La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) presentó demandas en más de 20 estados por la entrega, por parte de empresas telefónicas, de registros de llamadas a la gubernamental Agencia Nacional de Seguridad.
Esta organización, la más antigua entre las que defienden los derechos humanos en Estados Unidos, reclama que las comisiones de servicios públicos y los fiscales realicen audiencias públicas y convocó como testigos a ejecutivos de las empresas telefónicas.
La directora ejecutiva de ACLU en el nororiental Massachusetts, Carol Rose, dijo que cuatro alcaldes se quejaron ante el consejo regulador de empresas públicas del estado.
La ley de Massachusetts exige que ese consejo realice audiencias públicas cuando un alcalde presenta una demanda.
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El alcalde de Chicopee, Michael D. Bissonnette, se unió a los pedidos en Massachussetts porque la privacidad, dijo, se está convirtiendo rápidamente en el asunto clave en materia de derechos civiles.
"Esta es, probablemente, la mayor invasión a la privacidad del consumidor en la historia de nuestra nación", opinó.
La ACLU presentó demandas similares en Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia y Washington.
Habitualmente, a las comisiones de servicios públicos de los estados se les ordena regular las actividades de los proveedores telefónicos, entre otros.
Un ataque legal frontal contra la Agencia Nacional de Seguridad probablemente sacuda la solidez de la doctrina del "secreto de Estado", a través de la cual el gobierno es capaz de evitar que casos delicados sean objeto de juicio porque divulgar ciertas evidencias comprometería la seguridad nacional.
Otrora esgrimidos raras ocasiones, la facultad del secreto de Estado se ha convertido en una de las defensas básicas usadas por el gobierno de George W. Bush para mantener la discreción.
Mientras la ACLU presentaba sus demandas, también lanzó una campaña nacional para alentar a los ciudadanos a informar a la comisiones de servicios públicos sobre sus preocupaciones en torno de la privacidad.
Esta campaña es desarrollada a través de un formulario de queja disponible en el sitio web de la ACLU.
La organización también publicó avisos a página entera en ocho periódicos metropolitanos para pedirle al público que se una a las demandas.
Los anuncios alegan que las empresas de telecomunicaciones, entre ellas AT&T y Verizon, pueden "haber enviado ilegalmente sus grabaciones telefónicas a la Agencia Nacional de Seguridad".
La organización también pidió a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos que reconsidere su decisión de no investigar la posible entrega de decenas de millones de registros telefónicos a la Agencia Nacional de Seguridad por parte de la empresa.
La Agencia Nacional de Seguridad es el mayor organismo de inteligencia del gobierno estadounidense y también la creadora y ejecutora del programa de espionaje telefónico masivo, que quedó al descubierto el 11 de este mes por un informe del diario USA Today.
El diario informó que tres importantes firmas telefónicas nacionales —AT&T, Verizon y BellSouth— habían entregado los registros de llamadas de millones de ciudadanos estadounidenses al gobierno luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington.
Bush y otros funcionarios del gobierno no confirmaron ni negaron el informe del USA Today sobre el registro por parte de la Agencia Nacional de Seguridad de llamadas de ciudadanos comunes en su esfuerzo por detectar planes de la red terrorista Al Qaeda, liderada por el saudita Osama bin Laden, y otras similares.
Pero Bush dijo que los programas de vigilancia antiterrorista del gobierno son legales y constitucionales.
Mientras, abogados especializados en demandas colectivas se preparan para presentar un aluvión de querellas contra empresas telefónicas involucradas en el programa de la Agencia Nacional de Seguridad.
La filial de la ACLU en el septentrional estado de Illinois ya presentó una contra AT&T, una de las compañías sospechosas, con el argumento de que sus acciones en el programa de la Agencia Nacional de Seguridad violaron la privacidad de los clientes.
Pero sigue sin estar claro qué empresas telefónicas entregaron qué registros a quién. Algunas negaron estar involucradas, pero la ACLU señaló que esa negación fue expresada cuidadosamente y con alusiones a los intereses de seguridad nacional implicados.
