Dentro de dos semanas, un médico experto en tratamiento del dolor del sudeste de Estados Unidos ingresará en una cárcel para cumplir una condena de dos años y medio por narcotráfico, chantaje y lavado de dinero
Michael Jackson es uno entre cientos de profesionales arrestados, acusados y encarcelados por violar la Ley de Sustancias Controladas, diseñada para limitar el suministro de medicamentos ilegales por parte de médicos y su consumo por parte de pacientes.
Mientras, el conductor de programas de radio y connotado derechista Rush Limbaugh, acusado de engañar a varios médicos para que le prescribieran la cantidad de analgésicos que creía necesarios para calmar su crónico dolor de espalda, llegó a un acuerdo con la fiscalía del sudoriental estado de Florida.
La acusación quedará sin efecto dentro de 18 meses si Limbaugh cumple con determinadas condiciones, como cumplir su tratamiento con un solo profesional y someterse a pruebas periódicas sobre consumo de medicamentos.
Pero Jackson no tuvo esa suerte, y deberá abandonar su hogar en el estado de Carolina del Sur rumbo a la prisión de Talladega, en Alabama.
[related_articles]
Este médico cree que el contraste entre su caso y el de Limbaugh denota "un generalizado doble discurso: uno para los que 'son alguien' y otro para los que son 'nadie'".
"Las celebridades no solo tienen acceso a los mejores abogados, sino que utilizan su estatus social, como yo lo habría hecho si fuera 'alguien'", ironizó el médico en sus declaraciones a IPS.
"Los 'alguien' incluyen una larga lista de individuos" que violaron las normas sobre control de medicamentos, sostuvo.
Además de Limbaugh, la integran el legislador Patrick Kennedy —hijo del senador Ted Kennedy—, las estrellas del fútbol americano Ricky Williams y Joe Gilliam, el ex beisbolista Darryl Strawberry, y la hija del gobernador de Florida y sobrina del presidente de Estados Unidos, Noelle Bush.
Ésa es apenas parte de "una multitud de atletas, estrellas de cine y familiares de los que están bien conectados", acusó Jackson.
"Entre los 'nadie', sólo figuran pobres. Con pocas excepciones, son ellos quienes llenan las cárceles. Los pocos 'alguien' que cayeron entre rejas fue porque violaron su libertad bajo palabra", agregó. Entre ellos, mencionó a Strawberry, Downey, Gilliam y Noelle Bush.
El abogado de Limbaugh fue el célebre Roy Black, de Miami. En cambio, el de Jackson fue designado por el tribunal, pues no podía afrontar los gastos, dado que la fuerza federal de policía antidrogas (DEA) revocó su licencia para prescribir medicamentos, por lo que perdió sus ingresos como médico.
En los últimos años, la DEA, en cooperación con autoridades federales y de los estados, lanzó una agresiva campaña contra médicos expertos en el tratamiento del dolor y sus pacientes.
Su objetivo básico es el analgésico opioide OxyContin, que, según la DEA, es objeto de excesiva prescripción médica. Las píldoras acaban con frecuencia vendidas ilegalmente en las calles, asegura la policía.
El OxyContin contiene un analgésico muy potente y adictivo llamado oxicodona. Su compra requiere en Estados Unidos la presentación de una prescripción médica documentada.
Sin embargo, el medicamento es objeto de intensas campañas de marketing promovidas por su fabricante, la firma farmacéutica Purdue Pharma.
La campaña de la DEA contra el OxyContin derivó en arrestos y encarcelamientos masivos de médicos y pacientes, muchos de los cuales fueron condenados a extensas condenas.
La DEA afirma que se trata de una batalla importante en la "guerra contra las drogas", pero su actitud fue criticada por fiscales de los estados, asociaciones de médicos y organizaciones que defienden la analgesia como parte integral de los servicios de salud.
La mayoría de los médicos consideran que jueces y fiscales carecen de conocimientos suficientes para entender en estos juicios.
Pero la DEA asegura que las prescripciones abusivas representan casi 30 por ciento del total de problemas relacionados con drogas en este país, un desafío cercano al de la adicción a la cocaína.
Jackson es uno de "los ocho de Myrtle Beach", como han dado en llamar a los médicos que trabajaban en el Centro de Cuidado Completo y Manejo del Dolor en Myrtle Beach, Carolina del Sur. Uno de ellos era el propietario de la clínica, Michael Woodward.
"Woodward fue forzado a acusarnos a los otros. Perjuró al sugerir que existía una conspiración para la distribución ilegal de opiáceos. La acusación de conspiración hizo innecesario demostrar el motivo del delito" en el tribunal, según las leyes de Estados Unidos, recordó Jackson.
