si eso se da, y la llegada de la Guardia Nacional, va costar mucho más contratar a un pollero", insistió Kendziersky.
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Cada año, alrededor de 1,5 millones de personas buscan la forma de ingresar a Estados Unidos burlando los duros controles migratorios. Unos 400.000 lo logran y el resto queda en la línea fronteriza o es deportado.
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, informó el lunes que enviará 6.000 soldados de la Guardia Nacional, la más antigua fuerza militar de ese país, a lo largo de los 3.200 kilómetros de frontera con México para coadyuvar a frenar el ingreso de indocumentados.
Washington asegura que los militares estarán desarmados y sólo realizarán tareas de apoyo a los 12.000 guardias fronterizos que operan en la zona.
Además, el Senado de Estados Unidos aprobó el miércoles la construcción de 595 kilómetros de nuevos muros en la frontera sur. La medida, una de varias con foco en la inmigración hoy en discusión en el Congreso, se concretará sólo si es sancionada también por la Cámara de Representantes y es promulgada por Bush.
Unos 112 kilómetros de la frontera ya están divididos por muros de metal u hormigón, mientras el resto tiene barreras naturales o pequeñas cercas, pero todas fuertemente vigiladas.
Delegados de los gobiernos de Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua se solidarizaron este viernes con una nota diplomática que México envió en la víspera a Estados Unidos, en la que expresa su preocupación por la construcción del muro y el envío de soldados a la frontera.
El pronunciamiento de esos países se produjo en la capital mexicana, luego de que sus representantes se reunieron para analizar la situación.
El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Jorge Briz, declaró que México y sus vecinos centroamericanos seguirán "gestionando respetuosamente ante el gobierno de Estados Unidos una reforma migratoria integral".
Tal cambio legal debe apuntar a "regularizar a los millones de inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos y generar un programa de trabajadores temporales", sostuvo.
Desde enero, los gobiernos de Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana trabajan en un frente unido para pugnar por una reforma migratoria en Estados Unidos, donde residen 42,7 millones de latinoamericanos o descendientes de ese origen, según últimos datos de censo.
Debería reconsiderarse la construcción de la valla fronteriza, pues esa medida "no corresponde a una relación de amigos, de vecinos, de socios", expresó el jueves el presidente de México, Vicente Fox
"Quiero decirles (a los estadounidenses) que sean muy respetuosos de la dignidad de los mexicanos, que no nos vean menos y no discriminen ni violen los derechos de nuestros paisanos", declaró.
El Senado de Estados Unidos reanudó esta semana los debates sobre la reforma migratoria. Sus discusiones siguen a las realizadas en la Cámara de Representantes, que aprobó normas que contemplan la construcción de 1.100 kilómetros de nuevos muros en la frontera con México y que criminalizan la condición de inmigrante indocumentado.
Aunque los senadores también aprobaron levantar muros, ellos intentan concertar normas que sí incluyen la legalización de la residencia de los inmigrantes.
Los debates parlamentarios, que deberán culminar en una concertación entre el Senado y lo resuelto en la Cámara de Representantes, apuntan a definir el futuro de entre 10 millones y 12 millones de extranjeros sin papeles de residencia para vivir en Estados Unidos, la mayoría de ellos latinoamericanos.
El director del albergue Casa del Migrante hizo votos para que la reforma considere a los inmigrantes como personas que sólo aspiran a trabajar y a conseguir mejores condiciones de vida para sus familias. No se trata de criminales, advirtió.
La Casa del Migrante es una institución no gubernamental vinculada a la Iglesia Católica que brinda comida y albergue a quienes llegan expulsados del vecino país del norte o van de tránsito por la ciudad de Tijuana y no cuentan con dinero ni apoyo.
Tijuana es uno de los puntos principales desde donde intentan ingresar los inmigrantes indocumentados, en particular mexicanos, pero también miles de latinoamericanos y asiáticos.