Todas las firmas nombradas por USA Today cuestionaron el informe del diario. AT&T ni lo confirmó ni lo negó, pero dijo que ninguna información fue difundida ilegalmente.
Verizon rechazó de plano cualquier participación en el programa de la Agencia Nacional de Seguridad. Pero dejó abierta la cuestión de si MCI, la subsidiaria a cargo de servicios telefónicos de larga distancia que compró en enero, proporcionó registros al gobierno.
En su declaración, BellSouth declaró a comienzos de mes: "Basados en nuestra evaluación hasta la fecha, hemos confirmado que no existe tal contrato y no hemos proporcionado grandes cantidades de registros de llamadas de clientes a la Agencia Nacional de Seguridad."
Organizaciones de defensa de los derechos civiles dicen que el uso de la palabra "contrato" parece ser una evasiva.
Si las demandas a empresas telefónicas continúan ganando impulso, sus costos podrían ser enormes, reminiscencia de acciones pasadas semejantes tales como litigar contra las principales tabacaleras.
En respuesta a la carta de ACLU, la Comisión Federal de Comunicaciones, agencia encargada de controlar al sector de las telecomunicaciones, dijo no tener autoridad para investigar el programa de registro de llamadas porque sus miembros carecen de potestades en materia de seguridad.
La ACLU cree que el programa telefónico es el ejemplo más reciente de "un abuso de poder a largo plazo por parte de la rama ejecutiva", señaló el director ejecutivo Anthony D. Romero.
Un portavoz de ACLU acusó al gobierno federal y a las empresas telefónicas mencionadas de "ocultarse detrás del 'privilegio de los secretos de estado'" para evitar que se hiciera pública información crítica sobre la privacidad de los ciudadanos.
Abogados expertos en libertades civiles cuestionaron la base legal utilizada por el fiscal general, Alberto Gonzales, para justificar la constitucionalidad de la recolección de registros telefónicos internos como parte del programa gubernamental contra el terrorismo.
Gonzales afirmó que tal actividad no requiere aval de un organismo judicial porque involucra "registros empresariales". "Esas clases de registros no están protegidos por la Cuarta Enmienda" de la Constitución, explicó.
La Cuarta Enmienda prohíbe a las autoridades realizar investigaciones y confiscaciones sin una orden de un juez que esté basada sobre una probable demanda penal.
"En este tipo de registros no hay una expectativa de privacidad razonable", agregó Gonzales.
Pero G. Jack King Jr., de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal, recordó que el Congreso legislativo aprobó en 1986 la Ley de Privacidad de Comunicaciones Electrónicas, que impone la orden judicial para que las compañías proporcionen al gobierno registros de llamadas.
King opinó que Gonzales tiene razón al decir que "el gobierno no está violando la Cuarta Enmienda". Pero agregó que González no reconoce que se está infringiendo la ley de 1986, que requiere una orden judicial "con pocas y muy estrechas excepciones".
Los registros telefónicos en cuestión no incluyen los nombres o contenidos de las llamadas, pero listan desde qué números se llamó a qué otros, tanto nacional como internacionalmente, y cómo se procesaron esas llamadas.
Según USA Today, esta información pasa luego por el tamiz de poderosas computadoras, en un intento por descubrir un patrón que pueda revelar la presencia de terroristas en Estados Unidos.
El periódico informó que la Agencia Nacional de Seguridad había usado los registros telefónicos de los conspiradores conocidos del 11 de septiembre para intentar establecer un modelo de cómo se comunican los terroristas entre ellos.
La ACLU y otras organizaciones de derechos civiles, de periodistas y empresarios que se comunican con frecuencia por teléfono y correo electrónico con personas en Medio Oriente presentaron en abril una demanda contra otro programa de la Agencia Nacional de Seguridad.
Se trata del programa de Vigilancia Interna, a través del cual la Agencia escucha secretamente llamadas telefónicas internacionales y espía correos electrónicos cuyos remitentes o destinatarios están en Estados Unidos.
Para el 12 de junio está prevista la audiencia, y los abogados prevén que el gobierno invocará el secreto de Estado para mantener el caso fuera del tribunal.
