Por presiones de Estados Unidos, naufragaron en México reformas legales que apuntaban a librar de sanciones penales a los consumidores de drogas, permitiéndoles portar dosis reducidas, y a distinguirlos de los pequeños narcotraficantes.
"El presidente (de México) demostró que no tiene independencia y con ello enterró, quizá por un largo rato, leyes que hubieran representado un avance", dijo a IPS Ricardo Sala, líder de la organización no gubernamental Convive, que promueve una regularización y legalización del consumo de drogas.
Apenas dos días después de que el gobierno había indicado que las nuevas normativas sancionadas eran adecuadas y que serían promulgadas, el presidente Vicente Fox anunció que las vetará.
El viraje se produjo para atender la preocupación expresada por "diversos sectores" y para dejar en claro que México no está a favor del consumo de drogas, explicó el portavoz presidencial, Rubén Aguilar.
Distintas autoridades en Washington habían expresado su rechazo a las reformas, pues a su entender toleraban el consumo de esas sustancias. Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas del mundo, gran parte de las cuales llegan de México,
"Le damos la bienvenida al anuncio" del veto divulgado el jueves, declaró el portavoz del Departamento de Estado (cancillería) estadounidense, Sean McCormack. "Entiendo que el presidente Fox sometió algunas enmiendas a la legislación para que no haya duda que la posesión y consumo de drogas continúa siendo un crimen", comentó.
Las normas sancionadas en el parlamento, que habían sido propuestas por el mismo Fox en enero de 2004, reformaban artículos de leyes de los ámbitos penal y de salud.
El objetivo central de los cambios apuntaba a que policías estatales y municipales pudieran actuar sin tamices de por medio en la lucha contra los pequeños narcotraficantes. Es que las normas vigentes indican que sólo la Policía Federal, que depende del gobierno nacional, está plenamente facultada para esa actividad.
La intención es "dotar de competencia a las autoridades locales en la prevención y combate a la posesión, comercio y suministro de estupefacientes y psicotrópicos, sin excluir la intervención o eliminar facultades que en la materia tiene la Federación", apuntan los legisladores en el preámbulo de las normas que aprobaron.
En ellas también se estipula que para el caso de fármacodependientes y consumidores queda permitido portar hasta cinco gramos de marihuana, cinco gramos de opio, 25 miligramos de heroína y 500 miligramos de cocaína.
Además, despenaliza el transporte personal de pequeñas dosis de drogas como LSD (ácido lisérgico), hongos alucinógenos, anfetaminas y de peyote (un cactus con efectos alucinógenos).
"Precisar que los consumidores de drogas no son sancionables era un gran avance para el país, igual que combatir a los vendedores al menudeo, que a propósito ahora crecen como espuma", señaló Sala.
Las leyes penales vigentes indican que quienes sean detenidos con droga serán pasibles de cárcel, pero aclara que los que demuestren ser adictos o consumidores, quedan libres y deben someterse a rehabilitación.
Empero, esta normativa no precisa cuál es la cantidad tope de droga para que el portador sea considerado un consumidor y no un traficante.
En esa imprecisión se amparan muchos de los que distribuyen las sustancias prohibidas en pequeña escala para quedar libres de culpa y cargo, mientras algunos consumidores terminan en la cárcel al no lograr acreditar de forma fehaciente, por falta de abogados adecuados o conocimientos, que son adictos.
La Procuraduría General (fiscalía) de la República reconoce que el "narcomenudeo" (localismo que se utiliza para describir a la venta de drogas a pequeña escala) viene creciendo de forma exponencial en México, en parte debido a la falta de recursos y personal para combatirlo.
Precisa que la venta de drogas al menudeo creció sólo en la capital más de 700 por ciento entre 2001 y 2004.
Según estudios de la fiscalía, hay en el país unas 30.000 "tienditas" (pequeños comercios) que distribuyen unas 78 toneladas de estupefacientes cada año. En esa cifra no se incluye lo que venden los llamados "burreros", quienes trafican de forma ambulante.
Las reformas aprobadas por los legisladores "representaban un paso adelante en el sentido de que las autoridades debe distinguir entre un narcotraficante y una personas que por su decisión personal es consumidor", señaló el líder de la organización Convive.
Según el diputado Heliodoro Díaz, del opositor Partido Revolucionario Institucional, "si el presidente decidió vetar estas reformas por presiones de la DEA (la agencia antidrogas de Estados Unidos) o de grupos conservadores en México, creo que entonces muestra actitudes equivocadas y de falta de firmeza".
Al mandatario, le "gana en todo caso el prejuicio y la ignorancia", opinó.
Las reformas eran para combatir de mejor forma a los vendedores de drogas y al narcotráfico, "no para promoverlos", señaló por su parte Eliana García, diputada del izquierdista Partido de la Revolución Democrática.
Los cambios a las leyes penales y de salud que serán vetados por el presidente habían sido apoyados por todos los partidos políticos, incluido el conservador Acción Nacional, al que pertenece Fox.
Tras el anuncio del veto, ahora los legisladores deberán volver a debatir y votar las reformas. Para ello tendrán primero que estudiar las observaciones que haga el mandatario, que aún no se conocen con precisión.
Se calcula que unos 300.000 de los 104 millones de mexicanos están vinculados de alguna forma con la venta, producción y distribución de drogas.
En un informe difundido en 2005, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas señaló que es preocupante el aumento de la venta de drogas al menudeo en México.
La agencia indicó que carteles de las drogas están interesados cada vez más en crear en México un mercado interno y ya no sólo dedicarse al envío a Estados Unidos, a donde llega la mayoría de las drogas que pasan por territorio de este país.
El último reporte nacional sobre adicciones realizado en México por la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática indica que, entre 1993 y 2002, el porcentaje de personas de 12 a 65 años que probaron "alguna vez" drogas, sin incluir alcohol o cigarrillo, pasó de 3,9 por ciento a 5,03 por ciento.
