El actual gobierno de México marcó una inflexión radical en temas de derechos humanos. Aunque persisten graves problemas en esta materia, la apertura del presidente Vicente Fox al escrutinio internacional y su aliento a la transparencia fueron acciones inéditas y positivas.
La administración del líder del conservador Partido Acción Nacional (PAN), que finalizará su mandato en diciembre, marcó "una notoria diferencia con los gobiernos del PRI (Partido Revolucionario Institucional que gobernó de 1929 a 2000)", dijo a IPS Tamara Taraciuk, una de las autoras del documento.
"El cambio es dramático respecto de la situación anterior, pues ya no se aducen teorías de soberanía para evitar la vigilancia en derechos humanos ni para ocultar información como sucedió con el PRI", señaló.
Con Fox, el país se abrió por completo al examen de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos.
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Por tal estrategia es que México fue elegido para integrar el flamante Consejo de Derechos Humanos de la ONU y posiblemente sea designado el 9 de junio su primer presidente, señalaron portavoces oficiales.
No obstante eso, "México no ha adoptado medidas que efectivamente enfrenten los problemas de derechos humanos que la apertura y la transparencia han ayudado a poner en evidencia", indica el documento de HRW.
Entre las cuestiones a atacar, la organización humanitaria detalla la mala administración de justicia, la impunidad de los crímenes contra opositores cometidos durante gobiernos del PRI, la persistencia de la tortura en centros de detención y los asesinatos aún sin esclarecer de mujeres en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos.
Ciudad Juárez se ganó el mote de la "capital del femicidio" por los continuos asesinatos, precedidos de violencia sexual, y por las desapariciones de mujeres que se registran desde hace 11 años y que llegan a 379, según la fiscalía especial creada para investigar esos casos.
El informe, realizado con base a entrevistas a autoridades de diversos niveles y activistas, sostiene que al país le falta aún recorrer un largo trecho para consolidar su democracia y el respecto de los derechos humanos, que son "aún prisioneras de leyes e instituciones que heredó del pasado".
"Para afrontar este desafío, la próxima administración deberá promover enérgicamente una agenda de derechos humanos, adoptando como propios los avances de la agenda de Fox y evitando sus desaciertos más serios", apunta el documento.
Según Taraciuk, "la idea del informe era poner el tema de los derechos humanos en las campañas presidenciales".
"Consideramos que esto no es asunto político y partidario y que todos los candidatos, que no hablan mucho del tema, deben comprometerse", añadió.
México está inmerso desde comienzos de año en una intensa y agresiva campaña de cara a las elecciones presidenciales del 2 de julio. El ganador de la contienda asumirá el 1 de diciembre y reemplazará a Fox, el primer mandatario ajeno al PRI desde 1929.
El candidato que lidera las encuestas es Felipe Calderón, del gobernante PAN, quien ofrece dar continuidad y reforzar las políticas sociales y la estrategia internacional de Fox.
Muy de cerca lo sigue Andrés López Obrador, del izquierdista y opositor Partido de la Revolución Democrática, quien promete "realizar una cirugía mayor" a las estructuras económicas del país y retomar la "doctrina de soberanía y no intervención" en materia de política internacional.
Los otros postulantes son Roberto Madrazo, del PRI, a quien los favoritos le llevan más de 10 puntos porcentuales de ventaja según las encuestas, así como Patricia Mercado, de la socialdemócrata Alternativa, y Roberto Campa, de Nueva Alianza, que juntos no suman cinco por ciento de las intenciones de voto.
Tras las elecciones se corre el riesgo "de que se vuelva atrás en la apertura al escrutinio internacional en derechos humanos aduciendo cuestiones de soberanía, pues no hay una institucionalización legal de esta posición", expresó Taraciuk.
Las dos recomendaciones específicas de HRW para el ganador de las elecciones "es que se establezca una oficina permanente de la ONU en México y mantener la apertura al escrutinio internacional sin argumentar que la soberanía nacional es más importante que los derechos humanos", añadió.
El informe de HRW, cuya elaboración tomó un año, apunta que, con el nuevo gobierno, este país "debe promover la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas en el pasado y, al mismo tiempo, frenar los abusos que aún hoy siguen cometiéndose regularmente".
"Los esfuerzos del presidente Fox para tratar estos problemas han sido ambiciosos en su diseño, pero, en buena parte, en la práctica no han alcanzado con sus objetivos principales", sostiene.
La organización humanitaria, que cuenta en su junta directiva con el ex canciller de Fox, Jorge Castañeda, aplaude a Fox y a los legisladores por haber logrado, tras presiones de asociaciones civiles, que en 2002 se apruebe la llamada ley de transparencia, cuyas disposiciones permiten el acceso público a documentos del Estado.
La sanción de tal norma "dio un golpe potencialmente decisivo a la tradicional cultura del secreto con la cual se manejaban los asuntos de Estado", lo que en materia de democracia y derechos humanos es esencial, opina HRW.
Pero aunque la ley de transparencia ha transformado la política de México sobre el manejo de la información, "aún persiste un serio riesgo de que la cultura del secreto reaparezca en el futuro".
"Los avances logrados en la promoción de la transparencia dentro del Poder Ejecutivo aún no han sido replicados por los demás poderes del estado ni por las instituciones gubernamentales autónomas, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y la ley de transparencia no impone directamente obligaciones a los partidos políticos, que emplean enormes recursos públicos", advirtió HWR.
Uno de los puntos que en el informe se reclama con vehemencia a Fox es no haber esclarecido la llamada guerra sucia ejercida por los gobiernos del PRI en los años 60, 70 y 80, que incluyó la desaparición forzada y posterior asesinato de unas 532 personas.
El gobierno creó una fiscalía especial para investigar esos crímenes y encauzar judicialmente a los responsables, pero "los resultados obtenidos han sido decepcionantes", pues no ha logrado sancionar a nadie, señala HRW.
Según la organización humanitaria, "la administración de Fox no garantizó que la oficina (la fiscalía especial) contara con la credibilidad, la capacidad técnica y los poderes necesarios para alcanzar sus objetivos. Tampoco aseguró la activa colaboración de otras instituciones como la policía federal de investigaciones", denunció.
"Para reforzar y complementar los esfuerzos para investigar y enjuiciar estos casos (de la guerra sucia), el próximo presidente debería promover el establecimiento de una comisión de la verdad con los recursos, especialización e independencia necesarios para continuar con la investigación que inició la Fiscalía Especial", añadió.