Jackson fue acusado en junio de 2001 de homicidio y de prescripción de opiáceos excesiva o sin razón médica y a pacientes con los que no tenía un vínculo médico legítimo.
El primer paso del proceso de acusación fue la revocación de su licencia para prescribir medicamentos. La caída de sus ingresos le obligó a usar su casa como garantía para pagar los 25.000 dólares de fianza que le permitieron esperar en libertad el fin del juicio y sus apelaciones.
A comienzos de 2002 fue hallado culpable por un tribunal en Florence, en Carolina del Sur, y condenado a 25 años de cárcel.
La sentencia quedó pendiente de apelación, y se redujo a dos años y medio luego de que la fiscalía retiró la acusación de homicidio, pues quedó comprobado que él no atendió a los pacientes muertos por sobredosis cuyo caso se analizó en los tribunales.
Jackson afirmó que la DEA suele presentar cargos por homicidio al principio de los procesos contra médicos, pues eso les da motivos para revocar la licencia y privarlos de su ingreso, lo que dificulta la defensa.
El médico presentó un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia, que se negó a revisar el caso.
Pero Jackson no fue el único condenado de los "ocho de Myrtle Beach".
Deborah Bordeaux recibió una condena a ocho años y un mes de prisión por conspiración para recetar opiáceos. Solo había trabajado 57 días en la clínica.
Ricardo Alerre, de 74 años, fue condenado a 19 años y siete meses de prisión. Deborah Sutherland y Thomas Devlin, a dos años cada uno. Benjamin Moore, quien se declaró culpable, se suicidó antes de que la justicia dictara sentencia.
El abogado de Alerre pidió una reducción de la sentencia basada sobre su edad. El juez de distrito Weston Houck respondió que la ley no se lo permitiría. "Estoy íntimamente convencido de que el doctor Alerre es una buena persona y que nunca más lo veremos en la cárcel, pero no romperé la ley", dijo.
"Creo y confío en que este caso envía un mensaje claro a los médicos: deben asegurarse de que las sustancias controladas que prescriben son médicamente necesarias", se ufanó el vicefiscal general de Estados Unidos Bill Day.
"Si los médicos tienen dudas, este caso se las responderá", agregó…
"Siempre he cumplido con las normas", replicó Jackson. "Ni siquiera tengo multas por mal estacionamiento. Creo que esto es un error del gobierno."
Por otra parte, William Hurwitz, médico célebre y pionero en el tratamiento del dolor, cumple una condena de 25 años en prisión, y debe pagar una multa de dos millones de dólares.
Expertos aseguran que la campaña de la DEA ha tenido un efecto aterrador sobre los médicos dedicados a reducir el dolor de pacientes crónicos, que dejan de ejercer su especialidad para dedicarse a otras menos riesgosas, lo que deja a sus pacientes sin tratamiento ni medicación.
La revista neoyorquina Village Voice informó que las escuelas universitarias de medicina están recomendando a sus alumnos que eviten definitivamente la práctica del tratamiento del dolor.
Paradójicamente, la campaña de la DEA surge en un momento de grandes avances en la materia. El dolor crónico hace la vida intolerable, a veces imposible, a entre 50 y 70 millones de estadounidenses.
Hasta hace unos 20 años, la medicina sabía poco sobre el tratamiento del dolor. Hoy, en cambio, se ha vuelto una especialidad médica reconocida y se estima que unos 5.000 médicos la practican en Estados Unidos.
El programa de la DEA también se aplica en un momento en que hay analgésicos más efectivos en el mercado y es más fácil que nunca obtenerlos gracias a la red mundial informática Internet.
Los pacientes también son perseguidos. Richard Paey, de 45 años, está confinado a una silla de ruedas pues sufre esclerosis múltiple. Ya fue condenado por tercera vez, y rechazó por razones de principios una oferta de libertad condicional.
Paey fue acusado de presentar múltiples prescripciones apócrifas de opioides para el tratamiento del dolor crónico. Vivía en Nueva Jersey, donde se atendía, pero luego se mudó a Florida. Allí no pudo conseguir un médico que le recetara analgésicos.
Por lo tanto, pasará como mínimo 25 años en la cárcel.
Los que apoyan a Paey advierten que las leyes le han impedido encontrar ayuda médica para aliviar sus insoportables dolores. No ha sido acusado de vender medicamentos, e incluso el fiscal admitió que sólo él los consumía.
Hoy en prisión, Paey tiene un aparato por el cual se autoadministra morfina. Ha consumido entre rejas más analgésicos que antes de ser condenado.
