Oír buenas noticias sobre la libertad de prensa en Eritrea es algo raro. Por eso, el anuncio de la liberación del periodista eritreo-sueco Isaac Dawit, tras cuatro años de prisión, fue recibido con gran alivio en noviembre pasado.
El embajador sueco en Asmara, Bengt Sparre, envió sus felicitaciones a la familia de Dawit, que aguardaba en Suecia llena de alegría.
Pero, pocos días después de divulgada la noticia, el ministro de Información de Eritrea, Alí Abdu, le aclaró a la agencia de noticias francesa AFP que Dawit había sido liberado temporalmente para exámenes médicos, y que volvería a prisión.
¿Qué fue lo que pasó? ¿Un malentendido entre el embajador sueco y el gobierno eritreo? ¿Un cambio en la decisión de las autoridades de Asmara, irritadas por los defensores de la libertad de prensa?
Es posible que la verdad nunca llegue a la esfera pública, pero el caso de Dawit, especialmente en vísperas del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebrará este miércoles, sigue dando qué hablar.
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Eritrea es considerada por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) como uno de los países que más encarcela a trabajadores de la prensa. En este país de África oriental hay 13 periodistas presos, según esa organización.
El gobierno eritreo señala que el caso de Dawit «es algo interno y no tiene relación con otros países», comentó un diplomático.
«Y es mejor que no los sometan a juicio (a los periodistas), pues en Eritrea todavía existe la pena de muerte. Ése es el mensaje que sacamos nosotros», añadió.
Eritrea se independizó de Etiopía en 1991 luego de 30 años de lucha y un gran sufrimiento de la población.
Muchos eritreos exiliados por el conflicto regresaron a su país, la economía creció y el entonces presidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001) calificó al nuevo jefe de Estado eritreo Isayas Afewerki de «nuevo líder» para África, marcando una diferencia con los anteriores gobernantes, tiranos y corruptos.
Pero los sueños se frustraron.
Las relaciones entre Eritrea y Etiopía se deterioraron, y los dos países se enfrascaron en una guerra fronteriza entre 1998 y 2000.
Para cuando se firmó el acuerdo de paz, un cuarto del territorio de Eritrea estaba ocupado, su infraestructura destruida y un tercio de su población había sido desplazada. Mientras, Isayas fue acusado de haber desperdiciado mejores propuestas de paz.
Muchos eritreos —incluyendo a los periodistas hoy en prisión— cuestionaron la forma en que el gobierno manejó la guerra y otros asuntos políticos.
Entonces, cuando toda la atención mundial estaba cifrada en los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington y sus consecuencias, el gobierno eritreo adoptó medidas severas contra la prensa.
«Con la atención mundial entonces en otro lugar, Isayas ordenó el arresto del Grupo de los 15 (agrupación de 15 influyentes líderes políticos), la clausura de todos los medios de prensa privados y la detención de los principales editores y periodistas críticos», señaló el analista estadounidense Dan Connell, en su libro «Conversations with Eritrean Political Prisoners» («Conversaciones con prisioneros políticos eritreos»).
Desde entonces, poco se sabe de los periodistas. Las acusaciones contra ellos incluirían delitos como resistirse al reclutamiento militar y amenazar la seguridad nacional.
«Los periodistas han virtualmente desaparecido desde las medidas del 18 de septiembre de 2001 y el cierre de los periódicos privados. Las autoridades de Eritrea se niegan a informar sobre su salud, ubicación o estatus legal», indicó un comunicado de prensa del CPJ divulgado en septiembre pasado.
«Algunos informes indican que podrían haber sido torturados. El monopolio gubernamental de las noticias y el temor de las familias (de los detenidos) a represalias hacen muy difícil conseguir información», añadió.
Ni siquiera está del todo claro el número de periodistas en prisión.
En noviembre de 2005, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) estimó que había 13, y poco después elevó la cifra a 15. Mientras, el gobierno de Estados Unidos señaló que «al menos» 15 periodistas fueron encarcelados, e indicó que el número total podría ser de 16.
Debido a que se ignoran las circunstancias en que fueron detenidos, es muy difícil mantener sus casos en la agenda internacional. Además, compiten por la atención pública con minorías religiosas y líderes políticos perseguidos, entre otros.
A nivel local, la mayoría de los eritreos no tienen acceso a información sobre los periodistas sino sólo aquella aprobada por el gobierno. Además, cifran toda su atención en proteger y mantener a sus familias. La oposición en Eritrea quizás no ha desaparecido, pero sí fue silenciada por completo.
Los informes del CPJ, de RSF y del gobierno de Estados Unidos parecen indicar que el destino de los periodistas encarcelados en Eritrea no ha sido olvidado del todo por la comunidad internacional.
Sin embargo, los diplomáticos están más atentos a otros asuntos, como un posible nuevo conflicto bélico con Etiopía y una crisis humanitaria provocada por sequías.
Los periodistas que están en prisión, según el CPJ y la organización humanitaria Amnistía Internacional, son:
Detenido en enero de 1999
1. Zemenfes Haile
Detenido en junio de 2000
2. Ghebrehiwet Keleta
Detenidos en septiembre de 2001
3. Amanuel Asrat
4. Medhanie Haile
5. Yusuf Mohamed
6. Mattewos Habteab
7. Temesgen Ghebreyesus
8. Said Abdelkader
9. Dawit Isaac
10. Seyoum Tsehaye
11. Dawit Habtemichael
12. Fesshaye «Joshua» Yohannes
Detenido a fines de 2001
13. Selamyinghes Beyene
Detenidos en febrero de 2002
14. Hamid Mohammed
15. Saidia Ahmed
16. Saleh Aljezeeri
Detenidos y liberados hasta ahora: Ruth Simon, Semret Seyoum y Aklilu Solomon
