Unos 600.000 estudiantes secundarios de Chile se mantuvieron este miércoles en su segundo día de huelga en demanda de profundos cambios al sistema educativo, mientras dialogan con el gobierno de Michelle Bachelet, enfrentada a una compleja encrucijada política a raíz de este conflicto.
En una señal de acercamiento hacia los estudiantes, el gobierno destituyó de su cargo al prefecto de Fuerzas Especiales de la policía de Carabineros, coronel Osvaldo Jara, por su responsabilidad en la violenta represión del martes contra manifestantes y periodistas en Santiago, que dejó 619 detenidos, 163 de ellos adultos.
"No aceptaremos hechos repudiables", dijo Bachelet al condenar la actuación policial en una rueda de prensa junto al presidente del Colegio de Periodistas, Alejandro Gullier, quien anunció acciones judiciales de esa organización contra los policías que agredieron a dos camarógrafos y a un fotógrafo.
"Hemos manifestado nuestra indignación por los hechos (de represión) acaecidos (el martes), tanto por los periodistas y camarógrafos como con estudiantes que han sufrido de un exceso, un abuso, una violencia repudiable e injustificable", señaló la presidenta de 54 años que inició su mandato el 11 de marzo.
La represión de las fuerzas antimotines causó además lesiones a 19 personas, mientras fuentes de Carabineros indicaron que nueve de sus efectivos fueron heridos en los incidentes.
La violencia en Santiago contrastó con el carácter pacífico que tuvieron en el resto del país las manifestaciones de estudiantes y profesores, con incidentes muy aislados y con apenas un centenar de arrestados.
También la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), que dirige las movilizaciones, adoptó este miércoles el acuerdo de querellarse judicialmente contra el Cuerpo de Carabineros.
"La asamblea está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias, no estamos dispuestos a seguir arriesgando a nuestros compañeros, a que salgan a la calle pacíficamente y sean agredidos", dijo a IPS la alumna María Jesús Sanhueza, una de las dirigentes del movimiento.
Tras su asamblea, los líderes estudiantiles concurrieron a reunirse con el ministro de Educación, Martín Zilic, reanudando así el diálogo con el gobierno abierto el martes en una maratónica sesión de casi seis horas en que se alcanzaron acuerdos todavía muy parciales.
En la reunión de este miércoles se discutía la principal demanda estudiantil, derogar la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), promulgada por el dictador Augusto Pinochet el 10 de marzo de 1990, un día antes de entregar el gobierno al presidente democrático Patricio Aylwin, que marcó el fin del régimen militar instalado en septiembre de 1973.
Esa normativa consagró el virtual desmantelamiento de la educación pública con el traspaso a los municipios de los colegios gestionados por el Estado nacional y la creación de los llamados colegios particulares (privados) subvencionados, que reciben fondos públicos de acuerdo al número de alumnos que atienden.
La LOCE posibilitó igualmente la multiplicación de universidades privadas, que hoy superan en número a las estatales y que cobran altos aranceles a sus estudiantes, en muchos casos administradas por grupos empresariales.
"Los estudiantes secundarios están dando una batalla histórica por terminar con el mercado de la enseñanza", dijo a IPS Fabiana Silva, una estudiante universitaria que se manifestó en las calles de Santiago con una pancarta en que la sigla LOCE se traducía como "Ley Orgánica Comercial de Educación".
Por su carácter constitucional, la reforma o derogación de la ley requiere del voto favorable de al menos dos tercios de los 120 diputados y 38 senadores, lo cual obliga a la gobernante coalición de centroizquierda a buscar apoyo de los dos partidos de la oposición de derecha, si se acoge la demanda de los estudiantes.
"La presidenta Michelle Bachelet tiene la oportunidad histórica de resolver el gran problema que tiene la educación chilena, un modelo heredado del régimen militar y que no garantiza una educación de calidad para todos", dijo el diputado Iván Paredes, del Partido Socialista, el mismo de la mandataria.
Sucesivos índices de calidad de la educación en Chile han demostrado que los alumnos de los colegios particulares pagados y de un reducido número de planteles del Estado tienen los mejores rendimientos, seguidos por los colegios particulares subvencionados. El rendimiento de quienes cursan en la educación municipal se ubica en los últimos lugares.
Las federaciones estudiantiles de las principales universidades chilenas apoyan el movimiento de los secundarios, al igual que el Colegio de Profesores y otras muchas organizaciones sociales, al igual que agrupaciones de padres.
La plataforma de lucha de los estudiantes secundarios incluye además demandas de gratuidad de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), un examen de carácter nacional que deben rendir los egresados de la enseñanza media que desean continuar estudios en alguna de las 27 universidades del Consejo de Rectores, vinculadas al Estado.
Según indicaron fuentes estudiantiles a IPS, con el ministro Zilic se logró un principio de acuerdo para que los estudiantes de las familias de más bajos ingresos del país sean excluidos en el futuro del pago del arancel para rendir la PSU, que asciende a 40 dólares.
Es probable que se acuerden subvenciones bajo parámetros similares para atender otra de las exigencias del estudiantado, la de gratuidad de los pasajes para estudiantes en autobuses y en el Metro (ferrocarril metropolitano). La tarifa escolar en los autobuses es de 30 centavos de dólar, mientras los adultos pagan 70 centavos de dólar.
El último punto en debate es el de la revisión de la jornada escolar completa, establecida bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) para que los estudiantes permanecieran mañana y tarde en los establecimientos, con el fin de potenciar su aprendizaje y aumentar también actividades deportivas y artísticas.
"La jornada escolar completa es un fracaso porque la mayoría de los colegios municipalizados, especialmente cuando son de municipios pobres, no tienen infraestructura para actividades académicas, deportivas y culturales, con lo cual la permanencia pasa a ser una pérdida de tiempo", dijo a IPS Carlos Cruz, estudiante del municipio de Cerro Navia, uno de los más pobres de Santiago.
Las movilizaciones juveniles de estos días son consideradas las mayores en la historia de este país sudamericano y ponen a prueba la capacidad política de Bachelet y de sus ministros, especialmente de Zilic, titular de Educación, militante del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
Los 600.000 jóvenes en huelga constituyen 17 por ciento de los 3,6 millones de estudiantes secundarios.
La presidenta ha tenido algunos traspiés, ya que ignoró virtualmente la crisis de la educación en su primer mensaje a la nación, el día 21, y cuando comenzó el conflicto, con paros parciales y ocupaciones de escuelas condicionó el diálogo a que los estudiantes depusieran ese tipo de medidas.
"El gobierno va de tumbo en tumbo", dijo el senador Andrés Chadwick, de la derechista Unión Demócrata Independiente, luego de que los estudiantes le "doblaran la mano" a la presidenta, quien tuvo que aceptar el diálogo mientras aumentaban las ocupaciones y paros en los colegios de todo el país.
